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Córdoba: pidieron procesar a dos camaristas federales por supuestas maniobras para alterar la integración de un tribunal
Se trata de Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian pidieron el procesamiento de los camaristas Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, máximas autoridades del tribunal federal de Apelaciones de Córdoba, por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.
El jueves último, en una nueva requisitoria, solicitaron también el arresto domiciliario para Sánchez Torres.
La causa -en la que interviene el juez Alejandro Sánchez Freytes- incluye dos hechos. El primero da cuenta de que, a mediados del 2023, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B) “habrían acordado manipular la integración” del tribunal con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.
La presentación de los fiscales describe que el 24 de julio de 2023, la Cámara recibió la causa “Padilla”, proveniente del juzgado federal de Río Cuarto. Los dos jueces “naturales” de la Sala A, Montesi y Eduardo Ávalos, votaron sucesivamente en el caso y Ávalos derivó el expediente a la Secretaría Penal de la Cámara, a cargo de Olmedo, para “dar lugar al tercer voto”. Correspondía entonces completar la sala con la jueza que subrogaba ese mes, Liliana Navarro, a quien debían remitirle las actuaciones para su análisis, pero eso no se hizo.
El segundo hecho es una denuncia realizada por Celina Laje Anaya, quien era secretaria de Sánchez Freytes. En su declaración, Laje Anaya acusó al camarista de “maltrato y violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo, logrando de este modo dañar su salud, en represalia por haberse negado a realizar la certificación ilegítima de la Sala”.
En esa investigación puntual, Sánchez Freytes otorgó medidas protectivas para el secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier, quien declaró como testigo de Laje Anaya.
En el pedido de procesamiento realizado por los fiscales, consta que al presentarse a declarar, Sánchez Torres negó los hechos atribuidos por la acusación y se abstuvo de prestar declaración por consejo de sus abogados defensores, aunque “se reservó el derecho de hacerlo en una etapa posterior luego de un examen integral de las constancias” del proceso.
Después, presentó un memorial de descargo. Los fiscales sostienen que en ese documento se defendió diciendo que la integración ilegal de la sala fue “un error corregido inmediatamente cuando fue advertido”, mientras que negó haber ejercido violencia en contra de Laje Anaya.
En el caso de Montesi, presentó un memorial “en el que no controvirtió la descripción objetiva del hecho, pero negó que su actuación se haya debido a una maniobra delictiva”. Añadió que el regreso de la causa “Padilla” hacia su vocalía luego de que ya hubiese votado ella y adherido su par Ávalos, “se debió a una ‘recirculación’ que es práctica de la Sala cuando el segundo voto contiene alguna diferencia con el primero”.
Además, la semana pasada el abogado Claudio Orosz presentó una nueva denuncia contra los dos camaristas por presunta manipulación en la conformación del tribunal en una causa contra gremialistas de Luz y Fuerza. El abogado actuó en representación de Laje Anaya. Serán los fiscales los que deberán determinar si la agregan o no a la causa principal.
