Cuestionan al país ante la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibió un crítico informe sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina, que incluyó denuncias sobre censura indirecta a través de la publicidad oficial y agresiones a medios y a periodistas.

En octubre, la Argentina será evaluada en Ginebra, Suiza, como parte del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos al que se someten cada cuatro años los 193 países que integran la ONU.

A propósito de esa evaluación, la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), que preside la ex diputada radical Silvana Giúdici, envió a la ONU un informe donde se detallan graves problemas en la materia. El documento habla de "censura indirecta" a través de la distribución de la publicidad oficial entre medios afines al Gobierno. Y detalla que el gasto destinado a publicitar la gestión pasó de 46 millones en 2003 a 1200 millones en 2010.

Giúdici, que hasta el año pasado presidió la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, detalló que en el Congreso hay varias leyes para regular y transparentar la asignación de publicidad oficial, pero el kirchnerismo no trató ninguna.

El informe también menciona los 1015 millones de pesos que durante este año recibirá el programa Fútbol para Todos y recuerda que el Gobierno decidió poner en ese espacio de alto rating publicidad propia en lugar de comercializarla entre privados.

Además, alerta sobre la falta de voluntad política para sancionar una ley de acceso a la información y advierte sobre "presiones a medios de comunicación y periodistas". En este punto incluye los bloqueos a plantas de impresión que sufren los diarios Clarín y LA NACION desde 2008.

Agresiones

También menciona intimidaciones judiciales, y cita como ejemplo el exhorto del juez Alejandro Catania que el año pasado requirió a todos los diarios los nombres, direcciones y teléfonos de los periodistas que escribían sobre la inflación, a raíz de la denuncia del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra las consultoras que difundían mediciones propias.

El trabajo enumera agresiones a las que fueron sometidos Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú y Gabriel Michi, además de los afiches que denunciaban a distintos periodistas críticos del Gobierno.

Por último, cuestiona la imposibilidad de formular preguntas durante las conferencias de prensa del oficialismo, la sanción de normas como la ley de medios y la intervención directa del Estado sobre la producción de Papel Prensa.

"Todas son patas de un cerco informativo que construyen desde hace nueve años. Hoy la información pública es patrimonio de la Presidenta y de unos pocos elegidos", sintetizó Giúdici.

• Sin ley. El oficialismo no aprobó una ley que facilite el acceso a la información ni una que regule el reparto de publicidad oficial, denunció la ex diputada Giúdici.

• Agresiones. En los últimos años, añadió, crecieron los ataques al periodismo, con agresiones y señalamientos públicos. Mientras tanto, creció muchísimo la pauta oficial para medios amigos del poder.