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Consejo de la Magistratura: el poder paralelo
En el Consejo de la Magistratura hay enfrentamientos ideológicos, acusaciones de corporativismo, discusiones políticas y odios personales. Pero, en una cosa, casi todos sus 20 integrantes dejan diferencias de lado y se ponen de acuerdo: la disputa de competencias con la Corte Suprema continuará durante 2005.
Los consejeros consultados por LA NACION coincidieron, de hecho, en que la discusión sobre la facultad para fijar remuneraciones de jueces y demás empleados judiciales –que enfrentó públicamente a los dos cuerpos a fines del año pasado– es sólo una batalla de una larga guerra de poder. Lo que está en juego es el control financiero, administrativo y de superintendencia del Poder Judicial.
Aunque la pelea por el aumento de sueldos seguirá, se espera que este año la disputa tenga nuevos ejes, como el dominio por algunas dependencias judiciales hoy en manos de la Corte, como el Cuerpo Médico Forense y el Cuerpo de Peritos Contadores.
Los consejeros reclamarán también el traspaso de las funciones de recepción, custodia, archivo y registro de las declaraciones juradas de los jueces, tema que provoca resistencias entre los magistrados.
El pedido para que la Corte Suprema de Justicia traslade esas funciones fue definido meses atrás por la Comisión de Reglamentación y Reforma Judicial y sólo resta que lo vote el pleno del Consejo.
"Hay que tener una posición firme en defensa de todas las competencias del Consejo. Tenemos que hacer lo que la Constitución nos manda", dijo la diputada nacional Marcela Rodríguez (ARI) a LA NACION.
Aunque desde un enfoque más moderado, acordó con la legisladora Rodríguez el senador nacional Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador de Salta).
"La Corte por sí misma se ha ido desprendiendo de organismos que traspasó al Consejo de la Magistratura. Opinamos que la transferencia debe ser paulatina pero debe continuar", analizó.
Rodríguez y Gómez Diez son dos de los ocho representantes del Congreso en el Consejo. Lo integran el presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi; cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro senadores, cuatro diputados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.
Creado por la reforma constitucional de 1994, tiene como tareas la designación y remoción de jueces, la administración de los recursos y el dictado de los reglamentos del Poder Judicial y el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los magistrados de tribunales inferiores.
Disputa añeja
Sus disputas con la Corte empezaron a los pocos días de que comenzara a funcionar, el 17 de noviembre de 1998. Ese mes, la Corte -con Julio Nazareno a la cabeza- intervino en un expediente en el que se investigaban las conductas de los jueces federales Carlos Liporaci y Jorge Urso, entonces considerados cercanos al presidente Carlos Menem, y dispuso mantener, en forma paralela al Consejo, la facultad de ejercer el control disciplinario sobre los magistrados inferiores.
En un rechazo categórico, el Consejo dijo que esa competencia le correspondía en forma "exclusiva y excluyente". La Corte tuvo que ceder.
Desde ese momento, los conflictos fueron estallando de a uno. En abril de 1999, la Corte hizo retroceder al Consejo cuando intentó otorgar un aumento de sueldo a los empleados judiciales.
Al año siguiente, volvieron a mostrarse los dientes, esta vez, porque la Corte le negó al Consejo facultades de dictar reglamentos.
En 2003, un nuevo aumento salarial, de 200 pesos, fue el eje de la pelea. Al igual que en la disputa más reciente, el Consejo logró imponer el incremento.
Hace dos meses, el Consejo avanzó contra el Jurado de Enjuiciamiento ante la existencia de empleados ñoquis. Pero la Corte se arrogó la facultad de superintendencia y removió al personal cuestionado.
El enfrentamiento que comenzó el 11 de noviembre pasado, cuando el Consejo otorgó un incremento del 10 por ciento en el Poder Judicial y una recategorización de los empleados con rango menor a juez, fue el más violento.
Tanto, que en un comunicado de prensa la Corte dijo que el aumento de sueldos decidido por el Consejo era "un delito", al tiempo que el Consejo logró en su última reunión dejar en suspenso el aumento a los jueces que dispuso el máximo tribunal.
Preocupación del Gobierno
El tono de la disputa llegó a preocupar al Gobierno, que hizo gestiones por medio de los representantes peronistas para concretar un encuentro de conciliación entre los integrantes de ambos cuerpos. Pero la gestión fracasó.
Los consejeros piensan que, tras seis años en el ruedo, el cuerpo está mejor afianzado para dar pelea. "La gente tenía la imagen de que sólo estábamos para seleccionar a los jueces, pero no es así", dijo un representante del Congreso.
Coincidió con él, el consejero Beinusz Szmuckler, representante de los abogados. "El Consejo se ha ido consolidando, aparece más en la prensa y ahora tiene más fuerza para defender sus planteos", sostuvo.
El letrado afirma que se trata de una disputa de poder, que perjudica a la Corte, "que no se ocupa de lo que se tiene que ocupar".
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