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Con Kicillof, Massa y Máximo al frente, el PJ bonaerense criticó el megadecreto de Milei
El peronismo en la provincia participó de una reunión en La Plata compuesta por el gobernador, intendentes, legisladores provinciales y nacionales y dirigentes políticos
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LA NACION
El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires sostuvo este viernes una reunión en la que participaron figuras como el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el excandidato presidencial Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner, en la que se criticó al megadecreto impulsado por el presidente de la Nación, Javier Milei.
“El decreto inconstitucional del presidente Milei anunciado el 20 de diciembre pretende desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y es apoyado por los grandes empresarios y el ‘mercado’. Con gran responsabilidad, compromiso y convicciones, trabajamos de manera conjunta analizando la estrategia a seguir en la defensa de los recursos y derechos de las y los bonaerenses”, publicó la cuenta del peronismo bonaerense en X al anunciar la reunión, que también contó con la presencia de intendentes, legisladores provinciales y nacionales y dirigentes políticos.
Kicillof ya se había pronunciado previamente en repudio a las propuestas del decreto en sus respectiva cuentas de la red social. El gobernador, por ejemplo, ironizó con una de las frases más célebres del presidente durante su campaña: “Anunció un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’”.
En tanto, por la mañana del jueves el excandidato a vicepresidente de Massa, Agustín Rossi, llamó a Milei a “retrotraer, derogar” el DNU. “Debería comportarse como un demócrata y las leyes que quiera modificar mandar un proyecto al Congreso para que las trate”, dijo el exfuncionario nacional en diálogo con radio Splendid.
“La reacción de ayer de la sociedad no fue solo por el texto, sino por la forma. Vio un presidente autoritario en ese mensaje de cadena nacional más asociado a una dictadura que a alguien que fue elegido democráticamente”, prosiguió Rossi.
El anuncio del decreto, que tuvo lugar este miércoles, generó tal cimbronazo en el Congreso que todas las fuerzas opositoras, salvo un sector del Frente Pro, se resisten a avalarlo, pudiendo convertirse en la primera gran derrota legislativa del gobierno libertario. Sería un escenario inédito e histórico, ya que hasta el momento ningún DNU fue declarado inválido por ambas cámaras, única forma que tiene el Poder Legislativo de impugnar este tipo de decisiones.
El cuestionamiento hacia el decreto no es tanto por su contenido, sino por las formas. De hecho, los bloques opositores que se muestran más colaborativos con el Gobierno creen que la mayoría de los artículos que contiene el decreto son razonables y necesarios. El problema, a su juicio, es que el Poder Ejecutivo pretende imponer, a tiro de DNU, un nuevo paradigma económico con la derogación y modificación de más de 300 normas, todo esto sin abrirle el juego al Congreso. Las voces, al unísono, advirtieron que el presidente, con esta medida, violenta la división de poderes y avasalla facultades propias del Poder Legislativo.
Puestos en esta encrucijada, los bloques de la UCR, Cambio Federal y distintos bloques provinciales -que se habían comprometido en garantizar la gobernabilidad de la nueva gestión- exploran alternativas para evitar el rechazo liso y llano del decreto, que es la postura que agita el kirchnerismo. Proponen, en concreto, que el Poder Ejecutivo replique el contenido total o parcial del DNU en distintos proyectos de ley para que se debatan en el Congreso.
Esgrimen como antecedente el megadecreto que en febrero de 2018 dictó el expresidente Mauricio Macri que, curiosamente, también apuntaba a “desburocratizar” el Estado: esas medidas introducían unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogaban otras 19. Ante la resistencia que encontró en el Congreso, que al igual que ahora se sintió avasallado en sus facultades, el gobierno de Cambiemos tradujo aquel decreto en tres proyectos de ley. Estas iniciativas terminaron por aprobarse en junio de ese año.
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