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Crece el gasto en pensiones especiales
Actualmente, se paga un millón de pesos por año, pero hay otros cuatro ex mandatarios que podrían recibir la asignación
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El Estado pagará este año más de un millón de pesos anuales en pensiones vitalicias a ex presidentes y ex jueces de la Corte.
La asignación que otorga la ley 24.018 habilita a políticos y jueces a percibir un haber mensual de aproximadamente $ 15.000, que es el equivalente a un salario promedio que hoy cobra un miembro del alto tribunal. Hasta el último día de sus vidas los comprendidos en la ley tienen asegurados sus ingresos, sin contar con la custodia que se les asigna a políticos y jueces cuando dejan su cargo.
Hoy la pensión mínima en la Argentina es de $ 240.
Los fondos que se disponen para mantener de por vida a funcionarios políticos y judiciales, y a sus parientes directos en caso de fallecimiento, provienen de los presupuestos del Ministerio de Desarrollo Social y del Poder Judicial.
Raúl Alfonsín, Víctor Martínez, María Estela Martínez de Perón, y los ex jueces de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, Julio Nazareno y la viuda de Guillermo López son los beneficiarios de esas pensiones.
Sólo el ex presidente Alfonsín dona el 50 por ciento de su asignación al PAMI de Chascomús.
En trámite
Fernando de la Rúa y Carlos Menem están a la espera de que el Estado también les pague una pensión vitalicia que les corresponde. En medio del escándalo de los sobresueldos, estalló la polémica sobre las pensiones a los ex presidentes.
Días atrás, De la Rúa se quejó porque le demoraban el otorgamiento de la pensión, argumentó "ahogo económico" y amenazó con iniciar juicio al Estado. Sin embargo, hace 48 horas dejó entrever que no insistiría en el reclamo, aunque el derecho de pedir la pensión no prescribe.
El debate sobre cuánto cobran los ex presidentes se analizó hasta en el máximo nivel político. Muy cerca del Presidente se comentó la contradicción que significa que un presidente en ejercicio cobre 6000 pesos y un ex presidente reciba 15.000.
Sin embargo, Kirchner no está dispuesto a subir ni su sueldo ni el de sus ministros. Bastante le costó doblar esos salarios cuando no renovó el decreto que impuso Adolfo Rodríguez Saá el 23 de diciembre de 2001, que había fijado un tope salarial de 3000 pesos.
Anualmente, se pagan $ 449.800 por pensiones a ex presidentes y vicepresidentes, y $ 552.500 por pensiones a ex jueces de la Corte.
Rodríguez Saá no ha mostrado, al menos hasta ahora, intención alguna de gestionar la pensión que le corresponde, porque la ley no especifica cuánto tiempo de mandato deben cumplir los ex presidentes para poder cobrar. Eduardo Duhalde, que estuvo 17 meses en el poder, tampoco pidió la asignación vitalicia.
El senador Ramón Puerta y el diputado Eduardo Camaño, que fueron presidentes interinos durante la crisis de 2001, renunciaron por escrito a percibir ese beneficio ante el escribano general de Gobierno.
Los jueces de la Corte deben haber ocupado al menos cuatro años su cargo en el tribunal para cobrar la asignación. Desde la embestida contra la Corte que desató Kirchner apenas asumió, se alejaron dos jueces: uno renunció y luego falleció, López, y el otro, Eduardo Moliné O´Connor, fue desplazado por el Congreso y no le corresponde la pensión.
Los comprendidos en la norma cobrarán a partir de que se les otorga el beneficio, pero se les deberá reconocer como retroactivo desde la fecha en que dejaron el poder.
El Estado debería, entonces, pagarle a Menem 800.000 pesos y a De la Rúa, 500.000 pesos. Este último debería devolver el equivalente a lo que cobró por su jubilación ordinaria y se le deberían descontar 85.000 pesos.
En noviembre de 2002, casi un año después de haber renunciado a su cargo, De la Rúa fue a una dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en el barrio de Monserrat, a tramitar una jubilación ordinaria, que le fue otorgada en 2770 pesos.
Dos años más tarde pidió en el Ministerio de Desarrollo Social su pensión vitalicia para pasar a cobrar $ 15.000. Nunca le fue otorgada por no haber renunciado a su jubilación anterior. Y es incompatible.
De la Rúa criticó a Sergio Massa, titular de la Anses. "Que antes de hablar les devuelva el 13 por ciento a los jubilados", contestó Massa. Si el ex presidente renuncia al beneficio tendrá la pensión, dijeron a LA NACION fuentes de Desarrollo Social.
Las pensiones se tramitan en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones, que agilizó sus trámites desde la asunción de Kirchner. Antes, los expedientes podían tardar cerca de 9 años y ahora tienen un máximo de 6 meses para resolverse, según informó un vocero de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Los peronistas
Carlos Menem inició el trámite para cobrar una pensión como ex presidente en 2002 y puso a un representante para las gestiones: el titular de la Casa de La Rioja, Carlos Chacón, un dirigente riojano amigo suyo. En la Anses le pidieron uno de los requisitos para obtener el beneficio: fijar un domicilio.
Menem estaba prófugo de la Justicia en Chile y el trámite quedó congelado porque todavía, pese a que se revirtió su situación judicial, no tiene domicilio fijo y, para colmo, la pelea interna riojana lo enemistó con Chacón, que será candidato por una lista no menemista.
María Estela Martínez de Perón también cobra la pensión como ex presidenta, pero como cuando hizo el trámite regía otra ley, a ella le corresponde el equivalente a un sueldo de presidente. La Anses deposita todos los meses $ 6700 en el Banco Nación, que los gira al exterior.
Martínez de Perón reside hace años en España. Durante el mandato de Menem arregló con el Estado argentino deudas pendientes por los bienes decomisados de Perón durante el gobierno militar. Cobró -con un arreglo con sentencia no judicial sino administrativa- más de cuatro millones de dólares, a lo que suma la pensión mensual vitalicia que le paga religiosamente el Estado.
Si De la Rúa y Menem consiguen su pensión, el Estado invertirá medio millón de pesos más y si se suman Rodríguez Saá y Duhalde el gasto pasará a dos millones de pesos anuales.
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