Datos que exponen prácticas poco claras

Poco tiempo atrás, Poder Ciudadano obtuvo información del Senado de la Nación de la cual se extraía que el régimen de pasajes aéreos y terrestres por el que se rigen los senadores termina generando un sobresueldo en la mayoría de ellos.

En aquella oportunidad se demostró que la no utilización de esos pasajes redundaba en un beneficio económico para el bolsillo de los senadores (lo mismo ocurre con los diputados) que los canjean por efectivo. De esta forma, algo necesario como que los legisladores vayan y vengan de sus distritos, o se trasladen por el país en ejercicio de su función, termina en muchos casos siendo un pequeño negocio para ellos.

LA NACION profundiza esa investigación. Lo que surge es aún más llamativo. Algunos legisladores, de los que canjean esos pasajes, realizan sus viajes en automóviles de la Cámara, con choferes y viáticos incluidos. La de los viajes transformados en efectivo no es la única ventaja. Lamentablemente, pocos días atrás observamos cómo más de la mitad de los senadores contratan a familiares para que cumplan el rol de asesores o secretarios.

Todos estos beneficios son producto, por un lado, de comportamientos individuales reñidos con la ética y el sentido común. Pero dado que parece que no podemos exigirles eso a algunos legisladores, analizamos las normativas y surge que estas son laxas y permisivas. Ni la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública ni las normativas internas de las Cámaras intentan frenar estos comportamientos.

El Congreso de la Nación es un lugar oscuro, en el cual muchas veces las complicidades entre los diferentes actores se ven expuestas. Canje de pasajes y familiares contratados son dos de las prácticas de las que hacen uso y abuso legisladores de diversos bloques, oficialistas y opositores. Recordamos que sólo tres senadores no canjearon por efectivo al menos un pasaje en 2012 y 2013. Las explicaciones son pocas; los acuerdos internos, muchos. Lamentablemente, en el medio están los recursos públicos de los ciudadanos, que se manipulan y terminan en los bolsillos de los legisladores.

Por supuesto que los legisladores deben tener a disposición los recursos necesarios para realizar su tarea. Despachos con las comodidades necesarias, recursos humanos para mejorar su labor legislativa, transporte a disposición y un salario acorde a su responsabilidad. Pero, en la práctica, la normativa vigente facilita un uso poco claro de los recursos públicos.

El autor es director ejecutivo de Poder Ciudadano