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Con aval judicial, un empresario logró reabrir su negocio tras dos meses de bloqueo por el gremio de camioneros
Matías Morante tiene una constructora en Chaco y está en conflicto con los Moyano por un reclamo de encuadramiento de los empleados; la Justicia ordenó liberar la empresa y dispuso una custodia especial
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CORRIENTES.– A casi dos meses de la primera amenaza sindical recibida, el empresario Matías Morante logró un paraguas judicial para reabrir hoy sus negocios de materiales de construcción. Se trata de la casa matriz, ubicada en la localidad de San Martín, y la sucursal de Resistencia, inaugurada el 22 de marzo, y que por el conflicto con el Sindicato de Camioneros estuvo más tiempo bajo amenaza y cerrada que en condiciones de trabajo normal.
“Abrimos esta mañana, estamos cargando unos camiones, vamos a ver si podemos cumplir con el reparto”, dijo el empresario, de 32 años, en diálogo con LA NACION.
Morante y su firma cobraron notoriedad periodística en el país luego de que el 1° de abril recibiera amenazas de bloqueo por parte de algunos sindicalistas del gremio de Camioneros, que a nivel nacional conduce Hugo Moyano. La amenaza se hizo efectiva tres días después y desde entonces el diferendo fue escalando en paralelo con la violencia.
El empresario decidió cerrar su local de Resistencia el 8 de mayo último. Días después fue recibido por el gobernador Jorge Capitanich, que se comprometió a mediar y a resolver la cuestión. Solicitó incluso la intervención mediadora de la CGT. Ante ese compromiso oficial, el 13 de mayo reabrió el negocio, pero el hostigamiento siguió. El 16, un cliente fue amenazado, y el 19 de mayo pasado, los dos negocios fueron bloqueados. El 18 estuvo cerrado por el Censo.
Dada esta situación, la firma -con medio centenar de empleados en su nómina- pidió el accionar de la Justicia y condicionó a una respuesta de esos estrados la continuidad del trabajo. Fue en ese contexto que el procurador general de la Provincia del Chaco, Jorge Canteros, recibió hoy de manos del abogado patrocinante, la demanda de Morante. En concreto, el empresario denunció al Sindicato de Camioneros por el bloqueo a dos de sus locales comerciales, por supuestas amenazas, extorsiones e intimidaciones varias. Recurrió también porque su primera denuncia fue rápidamente archivada sin siquiera ser considerada.
La audiencia ocurrió bajo esa urdimbre de acusaciones mutuas y después de más de dos meses de conflicto por posturas al parecer insalvables. La empresa denuncia supuestas prácticas extorsivas que llevan adelante entidades sindicales, como la de Camioneros, mientras que el gremio acusa al empresario de presunta evasión impositiva por incumplimiento de las normas laborales vigentes. En el medio, un reclamo sindical para que la empresa cambie la situación de encuadre de algunos choferes de reparto al Sindicato de Camioneros.
“Me reclamaron que les pase seis empleados de la nómina al sindicato -señaló Morante-, algo totalmente ilegal porque compramos, vendemos y distribuimos materiales de construcción y la ley encuadra a las empresas de acuerdo con su actividad principal. Y nuestra actividad principal es comercial. No es una cuestión de gustos”, dijo a LA NACION.
Ante la negativa del empresario, comenzaron las presiones, las intimidaciones y los bloqueos que impedían la entrada y salida de camiones de los locales de Resistencia y el de San Martín, en el interior provincial, distante 120 kilómetros de la capital y que lleva abierto desde hace más de una década.
“Así no se puede”
La situación pasó a mayores hace varias semanas cuando Morante denunció que más allá de los ataques y bloqueos a su negocio, atacaron con piedras y cohetes su vivienda familiar. Fue cuando advirtió que de persistir el hostigamiento (le llegaron a tirar bolsas de basura en las veredas de sus locales) no tendrá más remedio que cerrar su negocio. “Delictivamente me están llevando a cerrar y quedarán varias familias sin trabajo. Todo la situación me duele, lucho para seguir trabajando, pero así no se puede”, expresó días pasados en contacto con los medios de la provincia.
Ayer, tras la presentación de su demanda en sede judicial, Morante dijo que espera que la Justicia resuelva a favor de la libertad de trabajo. “Si la Justicia no actúa, entonces sin garantías tendremos que cerrar”.
El procurador Canteros le dijo hoy a LA NACION que procedieron a unificar las denuncias y se dispuso custodiar los locales afectados para garantizar la libre circulación de clientes y proveedores. Con ese aval, Morante abrió esta mañana sus negocios.
Asimismo, se le sugirió al abogado de la empresa que apure un procedimiento administrativo en sede del Ministerio de Trabajo de la Nación para que se proceda al arbitraje de la cuestión de fondo: la resolución acerca de si los empleados de Morante están bien encuadrados en Comercio o corresponden efectivamente a Camioneros, como sostienen los manifestantes. Para Morante, esta es una cuestión que la deben resolver los gremios, pero no a costa de violar garantías del sector empresario. “Además, a nosotros no nos enviaron nunca una petición en ese sentido. Fue amenaza y luego el bloqueo”, denunció.
Además, los acosos no son solo sindicales, sino también administrativos. Según contó el empresario, en las últimas horas “recibimos un embargo judicial en todas las cuentas bancarias por un pago de impuestos que no hicimos porque no pudimos trabajar y no teníamos plata. El sistema funciona así: estos tipos no nos dejaron trabajar y la ley a nosotros nos cae con todo el peso de manera inmediata”.
No obstante esto, Morante dijo que “no estamos negando que reclamen, pero que lo hagan de manera correcta. Que lo hagan de forma legal, que no nos fundan”.
Por su parte, Agustín Bordón, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros del Chaco, rechazó por “falsas” las acusaciones. “Existe un reclamo pacífico para que la empresa registre como corresponde a los choferes de larga distancia, ya que en las condiciones actuales, en cuanto al pago de salarios se da una clara situación de explotación laboral. Los ataques que recibimos las organizaciones gremiales son para destruir la defensa y los derechos de los trabajadores, la empresa debe pagar los sueldos que corresponden y dar indumentaria a sus choferes”, planteó el dirigente que responde a los Moyano.
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