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Como un activo tóxico
Amado Boudou se está convirtiendo en una suerte de "activo tóxico" para el Gobierno: el problema central consiste en acotar el daño, sin que se profundice aún más el efecto destructivo que el escándalo Ciccone está generando en términos simbólicos, jurídicos y políticos.
El vicepresidente es responsable de haber instalado nuevamente el tema de la corrupción en los primeros planos de la opinión pública. La muerte de Néstor Kirchner y el particular clima de acompañamiento y solidaridad que la mayoría de la sociedad argentina sintió en relación a la Presidenta desplazaron la cuestión de la corrupción a un plano marginal dentro de las preocupaciones de la ciudadanía. Ni el caso Schoklender pudo romper este peculiar blindaje.
Ahora, en un contexto de desaceleración de la economía y con una figura exitosamente instalada en los medios como la del vicepresidente, el escándalo ha adoptado proporciones monumentales y todo sugiere que será muy complejo limitar sus efectos negativos.
Un viejo dirigente peronista lo definió de manera taxativa: "Boudou tiene mucho más pasado que futuro en la política argentina". Tampoco es la primera vez que el país enfrenta una crisis institucional que involucra a un vicepresidente: manejada con destreza, no tiene por qué escalar. Los riesgos principales consisten en que, acorralado y aislado, el vicepresidente continúe ganándose enemigos con su errática e inverosímil táctica de victimización. Su toxicidad es directamente proporcional a su soledad.
¿Pedirá licencia y se autodenunciará para acelerar la investigación judicial, seguro de su inocencia? ¿Renunciará para evitar que el proyecto que dice defender se vea afectado por sus complicaciones judiciales? ¿Facilitará el oficialismo un juicio político para despejar las dudas que hasta algunos ministros y legisladores oficialistas admiten públicamente tener? ¿Habrá de profundizarse la caída en la imagen presidencial (todavía algo superior a los 50 puntos, pero casi 20 menos que diciembre pasado) como resultado directo de las fuertes sospechas que genera su figura?
Estos interrogantes se irán develando en las próximas semanas, pero es importante analizar un aspecto fundamental de este lamentable episodio: el criterio utilizado por Cristina para seleccionar a su compañero de fórmula. En efecto, en el caso de los instrumentos derivados y la crisis financiera internacional, cuesta entender aún hoy cómo fue posible que su uso se hubiese generalizado sin que los múltiples actores del sistema (bancos, inversores, auditores, autoridades regulatorias, judiciales, etc.) advirtieran el potencial destructivo que en efecto tenían. Sin embargo, en el caso de la selección del vicepresidente, la diferencia central consiste en que se trató de una decisión personalísima y exclusiva de Cristina Fernández de Kirchner.
¿Ignoraba que su elegido podía estar implicado en tamaña confusión? ¿Fue acaso desinformada por sus colaboradores más estrechos? ¿Minimizó tal vez las potenciales implicancias, confiada en que un triunfo electoral contundente, como el que efectivamente tuvo, desalentaría la curiosidad de jueces y fiscales?
Si continúa con las peculiares prácticas de vinculación con la prensa desarrolladas en los últimos nueve años, deberemos esperar tal vez a que Cristina escriba sus memorias para enterarnos por qué eligió a Boudou como su compañero de fórmula. Es válido sin embargo preguntarse si se trata de una excepción, de un error único y específico o si, por el contrario, el problema es el método.
El estilo de liderazgo de la Presidenta ha cambiado mucho desde la muerte de Kirchner y fundamentalmente desde que comenzó su segundo mandato. Mucho más aislada, dueña de una legitimidad de origen contundente gracias a la histórica diferencia obtenida en las urnas, empoderada frente al resto del liderazgo nacional, su figura podría incluso haberse proyectado en la región por el hecho de que la Argentina desempeñaba este semestre la presidencia pro témpore del Mercosur.
Sin equilibrios
En verdad, Cristina alteró profundamente los equilibrios de poder preexistentes para posicionarse como el eje único, excluyente e indiscutido de toda la gestión de gobierno. Esto se tradujo en una serie de decisiones, en particular, pero no sólo en materia económica, que obstaculizaron el desarrollo de la gestión y que constituyen elementos centrales del nuevo estilo imperial de esta administración: mayor intervencionismo, estatismo y aislamiento; una dura confrontación con integrantes hasta hacía poco clave de su coalición (Hugo Moyano, la familia Eskenazi); un creciente nacionalismo en el relato oficial, sobre todo vinculado a la cuestión Malvinas; y el avance de La Cámpora, un grupo de funcionarios relativamente jóvenes y absolutamente leales, que ganan espacios de relevancia en la estructura política y burocrática.
Analizando las innovaciones de estos primeros cuatro meses de gobierno, vale la pena preguntarse si se trata de una extensión del método aplicado a la designación de Boudou. ¿Es Cristina plenamente consciente de las consecuencias inflacionarias que pueden disparar el aislamiento económico y la emisión monetaria? ¿Sus colaboradores le han explicado los detalles de los tratados binacionales de protección a la inversión firmados oportunamente por el país, que prevén durísimas sanciones para casos como el de YPF, si es que en efecto se avanza en una intervención o estatización parcial de la empresa? ¿Serán Guillermo Moreno y Axel Kicillof los Amado Boudou de los próximos meses?
El aislamiento en el proceso de toma de decisiones, la dificultad para entender la naturaleza sistémica e integral de la economía política doméstica e internacional, la falta de información objetiva y completa, colaboradores temerosos o renuentes a profundizar el análisis de temas que puedan irritar a la Presidenta y cierta tendencia a preferir explicaciones sencillas donde predominan las conspiraciones más que las razones pueden constituir un problema de método intrínseco a la naturaleza imperial que caracteriza al cristinismo.
Audiencias no registradas
Pese a que el vicepresidente Amado Boudou reveló anteayer que mantuvo dos reuniones con abogados del estudio García, Labat, Musso y Righi el 3 de julio de 2009 y el 20 de mayo de 2010, cuando era ministro de Economía, dichas audiencias no están registradas en el sitio web de la Jefatura de Gabinete, donde deben publicarse todas las audiencias que mantienen los funcionarios públicos. La obligación está prescripta en el decreto 1172/2003, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner el 3 de diciembre de 2003, al aprobar los reglamentos generales de audiencias públicas para el Poder Ejecutivo Nacional.
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