Denuncian a un juez por frenar una causa contra Cristina que permitiría recuperar US$1125 millones de la corrupción
Es un expediente civil paralelo al caso Vialidad, donde la expresidenta ya fue condenada
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LA NACIONHernán Cappiello
En paralelo a la causa penal donde Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel por corrupción, tramita silencioso un expediente en la justicia civil en el cual la Dirección Nacional de Vialidad le reclama a la expresidenta unos 1125 millones de dólares para resarcirse por los actos de corrupción de su gobierno.
Pero ese expediente por daños y perjuicios fue frenado sorpresivamente por un juez, Alfredo Silverio Gusmán, que evitó votar en un incidente para darle cobertura a Cristina Kirchner. Por eso fue denunciado por el presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Guillermo Alberto Antelo, ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
El caso está frenado y, si se demora más, corre el riesgo de que caiga el reclamo iniciado en 2018.
La denuncia del camarista Antelo -a la que accedió LA NACION- busca que sancionen a Gusmán o que le inicien juicio político para removerlo.
Gusmán tiene lazos con el kirchnerismo a partir de su vínculo con el exministro Juan Martín Mena, uno de los abogados que rodean a Cristina Kirchner, y operador en negociaciones por la Corte Suprema con el Gobierno.
A esto se suma que el área jurídica de la Dirección Nacional de Vialidad se muestra inactiva en este expediente, que nunca llegó a manos del Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla.
La demanda civil por daños y perjuicios es por unos 1125 millones de dólares y, en paralelo, hay una multa por 84.835 millones de pesos, que le fijó a Cristina Kirchner la justicia penal cuando la condenó y dispuso el decomiso de ese dinero. Si se confirma la condena penal y se la condena en esta causa civil debe pagar los dos montos.
La causa
Esta historia comenzó en 2018 cuando el titular de Vialidad era Javier Iguacel, quien presentó una demanda de daños y perjuicios contra Cristina Kirchner y sus funcionarios por las licitaciones amañadas para favorecer a Lázaro Báez en las obras de Santa Cruz.
El monto de la demanda era por 22.500 millones de pesos lo que equivale a dolar del 31 de enero de 2018 a unos 1125 molones de dólares.
El juicio civil es la contracara del juicio penal. En el expediente los letrados de la Dirección de Vialidad Nacional, que es el organismo que impulsa el caso, tuvieron una inactividad inexplicable, dijeron fuentes judiciales.
Están pendientes aún de respuesta el traslado de las excepciones y defensas que opusieron los demandados y el trámite de un pedido de exclusión del proceso de Carlos Santiago Kirchner, ya absuelto en el juicio oral.
Vialidad es un organismo descentralizado que estuvo bajo la órbita de José López, el exfuncionario kirchnerista que intentó esconder 9 millones de dólares en un convento, y del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Ante la inmovilidad de la causa por seis meses en 2023, Cristina Kirchner planteó lo que técnicamente se llama la “caducidad de la instancia”, que es un reclamo para que la causa se extinga.
Si esto es así, el Estado debería hacer una nueva demanda, con el riesgo de la prescripción. La causa está en el juzgado de primera instancia a despacho desde el 7 de abril, sin que se conozca que va a resolver el juez Gusmán.
En esta causa, Vialidad resistió el planteo de extinguir la causa y argumentó que no estuvo inmovilizada seis meses como dice Cristina Kirchner, sino que hubo por ejemplo una presentación de Carlos Kirchner, que interrumpió ese plazo fatal.
El juez desestimó la caducidad y Cristina Kirchner apeló ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a pesar de que el artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación impide hacerlo cuando se desestima la caducidad. “La ley es clara y no permite excepciones”, dijo una fuente judicial.
Contra el fallo que le negaba la apelación, Cristina Kirchner planteó un recurso de queja para ir directamente ante la Cámara Civil y Comercial Federal.
Y acá es donde se dio el cruce ente el presidente de la Cámara, Antelo y el camarista Gusmán, que no quería firmar la sentencia. Antelo llegó a intimar a Gusmán, que le devolvió la intimación por improcedente.
Intervino la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, donde Antelo es el único juez. LOs otros dos cargos están vacantes. Integran la Sala como suplentes Fernando Uriarte y Eduardo Gottardi.
Como Uriarte fue recusado sin causa el tribunal quedó conformado con Antelo y Gottardi. Debido a que tenían ideas contrapuesta para resolver la queja de Cristina Kirchner, sortearon a un nuevo juez y se designó a Alfredo Silverio Gusmán.
Le enviaron todas las constancias del caso el 5 de marzo pasado, y el dijeron que tenía plazo hasta el 28 de ese mes para firmar.
Ese día, el juez Antelo fue al despacho de Gusmán y le exigió que dictara sentencia. No era un asunto complejo y le pidió que fallara ese día.
A las 13 Gusmán firmó el borrador de uno de los proyectos de sentencia, pero minutos después se negó a introducir la firma digital en su voto. Y así, la causa quedó frenada desde ese día.
El juez Antelo, entonces, denunció a Gusmán ante la jueza Alejandra Provítola, presidenta de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Allí escribió que Gusmán “no se expidió y retuvo los dos votos impresos en papel y firmados por los otros jueces” hasta que firmó uno de los dos proyectos en circulación a las 13 de ese día.
“Sin embargo, se negó a suscribir digitalmente el expediente, a pesar de haberlo hecho los otros dos vocales, negativa esta que ha mantenido hasta la fecha”, lo que frenó el caso,
“Es una conducta que no se adecúa a los principios de transparencia y a las prácticas tribunalicias regulares que hacen a la recta administración de justicia, ya que no se trata de un mero atraso sino de una conducta ambivalente que obstaculiza el funcionamiento del Tribunal”, se quejó Antelo ante el Consejo de la Magistratura.
Y además explicó lo que ocurría a las partes en la causa, incluso se lo planteó a la Dirección de Vialidad, que no intervino. Gusmán tiene trato frecuente con Juan Martín Mena, alfil de la expresidenta.
EL Código Penal castiga al juez con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años cuando “retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales".
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