Conceden extradiciones que reclamaba Perú

La Corte Suprema aprobó ayer la extradición de dos empresarios peruanos acusados de corrupción, medida que era reclamada por el gobierno de Lima desde hacía cuatro años.

Se trata de José Enrique Crousillat y José Francisco Crousillat (padre e hijo), dueños del canal 4 de televisión peruana. Ambos están acusados de haber recibido más de 10 millones de dólares entre 1998 y 2000 de parte de Vladimiro Montesinos, asesor del entonces presidente Alberto Fujimori, para que la señal que dirigían apoyara la reelección presidencial y desprestigiara al resto de los candidatos.

Una de las entregas de dinero quedó registrada en los "vladivideos" (como se conocen las filmaciones que el ex asesor presidencial hacía de sus encuentros privados), descubiertos en el domicilio de Montesinos, tras la caída de Fujimori, en noviembre de 2000.

Los empresarios están acusados de peculado y asociación ilícita. Pero en el caso de José Enrique Crousillat, sólo se concedió la extradición por el primero de los delitos.

Con el voto de todos los jueces, para conceder la extradición la Corte se basó en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que promueve la cooperación penal entre los países miembros.

La extradición sólo se concretará cuando el presidente Néstor Kirchner la apruebe por medio de un decreto. En la Cancillería informaron que no bien reciban la notificación de parte de la Corte enviarán un exhorto a Perú para comenzar el proceso de extradición, que, estiman, llevará un mes.

En agosto de 2004 la Argentina había negado la condición de refugiados políticos a los Crousillat, luego de un pedido personal del presidente peruano, Alejandro Toledo, a Kirchner. En total, Lima reclama la extradición de cuatro personas por presuntos hechos de corrupción cometidos durante el gobierno de Fujimori, que fueron detenidas entre 2001 y 2003.

Además de los Crousillat, pidió el envío de César Schultz Landázuri, otro empresario televisivo peruano acusado del mismo delito (a quien la Argentina también le negó el refugio), y de Jorge Baca Campodónico, ex funcionario de Fujimori y actual directivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Schultz está prófugo desde octubre de 2004. Se escapó de la Justicia justo cuando el juez federal de Lomas de Zamora Carlos Ferreiro Pella estaba por resolver el juicio de extradición en su contra. Los abogados de Perú sospechan que se fue del país.

Baca Campodónico, en tanto, intenta valerse de una supuesta inmunidad diplomática como funcionario del FMI para frenar su extradición en la Corte. Si el máximo tribunal rechaza ese planteo, comenzará el juicio de extradición a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

En su resolución de ayer la Corte rechazó todas las objeciones presentadas por la defensa de los Crousillat contra el fallo de primera instancia del juez federal de San Isidro Conrado Bergesio. Los abogados de los acusados habían reclamado la prescripción de los delitos y habían afirmado que sus defendidos eran "perseguidos políticos".

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