Coparticipación. La Nación y la Ciudad no acordaron y ahora deberá decidir la Corte

La Ciudad y la Nación resolvieron que no seguirán adelante con las audiencias de conciliación en la Corte Suprema de Justicia para llegar a un acuerdo por el monto de los fondos de coparticipación recortados a los porteños por la transferencia de los servicios policiales. Decidieron restablecer los plazos procesales, de modo que ahora el gobierno nacional tienen 60 días hábiles para contestar la demanda porteña y luego la Corte estará en condiciones de dictar una sentencia.

Esta resolución, que quedó plasmada en un acta que firmaron funcionarios nacionales y de la Ciudad en la audiencia llevada adelante hoy ante la secretaría de Juicios Originarios de la Corte, no impide que en el futuro el máximo tribunal vuelva a convocarlos.

“No se sigue la vía abierta por la Corte de la conciliación y se reanudan los plazos procesales”, dijo una fuente del gobierno porteño a La Nación.

El gobierno nacional, primero por decreto y luego por ley, privó a la Ciudad de unos 65.000 millones de pesos en una serie de actos que abrieron un fuerte distanciamiento entre Horacio Rodriguez Larreta y el presidente Alberto Fernández en plena gestión de la pandemia.

La administración Larreta demandó al gobierno nacional el 18 de septiembre pasado para retrotraer el descuento de 150 millones de pesos diarios de coparticipación para pagar un aumento a la policía bonaerense que se había declarado en huelga. El 10 de diciembre el Frente de Todos y sus aliados provinciales convirtieron en ley ese recorte de fondos.

Y el gobierno porteño volvió a los tribunales. La ley cuestionada dio marcha atrás a lo acordado entre Larreta y Mauricio Macri, que en 2016, cuando era Presidente, incrementó la coparticipación que recibía la Ciudad para financiar así la transferencia de facultades y servicios de la Policía Federal a la Capital. En su reemplazo, el kirchnerismo estableció una suma fija inicial de $24.500 millones, en doce cuotas mensuales, que se determinará todos los años en el presupuesto nacional y que se actualizará por un coeficiente relacionado con el salario de la Policía.

La Corte convocó entonces a dos audiencias de conciliación a las partes, y los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Martín Guzmán se reunieron con Larreta para intentar un acuerdo político y llevarlo ante los estrados de la Corte.

Pero no pudieron avanzar porque la Nación se aferra a discutir el asunto en el marco de la ley que establece el envío a la Ciudad anualmente de 24.500 millones de pesos ajustables, y la Ciudad reclama 100.000 millones a negociar fuera del marco de esa ley, a la que tacha de inconstitucional.

Ninguna de las dos partes pudo avanzar de estas dos posiciones y sin acuerdo, ni reunión de los equipos técnicos, el diálogo terminó en divorcio.

El acta suscripta por las partes dice que mas allá de la vocación por el diálogo de ambas partes no se posible cristalizarlo en un acuerdo por lo que suspenden los plazos procesales y continúa el juicio tal como ocurría antes de abril cuando la Corte abrió este canal para fomentar un acuerdo.

La Ciudad emitió un comunicado en el que señala que a la audiencia concurrieron el procurador porteño, Gabriel Astarloa; el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, dado que el ministro Martín Mura está internado con coronavirus. “Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en esta instancia, se acordó proseguir el trámite judicial y será por ello la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien deberá resolver sobre este litigio”, dice el comunicado y agrega que “pese a ello, el Gobierno de la Ciudad reafirma su permanente predisposición al diálogo para procurar resolver este tipo de controversias”.

Entre los problemas políticos que dificultaron un acuerdo, además de los números, se cuentan que había dos interlocutores diferentes, de un lado la Ciudad hablaba con Guzmán, Wado de Pedro o Silvina Batakis, del Ministerio del Interior, pero en la Corte se encontraba con abogados de carrera del ministerio que no tenían instrucciones ni autonomía para negociar.

No hubo modo de conciliar estas posturas diferentes y ahora todo quedó en manos de la Corte cuando en un plazo máximo de 60 días hábiles, cuente con la contestación de la demanda de la Nación y esté en condiciones de resolver.

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