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Quién es la jueza a la que el kirchnerismo desafió en el Senado
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LA NACIONHernán Cappiello
La jueza María Alejandra Biotti, que pidió al Senado frenar la revisión de los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, tiene más de 40 años en la Justicia Federal y fue designada en el juzgado en junio 2015, mediante un decreto firmado por Cristina Kirchner.
Biotti subrogaba el juzgado que terminó por ocupar definitivamente. Estudió en la UBA y en la Universidad de Belgrano, y tiene un posgrado en derecho administrativo y tributario.
Con 62 años, a lo largo de su carrera se ha pronunciado en diversas ocasiones convalidando u objetando normas dictadas por los últimos gobiernos.
Así, por ejemplo, por una cuestión formal de admisibilidad, rechazó un recurso del Colegio Público de Abogados contra la ley de "democratización de la Justicia" que impulsó Cristina Kirchner en 2013, al tiempo que avaló la decisión de que los familiares de los funcionarios pudieran acogerse al beneficio del blanqueo de capitales dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri.
En el caso de la inconstitucionalidad del pacto con Irán, Biotti entendió que el asunto no era de su competencia y se lo envió al entones juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
En 2013 también frenó el traslado de la estatua de Colón a Mar del Plata, como quería el kirchnerismo, en una disputa que tuvo amplia difusión pública.
La última decisión resonante de la jueza fue un fallo adverso al Gobierno mediante el cual rechazó el planteo formulado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para que la causa por la intervención de la empresa Vicentin saliera de la órbita de Santa Fe y fuera tramitada en el fuero contencioso administrativo de la Capital Federal.
El Gobierno había pedido que se definiera en los tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires el planteo de inconstitucionalidad del decreto de intervención de la agroexportadora, con la intención de quitarle la causa al juez Fabián Lorenzini, de Reconquista. Biotti rechazó la pretensión del gobierno de Alberto Fernández y la causa siguió en Santa Fe.
