Con la salida del juez Irurzun, el 30% de los cargos estratégicos de de Comodoro Py están vacantes

Con la salida de Martín Irurzun de la Cámara Federal, que se concretó este fin de semana, tras cumplir los 75 años, se profundizó en Comodoro Py una problemática que aqueja a toda la Justicia federal: las vacantes.

En los 80 lugares más sensibles del edificio en donde se investiga al poder, ya son 24 los cargos sin titulares, es decir, que el 30% no tienen dueños.

Existe, sin embargo, una vocación del Gobierno para cubrir algunos de esos espacios con el envío de pliegos al Senado, aunque otros cargos podrían desaparecer.

El problema se reparte por todos los pisos del edificio: en los juzgados, donde los expedientes nacen; en la Cámara Federal, que revisa el curso de esas investigaciones; en los Tribunales Orales, a cargo de los juicios y en la Casación, que revisa las sentencias y tiene la última palabra en los temas más delicados de los expedientes.

Aunque en menor proporción, también aqueja a las fiscalías. Entre las 25 representaciones del Ministerio Público Fiscal que funcionan ante cada una de las instancias, hay seis fiscalías sin titulares.

El sistema se sostiene a fuerza de subrogancias, un mecanismo que permite cubrir temporalmente los vacíos con magistrados o funcionarios de otras dependencias, que por ello cobran un adicional. Implica, también, que las decisiones sobre las causas que preocupan al poder se concentran en un número menor de jueces.

La salida de Irurzun agudizó la situación en la Cámara Federal, donde se revisan los procesamientos y se establece si una causa está en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.

En esa instancia existen seis cargos de camarista, que se reparten en dos salas. Pero, por el momento, sólo la mitad están ocupados por jueces titulares.

Dos de los magistrados de la mitad “vacía” están en funciones pero de manera transitoria, porque fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri desde tribunales orales. Son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La Corte Suprema ordenó que permanezcan hasta que sean reemplazados por jueces que hayan concursado específicamente para la Cámara.

Para esas dos vacantes, el Gobierno ya eligió a sus candidatos de entre las ternas que elaboró el Consejo de la Magistratura, donde se inicia el largo proceso de reemplazo.

El Gobierno se inclinó por el propio Bertuzzi, que participó del concurso, y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.

Pero ahora Irurzun dejó un nuevo hueco y el Consejo de la Magistratura deberá activar otro concurso. Se trata de un proceso extenso, que se inicia con la integración de un jurado, y luego sigue con el llamado a inscripción de los postulantes, un examen escrito, la evaluación de antecedentes, un primer orden de mérito provisorio, posibles impugnaciones, un examen psicotécnico, entrevistas personales, un nuevo ordenamiento en los nombres y, finalmente, el dictamen de comisión con los candidatos elegidos por los consejeros.

La sensibilidad de estos cargos agrega una dificultad adicional para alcanzar los consensos necesarios dentro del Consejo. El concurso que culminó en junio con las ternas destinadas a cubrir la otra sala de la Cámara, por ejemplo, se inició en 2020, hace casi seis años.

Pero la Cámara Federal es solo una foto de un problema que inicia —o termina— en la cima de Comodoro Py, con la Cámara Federal de Casación Penal.

En marzo de este año, la jubilación del camarista Juan Carlos Gemignani dejó cuatro sillas en un tribunal compuesto por 13.

El funcionamiento del máximo tribunal penal del país también depende de un esquema de subrogancias: jueces de otras salas cubren las vocalías libres, generalmente durante un año.

Un concurso del Consejo de la Magistratura busca cubrir tres de esos cuatro espacios y, desde 2022, cuenta con un primer ordenamiento de los candidatos evaluados. Restan algunos pasos para que el proceso llegue a su fin, entre ellos, las entrevistas personales a los postulantes mejor ubicados, la parte más cuestionada del proceso por su amplio margen de discrecionalidad.

Sin embargo, y pese a que los concursos están iniciados, en el último tiempo los jueces de la Casación han transmitido sentirse a gusto con las subrogancias como dinámica de trabajo.

Después de un encuentro entre integrantes del tribunal y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en marzo, ganó fuerza la posibilidad de eliminar directamente una de sus salas y dejar al máximo tribunal penal con nueve miembros en lugar de trece.

Implicaría recortar el alcance de un tribunal creado en los noventa, cuando el gobierno de Carlos Menem puso en marcha un profundo rediseño de la Justicia federal, en el que se incorporó también a los tribunales orales, integrados por tres jueces cada uno.

En esa instancia, entre las 24 judicaturas correspondientes a los ocho tribunales, hay un total de siete vacantes, con la particularidad de que tres de ellas pertenecen a un mismo tribunal: el TOF 6, que no tiene ningún magistrado.

Sin embargo, seis de los siete cargos de la instancia forman parte de un único concurso que atraviesa instancias decisivas. Para tres de esos cargos, de hecho, el presidente Javier Milei ya eligió a sus candidatos, cuyos pliegos deberán ser aprobados en el Senado.

El cargo restante es el que dejó Bruglia en 2018, cuando fue trasladado a la Cámara Federal. Si finalmente fuera reemplazado en ese tribunal de apelaciones, debería regresar al lugar que ocupaba anteriormente.

En los doce juzgados federales de Comodoro Py, donde las causas dan sus primeros pasos, hay, desde hace años, cuatro despachos sin dueños.

Son el juzgado 12, vacante desde 2019 tras la salida de Sergio Torres hacia la Suprema Corte bonaerense; el 6 y el 11, vacantes desde 2020, luego de la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio, respectivamente; y el 9, sin titular desde 2023, tras la renuncia de Luis Rodríguez.

Hay dos concursos en trámite para completarlos, iniciados en 2019 y 2021, respectivamente.

De todos modos, funcionarios judiciales dan cuenta de la existencia de conversaciones para aplicar un remedio parecido al que se analiza para la Casación: eliminar algunos de los juzgados vacíos.

Las ocho fiscalías ante los tribunales orales están cubiertas por sus titulares, con una excepción: la que dejó Gabriela Baigún tras su jubilación, el año pasado. Actualmente es subrogada por Fabiana León, fiscal a cargo de la acusación en el megajuicio oral de los cuadernos de las coimas.

De las doce fiscalías ante los juzgados federales -donde se impulsan las investigaciones- sólo nueve tienen titulares designados. Las fiscalías 6, 7 y 8 permanecen vacantes.

El proceso para repoblar las fiscalías es similar, pero no depende del Consejo de la Magistratura, sino de la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal desde 2017.

La situación alcanza además a las fiscalías de las instancias superiores. La fiscalía ante la Cámara Federal permanece sin titular desde la jubilación de Germán Moldes, en 2019, y está interinamente a cargo de José Luis Agüero Iturbe.

Ante la Casación, en tanto, funcionan cuatro fiscalías generales, pero una de ellas -la 3, que ocupaba Ricardo Wechsler- también está sin dueño.

Por Federico González del Solar

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