Controversia por los funcionarios públicos que son candidatos

“No se confundan: no estoy en campaña electoral”, dijo la semana pasada el presidente Kirchner en un acto en la Casa Rosada. Sin embargo, la oposición denuncia que muchos recursos de su administración ya están puestos a disposición de sus candidatos para asegurarles un gran despliegue electoral, muchas veces oculto en forma de actos de gobierno.

No es la primera vez que sucede, y la pregunta siempre es la misma: el funcionario que al mismo tiempo es candidato, ¿debe tomarse una licencia para evitar que se diluyan las fronteras entre actos de gobierno y actos proselitistas?

Los juristas no se ponen de acuerdo en la legalidad o no de la actitud de quienes siguen en un puesto oficial y en los fragores de la campaña.

Ejemplos recientes hay muchos. Desde el 1° de enero, Daniel Scioli hizo más de 30 viajes al interior bonaerense y tiene –según sus voceros– al menos 20 reuniones por semana. Aunque todos los reconocen como el candidato a la gobernación elegido por Kirchner, en los hechos Scioli participa como vicepresidente. En Buenos Aires ni siquiera se oficializó el llamado a elecciones.

Pero el caso más simbólico es el del otro principal candidato del oficialismo: Daniel Filmus, ministro de Educación, que necesita mayor difusión para intentar levantar cabeza en las encuestas.

Hace dos semanas, en Villa Lugano, en su primer acto como postulante al gobierno de la ciudad, el ministro recibió una ayuda del aparato estatal: una cámara de TV montada en una grúa, proporcionada por “Presidencia” –según la organización–, filmó el encuentro para ser transmitido al interior. Un día antes, el candidato presidencial Roberto Lavagna lo había criticado por su anuncio del aumento docente por interpretar que la intención fue "favorecer" su candidatura.

Frente a ese escenario, la eventual "incompatibilidad de funciones" entre los candidatos-funcionarios y el uso proselitista de recursos públicos destinados a los cargos despierta polémica entre los analistas políticos.

Si bien ninguna norma obliga a los postulantes a tomar licencia, los especialistas coinciden en que deberían hacerlo para evitar incompatibilidades y la autopromoción con fondos públicos, algo expresamente prohibido por el Código Electoral.

"A nivel federal no hay ninguna limitación. Lo manejan los candidatos de forma discrecional. Al no existir límites, hay abusos enormes", opinó el constitucionalista Daniel Sabsay, para quien la gestión de los funcionarios candidatos "baja a niveles mínimos o nulos".

La jurista María Angélica Gelli consideró: "Estrictamente, no están obligados a pedir licencia. Pero habría que analizar el tiempo que les exige su gestión y cuánto su campaña". Y advirtió: "Si el funcionario descuida o comete errores durante la gestión por dedicar tiempo a su campaña podría llegar a afrontar un juicio político por desatención de sus funciones".

Quizá por esa razón Filmus ya aseguró que evalúa tomarse una licencia. El candidato afirmó que su labor ministerial está por encima de su postulación y que en caso de que la campaña eclipsara la gestión no dudaría en dejar su cargo. Allegados al funcionario revelaron a LA NACION que mantiene por lo menos dos reuniones por día como candidato y que esas actividades, al no haber comenzado aún el ciclo lectivo, no interfieren con sus funciones. No obstante, afirmaron que podría pedir licencia a partir del 3 de abril, la fecha en que comienza la campaña.

De todos modos, nada obliga al postulante. En rigor, Badeni recordó que los únicos limitados son los jueces, que deben renunciar si se presentan como candidatos. "De todas formas -consideró-, sería malo intentar obligar a dimitir, aunque sea temporalmente, porque desde lo jurídico se correría el peligro de cercenar la libertad de expresión política."

A pesar de las diferencias, los especialistas coincidieron en que si el Código Electoral se cumpliera, la polémica sobre las licencias no existiría. "No se puede hacer proselitismo sobre la base del cargo. Ni tampoco enviar mensajes implícitos con el propósito de influir sobre el electorado", resumió Badeni. El artículo 64 establece que "durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio".

La ley de ética pública prohíbe que en la publicidad oficial consten "nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos".

Para el académico Félix Loñ, si las campañas se limitaran al tiempo establecido por ley no habría incompatibilidad de funciones. "Pero se hace la ley y se encuentra la trampa. La cuestión es que acá no cumplimos las normas."

El Código fija un límite de 90 días antes de los comicios para el comienzo de la campaña presidencial y 60 días para las legislativas. En la Capital, por ley, la campaña no podría empezar antes del 3 de abril, ya que las elecciones se realizarán el 3 junio.

Rol combinado

En la provincia de Buenos Aires, Scioli hace meses que combina su rol de funcionario con numerosas reuniones y viajes de campaña en toda la provincia, además de contar con asistencia perfecta a cada uno de los actos que encabeza el Presidente.

Desde su entorno, explicaron a LA NACION que no se discute una posible licencia, ya que, a su entender, no existe incompatibilidad alguna entre sus funciones institucionales y su candidatura. "Queda claro que hay una división entre el Scioli vicepresidente y el eventual candidato", dijeron.

Pero la división, en la práctica, parece difusa. De hecho, en el Congreso ya se hizo sentir. Tal como informó LA NACION, los legisladores se tomaron hace dos semanas unas "minivacaciones" y postergaron los debates hasta la inauguración del período de sesiones ordinarias. Así, se pudieron dedicar a sus actividades de campaña en el interior.

"De todas formas, el primero que no las cumple las leyes es Kirchner", acusó Badeni. "Cuando crea expectativas hablando de pingüino o de pingüina, o, peor aún, cuando agrede a Macri en un acto en la Casa Rosada, está violando el Código Electoral", dijo.

Por Juan pablo Morales

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