Desestimaron la denuncia contra el juez Ramos, acusado de esconder su nexo con un político y mentirle al Congreso

El juez federal Sebastián Casanello desestimó hoy la denuncia presentada por el oficialismo contra el juez federal Sebastián Ramos, que el 23 de febrero declaró en la Comisión de Juicio Político que investiga a los ministros de la Corte y que, según la acusación, mintió para ocultar su relación con un funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

El fundamento de Casanello para cerrar el caso fue la falta de impulso fiscal. La semana pasada, Guillermo Marijuan, el fiscal que tenía delegada la causa, sostuvo que no había nada por investigar porque los hechos denunciados “no constituyen delito”.

El juez había sido denunciado por un supuesto intento de esconder su relación “de confianza” con el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro. Cuando Ramos declaró en el Congreso, dijo que no estaba alcanzado por “las generales de la ley” (vínculos tales como parentesco o interés con las partes) y negó, ante una pregunta directa, tener un “vínculo sistemático” con el funcionario porteño.

Según los diputados oficialistas, mintió y eso quedó a la vista después de que se conocieron supuestos chats -que los legisladores dieron por ciertos- entre el magistrado y D’Alessandro en los que hablan con familiaridad; Ramos le dice “Tano” al ministro y el funcionario se refiere al juez como “amigo”; el magistrado le agradece un auto que le habían entregado, le pide por un trámite policial, le agradece sus gestiones y le propone “comer algo en el club”. La denuncia fue presentada por la diputada Carolina Gaillard, en su rol de presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Casanello explicó en su fallo que el sistema acusatorio, “como sistema procesal que salvaguarda la imparcialidad del juzgador, exige que la investigación sea impulsada por un órgano distinto e independiente al Poder Judicial” (el fiscal) y afirmó: “Frente a la solicitud del acusador de desestimar la denuncia, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hallan satisfechos toda vez que el Fiscal ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal, a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”.

Los argumentos de Marijuan

Marijuan había sostenido en su dictamen que “el falso testimonio debe incidir sobre algo sustancial, que pueda desviar o turbar el curso de la actividad judicial, y no sobre circunstancias secundarias que no alteran el contenido objetivo de la deposición”. El fiscal destacó que la supuesta relación es con D’Alessandro, que no es a quien se está investigando en el Congreso (los investigados son los cuatro jueces de la Corte).

“No obstante, tampoco surge de la denuncia de qué manera la respuesta del testigo a la pregunta ha sido falsa”, afirmó Marijuan, que subrayó que la consulta a Ramos en el Congreso no fue si conocía a D’Alessandro sino si tenía con él un “vínculo sistemático”.

Además, el fiscal dijo que las “supuestas conversaciones” entre el juez y el funcionario, presentadas como “filtraciones”, no pueden ser incorporadas como prueba en ningún proceso penal “sin dañar las bases constitucionales fundamentales que rigen su desarrollo”.