Coronavirus en la Argentina: el Gobierno pidió el beneficio de la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime

El gobierno de Alberto Fernández, al actuar como "amigo del tribunal", pidió a la Justicia que otorgue al exsecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime el arresto domiciliario por las causas en las que el exfuncionario está condenado a una pena unificada de 10 años de prisión y por las que está siendo sometido a juicio oral.

La presentación la realizó el jueves pasado secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, de quien no se tienen noticias que haya realizado similares presentaciones para otros presos.

Hoy habrá una audiencia virtual donde participarán la defensa de Jaime, la Secretaría de Derechos Humanos, el fiscal Raúl Pleé y los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani.

Jaime está detenido desde 2016 y anunció una huelga de hambre desde que, hace una semana, el Tribunal Oral Federal 6 le denegó el arresto domiciliario.

Ahora pidió ayuda a la oficina de Pietragalla. Allí presentó un diagnóstico de su médico donde dice que es hipertenso, que es asmático y que tiene broncoespasmos ocasionales.

Desde la aparición del coronavirus hubo una catarata de pedidos de excarcelación de presos por delitos comunes y por corrupción alegando que estaban en riesgo. Algunas libertades o arresto domiciliarios fueron otorgados, como el de Amado Boudou. La Cámara de Casación recomendó otorgar esos beneficios a condenados a penas leves o asuntos que no involucren delitos graves ni la violación de pactos internacionales.

Jaime presentó un pedido de arresto domiciliario que los jueces Julio Panelo, José María Martínez Sobrino y Fernando Canero denegaron. Por eso recurrió a la Casación.

El Gobierno dice que el arresto domiciliario de Jaime corresponde según la jurisprudencia y que no otorgarlo implicaría que la Argentina viole pactos internacionales. Incluso recuerda que ya le advirtieron al Estado argentino por un caso similar: el de Milagro Sala.

Y vuelve a reeditar –como ya sucedió en el caso de Boudou- la idea de que la condena de Jaime no está firme porque falta el resultado del recurso de queja ante la Corte, cuando la Cámara de Casación, en un fallo plenario, determinó que las penas están en condiciones de ser ejecutadas desde que ese tribunal confirma la sentencia y rechaza el recurso extraordinario, fallo que la Corte consintió.

El escrito del Gobierno trata a Jaime como si estuviera en prisión preventiva y cita fallos contra la Argentina por abuso del tiempo de las personas presas en esta condición.

Los jueces que deberán decidir sobre si corresponde el arresto domiciliario de Jaime son Riggi, Catucci y Gemignani. Justamente Riggi y Catucci votaron en disidencia con las recomendaciones de sus colegas de otorgar prisiones domiciliarias a raíz del coronavirus en los casos de condenas leves.