Denunciaron a Patricia Bullrich por abuso de autoridad tras su pedido de allanamiento a periodistas y medios de comunicación
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, presentó la acusación contra la ministra de Seguridad en los tribunales de Comodoro Py
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LA NACION
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada hoy por el delito de abuso de autoridad tras haber solicitado allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y a los estudios de Carnaval Stream en el marco de la investigación por la filtración de presuntos audios de Karina Milei.
La denuncia contra Bullrich fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, asesor legal de Cristina Kirchner, tras la presentación de ayer del Ministerio de Seguridad por una supuesta violación a la Ley de Inteligencia. Dalbón considera que el accionar de la funcionaria de Javier Milei representa un ataque a la libertad de expresión y a la democracia en Argentina.
“Me parece que lo que hizo Patricia Bullrich es un acto de desesperación y de amenaza típico de Patricia Bullrich, quien obviamente no sabe más que hacer que reprimir y amenazar, pero ahora se ha metido con ustedes, con los periodistas y me parece que ameritaba denunciarla por abuso de autoridad. Por eso, si ellos van a librar una batalla contra la libertad de expresión, acá vamos a librar la batalla contra ella y por eso hoy se inicia una causa contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad”, señaló Dalbón en Radio 10.
En la presentación, la cartera que dirige Bullrich solicitó allanar el canal destreamingCarnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistasJorge Rial y Mauro Federico, dePablo Toviggino-principal accionista de Carnaval- y del abogadoFranco Bindi, pareja de la diputadaMarcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.
En 20 páginas, el Gobierno pidió que que se prohibiera la difusión de nuevas grabaciones. En ese sentido solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.
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