Corrupción K, un laberinto de improbable escape

Los correos electrónicos de Manuel Vázquez han encerrado al kirchnerismo en un laberinto de improbable escape. Frente a las escandalosas sospechas de corrupción que rodean al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, es probable que, cuando se vea forzada a romper su silencio sobre el tema, la presidenta Cristina Kirchner alegue que ese funcionario fue despedido de su gobierno. Pero le costará mucho explicar por qué alguien que supuestamente recaudó fondos para su campaña de senadora nacional en 2005 en forma ilegal sólo fue eyectado de su cargo cuatro años después.

En pocas palabras, tendría que explicar que no vio la corrupción que pasaba muy cerca de las narices del matrimonio Kirchner o seguir permaneciendo en silencio, alimentando la sospecha de que su esposo era el verdadero jefe de una asociación ilícita enquistada en el Gobierno.

De los mails que investiga la Justicia surgen distintos ejes de una matriz de corrupción. Hay uno que casi no ofrece dudas. Se trata del pago de más de un millón de dólares por una empresa del grupo aéreo LAN a Vázquez, supuesto testaferro de Jaime, por servicios de consultoría en materia de tráfico aéreo. La ley de ética de la función pública señala, en su artículo 13, que es “incompatible con el ejercicio de la función pública” asesorar o prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste. La contratación de Vázquez se habría efectuado poco después de que un decreto permitiera a LAN expandir sus operaciones en la Argentina.

El artículo 17 de la misma ley de ética pública establece que todo acto emitido por sujetos alcanzados por las citadas incompatibilidades sería nulo de nulidad absoluta. Vázquez, al ser asesor, no emitía disposiciones ni mucho menos decretos: hecha la ley, hecha la trampa.

Los caminos de la corrupción se han ido sofisticando con el paso del tiempo para eludir las normas que procuran la transparencia administrativa. Claro que a veces resultan muy obvios hasta para el más común de los ciudadanos.

Analistas de opinión pública intentan explicar por qué la sociedad no se escandaliza frente a hechos como los comentados o ante incómodas revelaciones de los cables secretos de la diplomacia norteamericana sobre el gobierno argentino.

Explican que gran parte de los ciudadanos, ante cuanto encuestador se les ponga por delante, expresan que les preocupa la corrupción, y mucho más si se registra en el Estado. Pero no siempre, o casi nunca, actúan en consecuencia.

Las hipótesis sobre esta contradictoria actitud son básicamente dos. La primera indica que la mayoría de los ciudadanos piensa que, en última instancia, “todos roban” y que ni oficialistas ni opositores se hallan exentos de ese mal. Es grave.

La segunda hipótesis apunta a que la población no castiga la corrupción mientras no perciba que afecta su propio bolsillo. En otros términos, se puede dejar de lado la decencia si vivimos en una fiesta consumista. También es grave.

Cuando la ciudadanía cree o es inducida a creer que todos son corruptos, en definitiva no hay corruptos ni mucho menos condenados. Y en ese contexto quienes bajo pretextos ideológicos promueven el intervencionismo estatal porque, en realidad, ven en él un negocio personal siguen llenándose los bolsillos. Es su vía de salida del laberinto.

Twitter: @flaborda

Por Fernando Laborda

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