De Juan José Aranguren a Cristina Kirchner: Alberto Fernández rompió con la regla de cumplir con los pedidos de la Oficina Anticorrupción

A lo largo de los últimos años, la Oficina Anticorrupción (OA) quedó bajo la lupa por su debilidad para investigar al Poder Ejecutivo, ya que depende directamente de Presidencia de la Nación. Sin embargo, ha emitido en la última década varios dictámenes incómodos para funcionarios de primer nivel que casi siempre fueron cumplidos, a pesar de que -en muchos casos- implicó un perjuicio económico para ellos.

La negativa de Alberto Fernández que se conoció hoy de responderle a la OA quiénes fueron sus clientes cuando se desempeñaba como consultor y abogado, así como su rechazo a dejar sus cargos de profesor en la UBA y de presidente de la empresa Inmueble Callao 1960 SA marca un precedente inédito en los últimos años de un presidente que desoye una recomendación del organismo encargado de regular la ética y transparencia en el Gobierno.

Félix Crous, jefe de la OA, puede echar mano a distintos antecedentes sobre recomendaciones similares que -casi siempre- fueron cumplidas por los funcionarios involucrados, más allá de sus cargos o su identificación política. El primer ejemplo parte desde el kirchnerismo. Julio Vitobello, hoy secretario general de Presidencia y en ese momento titular de la OA, intimó a Cristina Kirchner en 2009 a no ejercer su cargo como directora suplente de la consultora El Chapel SA, aunque sí le permitió continuar como accionista de la consultora. La entonces presidenta renunció a ese cargo directivo, informaron fuentes oficiales.

Como en el caso de Cristina Kirchner, la OA le advirtió en febrero a Alberto Fernández que está "prohibido" por el artículo 92 de la Constitución desempeñarse como titular del directorio de Inmueble Callao 1960 SA mientras sea Presidente de la Nación, ya que el ejercicio de este cargo requiere una "dedicación exclusiva".

"Si aún no lo ha hecho, debe pedir licencia en su actividad docente y renunciar a la presidencia de Inmueble Callao 1960 SA", escribió Crous. Pero Fernández desoyó esa recomendación porque -sostuvo- no incurre en ningún conflicto de interés ya que la sociedad no registra actividad comercial.

La permanencia de Cristina Kirchner como accionista de El Chapel después fue investigada por la Justicia por posibles conflictos de intereses. Cristina Kirchner finalmente disolvió la firma que compartía con su marido, Néstor Kirchner, y con su hijo Máximo Kirchner, antes de que tuviera actividad comercial. La OA también despachó en esos años recomendaciones similares a Aníbal Fernández por su cargo como vicepresidente del club Quilmes y a José López por una consultora que había creado.

Hubo otros casos emblemáticos de posibles conflictos de interés en que intervino la OA. Ya durante el macrismo, Laura Alonso le recomendó al entonces ministro Juan José Aranguren desprenderse de las acciones de la empresa Shell que atesoraba desde su paso como ejecutivo de la compañía. Vender esas acciones no fue una primera opción para el ministro de Energía, que insistió ante la OA en que no había infracción a la ley de ética pública mientras no tomara decisiones oficiales que afectaran particularmente a la petrolera. Presionado por la exposición pública del tema, Aranguren finalmente vendió las acciones.

Otro caso simbólico de conflictos de interés, aún más explícito, ocurrió en 2018 con el entonces ministro Dante Sica. El titular de Producción debió renunciar a cuatro contratos que su consultora Abeceb había ganado con ese mismo ministerio antes de que él asumiera y que estaban vigentes mientras se desempeñaba en el cargo.

El dictamen de Crous

Alberto Fernández se negó a revelar en marzo quiénes fueron sus clientes en los tres años previos a asumir, cuando se desempeñó como abogado y consultor, a pesar de que la OA le solicitó que presentara la "nómina" de aquellas personas y sociedades para las que haya trabajado que sean concesionarias o proveedoras del Estado, o realicen actividades reguladas.

Un dictamen del 19 de febrero, firmado por Crous, le recomendó al Presidente, además, que renunciara a su mandato como titular de la firma Inmueble Callao 1960 SA y que se tomara licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires, ya que el ejercicio en simultáneo de los dos cargos, advirtió la OA, incumple la Constitución, pero Fernández también rechazó ese pedido del organismo.