
De la Rúa testificó por la causa armas y benefició a Menem
Se presentó por pedido de la defensa del ex presidente justicialista; declaró que era imposible conocer en detalle el contenido de todos los decretos que se firmaban en la Casa Rosada
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El ex presidente Fernando de la Rúa benefició hoy con su testimonio a su antecesor en el cargo, Carlos Menem, al asegurar que era imposible conocer en detalle el contenido de todos los decretos que se firmaban en la Casa Rosada.
De La Rúa declaró como testigo en el juicio oral por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, donde Menem está acusado del delito de "contrabando agravado" por los hechos ocurridos entre 1991 y 95.
Su testimonio fue justamente pedido por el abogado defensor de Menem, Maximiliano Rusconi, que apunta a demostrar que el ex mandatario y actual senador no conocía en detalle todos los decretos que firmó, entre ellos los de la venta de armas.
Menem fue procesado porque suscribió los decretos secretos que autorizaron las ventas de armamentos con destino aparente a Panamá y Venezuela, pero los cargamentos fueron desviados de manera ilegal a Croacia y Ecuador.
"Era tarea imposible informarse de cada uno de los decretos a la firma, uno trataba de preguntar sumariamente de qué se trataba, pero se supone que cuando llegan al Presidente todo llega decantado y analizado. No se puede leer todo el expediente de cada decreto", evaluó De La Rúa ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3.
"Si el Presidente tiene que leer cada expediente que firma, la administración se paralizaría, era un cúmulo de decisiones. No se puede leer todo, no podía ver todo", concluyó.
Además, y poniendo como ejemplo la firma del decreto donde implantó el estado de sitio antes de su renuncia en diciembre de 2001, separó entre "responsabilidad política y judicial".
"Yo asumo la responsabilidad política por ese decreto que me pedían gobernadores del interior, funcionarios, pero desde lo jurídico no existe responsabilidad", detalló.
El ex mandatario arribó a los tribunales federales de Retiro pasadas las 10 y fue el primer testigo de la audiencia, seguido por el ex secretario de la presidencia del menemismo, Alberto Kohan.
Sobre el "carácter secreto" de algunos decretos, dijo que representaban el "uno por ciento" del total y que generalmente omitían la palabra "publíquese".
Tanto De La Rúa como Kohan deslindaron en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia el rol de contralor jurídico de los decretos que luego eran puestos a la firma del Presidente.
Kohan, geólogo de profesión, brindó un corto testimonio donde advirtió que no estuvo en el Gobierno en el período en que se firmaron los decretos que habilitaron el contrabando.
Además dijo no recordar haber recibido "ninguna instrucción sobre la venta de armas".
El tribunal juzga a Menem, su ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el ex cuñado presidencial Emir Yoma y otros acusados por el contrabando ilegal del armamento.
Implicado en seis causas. A pesar de sus 79 años, que le permiten el arresto domiciliario, y de sus fueros parlamentarios, que le impiden ser detenido, Menem tiene pendiente una larga lista de causas penales en la justicia federal, en la que se investigan supuestos actos de corrupción durante su gobierno.
Además del juicio por el contrabando de armas, está a la espera de que se fije fecha para su juicio oral y público en una causa en la que se investiga el supuesto pago de coimas en la privatización del control del espacio radioeléctrico, que habría favorecido a la empresa Thales Spectrum. En esta causa tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal.
El ataque terrorista contra la sede de la AMIA, ocurrido en 1994, también dejó una investigación abierta que involucra a Menem. En ella está procesado por supuesto encubrimiento, pues evitó que se investigara una de las pistas que apuntaban hacia ciudadanos de ascendencia siria.
Además, está procesado por el delito de peculado por el pago de sobresueldos a los ministros que integraron su gabinete. La Justicia lo investiga también por el fallido contrato con Siemens para la confección de nuevos DNI y la venta de terrenos a la Sociedad Rural.
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