Derogan por ley la obediencia debida

El Senado convirtió anoche en ley la derogación de la obediencia debida y del punto final, en un rápido trámite que impidió la intervención que se esperaba desde la Casa Rosada para "cajonear" la medida.

Los senadores del PJ acordaron con sus pares de la UCR tratar sobre tablas el proyecto aprobado anteanoche por Diputados, durante la misma sesión en que se repudió el último golpe militar, en su 22¼ aniversario.

La derogación de las dos leyes sancionadas durante el gobierno radical no tiene efecto práctico y sólo representa un gesto simbólico y político.

El senador Jorge Yoma propuso acelerar el tratamiento y sus correligionarios lo aceptaron. Ahora será Menem el que tendrá que pagar el costo político del veto que anunció.

El Senado derogó la ley de obediencia debida

Ratificó así la media sanción de anteayer en Diputados.

El Senado aprobó anoche y convirtió en ley la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final, en una sesión de trámite de sorprendente celeridad. La Cámara de Diputados había dado anteayer media sanción a esa iniciativa de los diputados de la Alianza Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, la cual causó una controversia de casi dos meses.

El bloque justicialista del Senado impulsó la sanción urgente de esta ley para evitar las presiones del Poder Ejecutivo tendientes a "cajonear" la propuesta y pagar un alto costo político. Los peronistas acordaron con la bancada radical tratar el proyecto sobre tablas (con el voto de dos tercios de los presentes), y aprovecharon así la sesión prevista para recordar y condenar el vigésimo segundo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En el Senado, Jorge Yoma apuró ayer el trámite de la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. "Si no la tratamos ahora no sale más. Que en el Ejecutivo se arreglen con los militares", dijo.

La propuesta obtuvo el consenso de propios y ajenos. La derogación no tiene efectos jurídicos sobre el pasado, sino un carácter meramente simbólico. Así, no modifica la situación legal de los militares que se beneficiaron con estas medidas del gobierno de Raúl Alfonsín.

El senador Raúl Galván (UCR-La Rioja) advirtió: "La derogación no va a ser inocua, porque puede abrir nuevos procesos en el país. Espero que sea para la reconciliación y no para abrir viejas heridas".

José Manuel De la Sota (PJ-Córdoba) consideró que ésta era "una clara señal para afirmar la memoria. Derogamos lo que fue útil en un momento, pero estas leyes no pueden ser el basamento del futuro".

En el debate no faltaron los dardos entre el PJ y la UCR, que se remontaron a la responsabilidad que cada partido tuvo en el pasado. Se criticó a Alfonsín por estas leyes, y a Menem por los indultos a los comandantes del proceso militar.

La sesión de anteayer

El debate de anteayer en la Cámara baja había dejado como saldo una maratón de discursos que, con diversos matices, rechazó el último golpe militar. La aprobación de la derogación de las leyes en cuestión fue casi unánime: sólo el diputado Alvaro Alsogaray (Ucedé), fiel a sus principios, votó en contra del proyecto, mientras que Juan Carlos Olima (País) prefirió abstenerse.

El legislador bordonista expresó sus dudas respecto de la efectividad de la derogación: "Si supiera que nuestro voto positivo servirá para calmar el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos, no tendría duda en expresarme en ese sentido. Pero me pregunto si con esta discusión realizamos una contribución a la pacificación nacional".

La Alianza no había ocultado su satisfacción por la marcha atrás del PJ que, presionado por el Poder Ejecutivo, debió contener la difusión de las controvertidas listas de civiles que participaron en la última dictadura.

Las listas serán remitidas a la Comisión de la Verdad, que será integrada por doce legisladores.

El bloque de diputados justicialistas negó ayer que el nombre del actual secretario de Lucha contra la Drogadicción, Julio César Aráoz, figure en la lista de colaboradores de la dictadura militar. La Nación publicó anteayer, de acuerdo con altas fuentes legislativas de la Cámara baja, que el funcionario del Poder Ejecutivo figuraba en las polémicas listas.

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