Confirmaron el archivo de la causa que buscaba identificar una fuente periodística

La Cámara Federal confirmó el archivo de una causa en la que se buscaba identificar el origen de una información periodística en la investigación de los cuadernos de las coimas. El expediente había sido iniciado por una denuncia de los empresarios Gerardo Ferreyra y Néstor Otero, ambos involucrados en el expediente, y fue cerrado por decisión del juez Julián Ercolini.

En un fallo centrado en la importancia de la libertad de expresión y la garantía que resguarda a las fuentes periodísticas, los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron hoy el cierre de ese expediente.

Cuando Diego Cabot recibió los cuadernos en 2019 de una fuente anónima, Otero realizó una denuncia para que se investigara un supuesto hecho de encubrimiento. Se trataba de seis de los ocho cuadernos con los que el periodista había trabajado en 2018 y que, por un testimonio del exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, se creían perdidos.

La denuncia de Otero por encubrimiento apuntaba a Centeno, por afirmar ante la Justicia que había quemado los ocho cuadernos. La Justicia dio por probado que Otero entregó coimas a los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal del gobierno kirchnerista.

Otero pidió entonces que se realizara un estudio de huellas dactilares sobre los cuadernos que recibió Cabot, que se revisaran las celdas desde donde se activó el celular del periodista para saber su ubicación y el número desde el cual recibió la llamada para hacerse de los cuadernos, su declaración como testigo y las cámaras de las zonas aledañas al lugar donde recibió las pruebas. Esas medidas solicitadas por el empresario habían sido repudiadas por asociaciones y entidades periodísticas.

El caso estuvo en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que hizo lugar al pedido de las cámaras, mientras este subrogaba el juzgado que quedó vacante tras la muerte de Claudio Bonadio. Cuando Julián Ercolini asumió como subrogante de ese juzgado decidió archivar la investigación. Esa fue la decisión cuestionada por Otero y Ferreyra, y que ahora confirmaron los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens.

Para Llorens, “el juez de grado ha efectuado todas las medidas requeridas por las partes. Mas puso un freno en aquellas que, a su criterio, importarían un desmedro de la garantía que resguarda a las fuentes periodísticas”.

“La senda que propone no puede transitarse sin colisionar con derechos constitucionalmente resguardados”, consideró Llorens, para agregar: “Las pruebas propuestas se orientan a obtener de Cabot una información que el nombrado ha decidido amparar en el secreto de las fuentes de información periodística. Avanzar en el terreno propuesto sería burlar las limitaciones que el testigo ha invocado, atacando con ello uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho”.

En un sentido similar, Bruglia dijo: “En lo que respecta a este legajo, valoradas las particularidades del caso -donde en principio no se observa que la pesquisa a la que se refieren aquellas pruebas se haya visto obstaculizada-, la perspectiva de que el derecho a la libertad de expresión pueda resultar vulnerado en uno de sus aspectos basales -secreto de las fuentes-, constituye fundamento suficiente para inhibir la actuación de los órganos de investigación y por tanto, permite justificar adecuadamente la denegatoria de las medidas aún reclamadas por la querella”.

Bertuzzi escribió en su voto que coincidía con Llorens y que correspondía homologar lo decidido por Ercolini.