Cómo funciona la Comisión de Juicio Político de Diputados que debería tratar el pedido del Presidente contra la Corte

Alberto Fernández sabe que es imposible que en la Cámara de Diputados apruebe el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El oficialismo no cuenta con la mayoría en el recinto para votarlo. Su objetivo, tal vez, sea más módico pero no menos dañino: someter a Rosatti y al máximo tribunal a un ciclo de desgaste permanente con testimonios y citaciones a la Cámara baja para que se ventilen sus manejos en la Corte.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados cuenta con 31 miembros, 16 del oficialismo, 14 de Juntos por el Cambio y 1 del interbloque Federal. Es presidida por la oficialista Carolina Gaillard, legisladora que responde al gobernador entrerriano Gustavo Bordet, uno de los mandatarios firmantes del comunicado que repudió el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Fiel a los dictados de la Casa Rosada y de su gobernador, Gaillard ya se pronunció a favor del enjuiciamiento a Rosatti, pese a que aún la Casa Rosada no presentó la iniciativa.

“Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme”, sostuvo Gaillard a LA NACION. “Eso es lo que está en cuestión a partir de los chats que se conocieron, los cuales muestran la connivencia de la Corte con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A ello se suman otros factores, como la arbitrariedad del fallo de coparticipación (que le restituye fondos a la Ciudad) y la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo en nombramiento de consejeros en la Magistratura. También, la puesta en vigencia de la vieja ley del Consejo de la Magistratura derogada hace 16 años sólo para reponer a Rosatti como presidente de ese cuerpo.”

El oficialismo no descarta que, además del pedido de enjuiciamiento a Rosatti, se traten en simultáneo los pedidos de juicio político que otros miembros del oficialismo presentaron con anterioridad contra miembros de la Corte.

“La Coalición Cívica presentó un pedido de enjuiciamiento contra Ricardo Lorenzetti, muy bien fundado”, acicatean. En el cajón también está pendiente una solicitud similar contra el juez Carlos Rosenkrantz presentado por la oficialista Vanesa Siley.

La oposición no se quedará de brazos cruzados. “Si avanzan con el enjuiciamiento a la Corte, nosotros vamos a insistir con el pedido de juicio político a Fernández”, advierten. Será inútil porque no cuenta con la mayoría para hacerlo, pero sumará tensión al debate.

El oficialismo, con sus 16 miembros, cuenta con mayoría en la Comisión de Juicio Político (tiene 31 integrantes en total). Para activar de inmediato el enjuiciamiento a Rosatti, el presidente debería convocar a sesiones extraordinarias –el Congreso está actualmente en receso- e incluir el proyecto respectivo en el temario. De lo contrario, el trámite recién debería comenzar en marzo próximo, con el inicio de las sesiones ordinarias.

Una vez ingresado el pedido de enjuiciamiento en la Comisión, sus integrantes deberán evaluar si existen indicios serios y semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia del juicio político. Todo indica que la mayoría oficialista votará afirmativamente, con lo cual se iniciaría el sumario y la investigación correspondiente.

Este proceso puede resultar largo y, para quien está sometido a la investigación, a un desgaste costoso en términos de imagen pública. Si bien el oficialismo no diseñó su estrategia todavía –se aguardará a la reunión que mantendrá mañana con los gobernadores del PJ-, se descuenta que convertirán a la Comisión de Juicio Político en un desfile de testigos y testimonios para esmerilar a los jueces.

En efecto, entre sus atribuciones, la Comisión de Juicio Político podrá, además de citar testigos, pedir informes, realizar inspecciones, labrar actas y tomar cualquier medida que sea pertinente. Asimismo, la Comisión puede pedir a los jueces expedientes judiciales que se encuentran en trámite o copia de los mismos, órdenes de allanamiento o de secuestro, intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas, el registro de computadoras y el que se traiga por la fuerza pública a testigos si fuere menester, para llevar a cabo la investigación de los hechos y la producción de la prueba. Estas medidas no podrán atentar en contra del secreto profesional de los abogados defensores.

Una vez concluida la etapa de la investigación, los miembros de la Comisión deberán emitir un dictamen que recomiende o no la acusación del funcionario ante el recinto de la Cámara baja. Se descuenta que el oficialismo, con su mayoría, dará su aprobación, pues se necesita solo la mayoría simple. Sin embargo, hasta allí llegará su poder: para que prospere en el plenario del cuerpo se requerirán los dos tercios de los votos, mayoría que no cuenta. Fracasará, pero al menos logrará haber sometido a los jueces a un fuerte desgaste, con el agravante de que los dictámenes perduran tres años.

Por Laura Serra

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