El Gobierno creó un fideicomiso de 1000 millones de pesos para la conexión marítima del Sur

Constituyó el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU); la medida había sido anunciada la semana pasada por Cristina Kirchner
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28 de julio de 2015  • 10:11

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno constituyó un fondo fiduciario de mil millones de pesos para la conexión marítima entre las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, más la Antártida e Islas del Atlántico sur.

La medida había sido anunciada la semana pasada por Cristina Kirchner , durante un acto realizado en la ciudad de Río Gallegos. El decreto 1423/2015 publicado hoy en el Boletín Oficial establece la creación del denominado "Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur", destinado a financiar las obras.

El Fondo será administrado por Nación Fideicomisos S.A, y tendrá carácter "exclusivo e irrevocable" para la obra en cuestión.

Según se estipuló, la herramienta de financiación estará constituida por "recursos provenientes del Tesoro Nacional, ingresos generados por el financiamiento de otros instrumentos financieros, y el producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos".

El Fondo fiduciario también estará conformado por "ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios de deuda, recursos provenientes de financiamiento de los organismos multilaterales de crédito destinados al mismo objeto del fideicomiso, y otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones".

La intención es establecer una conexión diaria entre las dos provincias para el transporte de pasajeros, automóviles y camiones, y la distancia que deberá recorrerse entre las terminales portuarias será de 245 kilómetros y se completaría en menos de 4 horas.

La obra se pondrá en marcha mediante la firma de un convenio macro entre las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Ministerio de Economía.

El DNU, además de la firma de la Presidenta, lleva la rúbrica de los 13 ministros y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández , y ahora el Congreso deberá determinar si continúa o no vigente.

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