Cristina Kirchner convierte al Senado en el centro de su embestida contra la Justicia

Esta semana concretará los desplazamientos de los camaristas Bruglia y Bertuzzi e impulsará una denuncia contra el jefe de los fiscales, Eduardo Casal
Esta semana concretará los desplazamientos de los camaristas Bruglia y Bertuzzi e impulsará una denuncia contra el jefe de los fiscales, Eduardo Casal Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez
Gustavo Ybarra
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14 de septiembre de 2020  • 08:58

El procurador general interino, Eduardo Casal, y los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bertuglia serán las primeras víctimas de la revancha contra el Poder Judicial que Cristina Kirchner viene orquestando desde su despacho de la presidencia del Senado.

Sin demasiado disimulo y amparándose en la supuesta "guerra judicial" en su contra de la que responsabiliza al gobierno de Mauricio Macri, la vicepresidenta ha convertido al Congreso, y en particular a la Cámara alta, donde impone con mano de hierro su voluntad, en el principal ariete de sus embestidas contra la Justicia desde que, en mayo, comenzaron a realizarse reuniones de comisión y sesiones de manera remota.

Ese derrotero comenzará a dar por fin sus primeros resultados contundentes, después de varias semanas de paciente preparación del terreno por parte de los legisladores kirchneristas, en la sesión que la Cámara alta celebrará esta semana.

Acusado de formar parte de la guerra judicial ("lawfare", según el término inglés usado por la vicepresidenta y sus seguidores), Casal será denunciado por abuso de poder y resistencia a la autoridad.

Con un proyecto de resolución que se dispone a aprobar la mayoría oficialista, el procurador interino deberá afrontar una denuncia penal que impulsará el Senado.

Paradojas de la política, o no, quien terminará llevando adelante la acción será la propia Cristina Kirchner, en su condición de presidenta de la Cámara alta. Casi con seguridad, quien ejecutará la orden será la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort.

En la misma sesión, la vicepresidenta se dispone, voto del bloque del Frente de Todos mediante, a desplazar a los jueces Bertuzzi y Bruglia de la Cámara Federal, negándoles el acuerdo del Senado a los traslados que los ubicaron en ese tribunal, obtenidos por un decreto de Macri.

Para la vicepresidenta, ambos magistrados también revistieron en las filas de la tropa judicial macrista, al ratificar muchas de las medidas adoptadas por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, entre ellas, su procesamiento en la causa de los cuadernos de las coimas. Más aún, Cristina Kirchner acusó este viernes a los jueces, en particular a Bruglia, de seguir siendo funcionales al macrismo a raíz del fallo que declaró nulos los procesamientos contra exfuncionarios de esa administración.

Tanto Bruglia como Bertuzzi han judicializado el tema y esperan que la Corte Suprema intervenga, mediante un recurso de per saltum, y les dé una respuesta al amparo con el que pretenden evitar que el Senado rechace sus traslados y deban, así, regresar a los tribunales orales para los que habían concursado y obtenido acuerdo de la Cámara alta.

La inminente decisión de la Corte podría generar un conflicto de poderes si la vicepresidenta decidiera seguir adelante y desoír la decisión judicial.

Ya hay un antecedente: la jueza del fuero contencioso administrativo María Gabriela Biotti otorgó una medida precautelar y le pidió al Senado que se abstuviera de iniciar el trámite de los traslados de Bruglia y Bertuzzi.

La decisión no solo fue desobedecida por la mayoría oficialista de la Cámara alta, sino que la magistrada se convirtió en blanco de las duras críticas del kirchnerismo, que se tradujeron en un proyecto de resolución de Mario País (Chubut) en el que se deja abierta la puerta a la posibilidad de impulsar su destitución en el Consejo de la Magistratura.

Los mensajes del Senado tuvieron efecto y Biotti rechazó el amparo de Bruglia y Bertuzzi, que decidieron apelar por la vía del per saltum a la intervención de la Corte.

Maquinaria K

En su ofensiva contra la Justicia, la expresidenta no ha escatimado recursos, desplegando un ataque en varios frentes ejecutado por varios de sus lugartenientes legislativos.

Así, ha conformado un estado mayor en el que se destacan los senadores Martín Doñate (Río Negro), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), ambos productos de La Cámpora, y María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe).

Doñate se ha convertido en el azote contra Casal desde la presidencia de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público, donde usa su verborragia y sus discursos cargados de hipérboles como herramientas para desplazar al actual conductor de la Procuración General de la Nación.

Casal ocupa ese sitial de manera interina desde que, en diciembre de 2016, Alejandra Gils Carbó renunció al cargo. Desde entonces, tanto Macri como Alberto Fernández han fracasado en conseguir el voto de los dos tercios de los presentes que exige la ley para designar al nuevo jefe de los fiscales.

En un juego que demuestra altas dosis de estrategia, Doñate es secundado por otros legisladores de origen camporista, como la diputada Vanesa Siley (Buenos Aires) y la senadora Ana Almirón (Corrientes). También destaca en este juego la virulencia verbal del diputado Rodolfo Tailhade (Buenos Aires).

En la bicameral también tiene un rol activo Sacnun. Sin embargo, la senadora santafesina tiene a su cargo la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde la ofensiva se transforma en proyectos contra los funcionarios judiciales cuestionados, como Casal y Biotti.

Por último, el tercer frente lo conduce Fernández Sagasti desde la presidencia de la estratégica Comisión de Acuerdos, escenario donde el kirchnerismo tendrá poder para designar jueces o desplazar, como es el caso de Bruglia y Bertuzzi, a aquellos que hayan perdido el favor de Cristina Kirchner.

Una de las "preferidas" de Cristina Kirchner, la mendocina es responsable de la fracasada expropiación de Vicentin y en la comisión a su cargo espera turno el pliego del juez federal Daniel Rafecas, candidato del Gobierno a ocupar la Procuración General de la Nación.

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