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Córdoba cambió la ley electoral
Después de la discutida votación del año pasado, impuso un sistema de boleta única
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CORDOBA.- Después del escándalo político que enmarcó la elección de Juan Schiaretti como gobernador por las denuncias de fraude del derrotado Luis Juez, la Legislatura cordobesa sancionó una reforma electoral, que impone el sistema de boleta única, acorta los períodos de campaña y regula el financiamiento de la campaña.
La ley fue promovida por el oficialismo y rechazada por los bloques opositores, que reclamaban los cambios a través de una reforma constitucional.
El nuevo régimen aprobado por 43 de los 70 legisladores termina con el polémico sistema de sumatorias y abre la puerta a la instalación progresiva del voto electrónico.
En principio, existía consenso con la oposición para aprobar el nuevo ordenamiento a mediados de semana, pero el oficialismo introdujo cambios de último momento que desataron un escándalo. Los legisladores que responden a Juez, al radicalismo y a Izquierda Unida se retiraron del recinto y la sesión pasó a cuarto intermedio.
Finalmente, cerca de la medianoche del jueves, el PJ logró la ley que fue estructurada sobre la base de las conclusiones de una comisión de notables -juristas, catedráticos y rectores universitarios- que había convocado Schiaretti a poco de asumir, el año pasado.
El catedrático Daniel Zovatto, que presidió la comisión, expresó a LA NACION que, más allá de las disputas sectoriales, la Legislatura acogió sus 35 propuestas de reforma.
La reforma cordobesa prevé que no habrá más sumatorias, ya que prohíbe que distintos partidos postulen al mismo candidato a gobernador en boletas distintas. También se impedirá que una misma persona se postule a más de un cargo en las mismas elecciones. Habrá una boleta única impresa por la justicia electoral y entregada a cada elector el día del comicio.
Cada mesa tendrá un máximo de 350 electores y el presidente deberá ser docente provincial, empleado público o particular con acreditación del secundario completo, en actividad o jubilado.
Las campañas electorales tendrán una duración máxima de 45 días, y en TV y en radio sólo se podrá hacer propaganda 30 días antes de los comicios. En los 15 días previos no se podrán inaugurar obras.
La nueva ley crea un fondo para el financiamiento público de los partidos políticos, los cuales deberán mantener la personería para la que se exigirá la obtención de entre el 2 y el 3 por ciento de los votos en las últimas dos elecciones.
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