Los municipios bonaerenses, otro frente de denuncias, sospechas y escándalos por la vacunación vip

La provincia de Buenos Aires aporta casos de presuntas irregularidades en la vacunación contra el coronavirus. Pero también certezas: en San Nicolás, se vacunó por fuera de protocolo un ahijado del exministro Ginés González García; en San Vicente, cayó un funcionario municipal que habilitó dosis para su hijo; recibieron la vacuna como "personal de salud" Dulce Granados, presidenta del Concejo Deliberante de Ezeiza y esposa del intendente, y el exjefe comunal de San Fernando Luis Andreotti. Y se acumulan historias turbias en el conurbano y el interior provincial.

Un foco es San Nicolás, ciudad de la que son oriundos González García y su sobrino Lisandro Bonelli, ambos desplazados del Ministerio de Salud. Hubo un allanamiento en el Hospital San Felipe, que administra la provincia, y una fiscal se llevó un listado de vacunados, después de denuncias por vacunaciones preferenciales.

Pablo González, periodista local y primo hermano de González García, que tiene 57 años, confesó que fue vacunado y dijo que no cometió irregularidades. También inocularon a su mujer, de 48 años. Todo sucedió en el hospital allanado, en el que influye La Cámpora, según comentó a LA NACION una fuente local. Las diputadas radicales Sandra París y Karina Banfi presentaron una denuncia.

En San Vicente, el intendente Nicolás Mantegazza (Frente de Todos) echó al subsecretario de Salud del municipio, Gustavo Carbonell, tras la vacunación del hijo del funcionario, de 24 años, sin ser personal de salud.

LA NACION reveló que entre los vacunados como "personal de salud" figuran Dulce Granados, de 62 años, y Andreotti, de 69. El intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, dijo que la vacunación de su mujer está "recontrajustificada". Y amplió: "Repartió comida a personas contagiadas, trabaja todo el día en casos de violencia de género". Ambos se vacunaron en el Hospital Alberto Eurnekian de Ezeiza, del que la mujer es madrina.

Fuentes cercanas a Andreotti dijeron que el exintendente de San Fernando se vacunó ante un sobrante de dosis, "porque es una persona de riesgo, con tres stents e hipertenso".

Las denuncias penales son parte de los últimos días agitados. Florencia Arietto (exfuncionaria del Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Patricia Bullrich) y Juan Pablo Allan (senador bonaerense de Juntos por el Cambio) pidieron investigar si Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, incurrió en "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y que se publique el listado de vacunados. En el ministerio desestiman los planteos y subrayan que no se pueden difundir los datos de vacunados porque están protegidos por ley.

Arietto y Allan consignaron casos de un sindicalista de ATE y cuatro funcionarios del municipio de Quilmes; un empleado municipal de Berisso; funcionarios de Navarro, y jóvenes vacunados en Chivilcoy y Salliqueló. Además, según informó Clarín, hubo decenas de vacunados entre estudiantes y militantes que trabajan en atención telefónica del gobierno bonaerense.

En Pergamino también se recurrió a la Justicia. Fuentes del municipio que conduce Javier Martínez (Juntos por el Cambio) afirmaron que presentaron una denuncia en el fuero contencioso administrativo por la participación de agrupaciones políticas peronistas en la campaña de vacunación. Y pidieron a la Región Sanitaria IV la lista de vacunados.

Entre los casos sospechosos, en La Matanza la oposición denunció por irregular la vacunación como personal de salud de la hija de 37 años de la secretaria de Salud, Gabriela Álvarez. La joven trabaja en la secretaría, por lo que fuentes municipales consideraron que no hay irregularidades. Previamente, el reproche había sido por la presunta vacunación de empleados del PAMI de San Justo.

Se denunció mediáticamente otro caso en el Hospital Alberto Balestrini, de La Matanza. Tres trabajadoras de la salud dijeron al canal Telefe que estaban anotadas para vacunarse pero sus lugares fueron usados para vacunar a otras personas, usando sus nombres. Desde el Ministerio de Salud bonaerense argumentaron a LA NACION que "se postergaron sus turnos porque no habían llegado las dosis al hospital" y que, "cuando llegaron, se les dio el turno". Diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron respuestas con un proyecto de resolución.

En Morón, los bloques de concejales opositores pretenden interpelar al intendente, Lucas Ghi (Frente de Todos), para pedir "explicaciones de la implementación del plan" y un listado de vacunados. Una de las denuncias públicas es que se habría vacunado a una decena de administrativos del PAMI. Cuando trascendió la acusación, el intendente Ghi aseguró a LA NACION que no tiene "constancia de que se haya vacunado a ninguna persona menor de 70 años que no estuviera contemplada".

El caso de la posible vacunación de militantes kirchneristas en Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), sigue generando consecuencias. Habrá una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para definir si se abre el registro de vacunados con las primeras 450 dosis que llegaron al distrito.