Cuadernos: personal de Techint negó la intervención del Gobierno kirchnerista en el conflicto con Venezuela y desafió la explicación sobre el millón de dólares

Personal de la multinacional Techint que trabajó en el conflicto de la firma en Venezuela, en 2008, declaró hoy en el juicio oral de Cuadernos y dijo desconocer la existencia de una intervención por parte del Gobierno kirchnerista para destrabar la situación durante la expropiación de Sidor.

“Que yo sepa, no. No me consta de ningún tipo de ayuda”, dijo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Hugo Marcelo Cruz, a cargo por esos años de la administración de la empresa.

Su testimonio marcó un contraste con la explicación ofrecida por los directivos de la firma que admitieron en la pasada audiencia el pago de cerca de un millón de dólares al Gobierno de Cristina Kirchner, con el objetivo de que este, de buenos lazos con el chavismo, interviniera para buscarle una salida a los problemas que se desataron tras la decisión de nacionalizar la empresa Sidor. Entre ellos, el regreso del personal argentino al país, que no estaba garantizado.

Fueron, en total, 6 desembolsos que se pagaron al funcionario Roberto Baratta en las cocheras del edificio de la empresa en Puerto Madero.

El testigo Cruz negó estar en conocimiento de algún tipo de asistencia por parte del Gobierno venezolano. “Nunca vi que nos dieran una ayuda o un apoyo. Era preferible evitarlos. No me garantizaban seguridad para nadie”, aseguró el hombre, que trabajó para Ternium, una de las empresas del grupo.

Los testigos volvieron a retratar el clima de fuerte hostilidad que se instaló en la planta contra los trabajadores argentinos luego de la decisión de expropiar la empresa. Relataron, a su vez, detalles del plan de emergencia para la evacuación, que fue diseñado y llevado a cabo por una empresa de gestión de riesgo que fue contratada por la propia Techint.

“La actitud del sindicato empezó a volverse fuerte y agresiva: aparecían carteles en escuelas a las que sabían que asistían algunos de sus hijos, paraban las líneas de producción con cualquier excusa”, recordó Hugo Solis, otro testigo que trabajó para Ternium y declaró de manera virtual desde su país, México.

Afirmó desconocer si hubo alguna intervención por parte del Gobierno de los Kirchner. “No lo sé”, dijo.

En la pasada audiencia, los dos directivos responsables de los pagos, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, reconocieron haber instrumentado los desembolsos.

La Justicia entendió que aquellos pagos ilegales tenía por fin asegurar el regreso de los trabajadores argentinos al país y no la obtención de obra pública. Por eso, Zabaleta y Betnaza no forman parte del juicio cuadernos y fueron investigados en una causa aparte y sobreseídos.

De acuerdo al testimonio de ambos, fue Betnaza el autor intelectual de los pagos. En concreto, el exvicepresidente de la UIA dijo que el millón de dólares estaba destinado a solventar los “gastos” que generaba la evacuación de los trabajadores de otras nacionalidades, puesto que desde el Gobierno le transmitieron que solo se harían cargo de los empleados de Techint argentinos.

Decidió mantener bajo resguardo su decisión de realizar los pagos y contárselo a la menor cantidad de gente posible.

El martes, al ser consultado por la UIF sobre cuales eran aquellos aquellos “gastos”, aseguró no estar al tanto de los detalles. “¿Les dieron algún tipo de rendición sobre el destino de esos fondos?“, preguntó Mariano Galpern. “No -contestó Betnaza-. Cuál era la gestión o para qué, no lo sabemos”, dijo sobre el millón de dólares que aseguró haberle entregado a Baratta.

Por Federico González del Solar

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