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Cristina insistió con apartar a la jueza Capuchetti porque dice que recibe sueldo del gobierno porteño
Es porque la magistrada que investiga el atentado es docente de policías de la Ciudad; su abogado Ubeira dijo que no confía en la justicia de Comodoro Py en los casos de la vicepresidenta
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LA NACIONHernán Cappiello
La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a reclamar a través de sus abogados apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa en que se investiga el atentado contra su vida, el 1 de septiembre pasado, con el argumento de que al ser docente de la Policía de la Ciudad, “recibe un estipendio” de un organismo que depende del Gobierno porteño.
Los abogados de la vicepresidenta, José María Ubeira y Marcos Aldazábal, entendieron que el hecho de que Capuchetti sea docente e investigadora del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad, donde se forma la Policía porteña, le hace perder imparcialidad. Los jueces no pueden trabajar de otra cosa que no sea de juez, excepto la docencia y muchos magistrados dictan clases en universidades públicas, privadas y en institutos de formación de las fuerzas federales y provinciales.
”No tendremos justicia con esta mujer”, aseguró Ubeira ante el camarista Leopoldo Bruglia, que ahora debe resolver sobre la recusación de la jueza.
Una primera recusación de Capuchetti ya fracasó y es probable que con esta segunda suceda lo mismo. Ubeira dijo que la magistrada no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la Policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde dijo que tiene un contrato como investigadora.
”Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, afirmó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada que no permitida. “La señora jueza era investigadora, no era docente. Tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”, insistió el abogado.
Aldazábal dijo que el ISSP “no es una universidad” sino “una academia de policías”, un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que sostuvo que no es una actividad habilitada para magistrados. ”Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación”, afirmó.
En la misma línea, el letrado indicó que la jueza Capuchetti sigue trabajando en el mismo sitio y que se trata de “una academia de policías, un centro de formación, por lo que es una violación inédita a la independencia de poderes”, sostuvo Aldazábal.
La audiencia
La audiencia terminó poco después de mediodía, pero por la mañana hubo una primera audiencia donde también participaron los abogados de la vicepresidenta, ante el pleno de la Sala I de la Cámara Federal. Allí ante los jueces Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, insistieron en reclamar una ampliación de pruebas para investigar al diputado del PRO Gerardo Milman con relación al atentado.
Un asesor de un diputado del Frente de Todos dijo que a escuchó a Milman en el bar Casablanca, frente al Congreso, decir que cuando supuestamente iba a ocurrir el ataque contra Cristina, él iba a estar en la Costa, como si supiera de antemano sobre el atentado.
La jueza Capuchetti mandó a investigar a este asesor por falso testimonio, pero los abogados de Cristina Kirchner insistieron en que analicen los teléfonos de las dos empleadas de Milman que lo acompañaban cuando se supuestamente se produjo esa conversación.
Las mujeres -testigos no imputadas- entregaron sus celulares y se debate que extensión temporal tendrá el análisis de sus comunicaciones. La jueza dispuso que se analicen los 20 días anteriores al atentado ocurrido el 1 de septiembre pasado, pero Cristina Kirchner pretende que se haga desde el mes de julio pasado.
La investigación de esa pista fue lo que produjo el quiebre en la relación entre la querella y la magistrada: fue cuando la jueza Capuchetti rechazó un planteo de los abogados de la vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman.
Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos. ”Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional”, sostuvo el abogado Aldazábal.
Ubeira, por su parte, afirmó: “Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no. Y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga”.
Ubeira, antes de la audiencia, dijo que no confiaba en la justicia federal de Comodoro Py para tratar los casos de la vicepresidenta y que su confianza estaba depositada en los tribunales internacionales. Para el abogado de Cristina Kirchner, la jueza Capuchetti tiene “una filiación política o es tributaria de quienes impulsaron su pliego” para acceder a la Justicia.
“Creemos que hay jueces que son esclavos de decisiones políticas tomadas en otros lados”, afirmó Ubeira. Evaluó que “no está mal que un juez tenga filiación política, pero es horrible pensar que un juez acciona, reacciona o deja de investigar frente a un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional de un país en función de quien impulsó su pliego o de quién es tributario”. Concluyó: “Para eso no le pagamos a esta gente con nuestros impuestos”.
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