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Destrabó la Justicia la megacausa de la ESMA
La Cámara de Casación falló tras cuatro años de demora
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La Cámara Nacional de Casación Penal destrabó ayer el más demorado de los casos de derechos humanos y, después de cuatro años, convalidó la reapertura de la causa en que se investigan los crímenes ocurridos en la ESMA.
Fue en el caso del ex marino Raúl Scheller, que se había opuesto a que lo juzgaran basándose en la amnistía que otorgaba la ley de obediencia debida.
La Cámara de Casación fue terminante. Sostuvo que no hay margen para volver a discutir un tema ya resuelto por la Corte: las leyes exculpatorias son inconstitucionales. Nadie puede ampararse en ellas para evitar ser investigado por los crímenes del terrorismo de Estado.
El caso Scheller, en Casación desde 2003, es una larga historia de enredos. Los querellantes rechazaron a casi todos los jueces y la causa deambuló sin un tribunal que lo resolviera. Se convirtió en un caso paradigmático en materia de demoras. El mes pasado, la Corte decidió intervenir. Ordenó que la Sala II resolviera el caso y le pidió que tomara medidas urgentes para que la causa avanzara de una vez. Fue un mes después de recibir un informe de la Procuración, en el que le advertían que había demoras en cientos de causas de derechos humanos.
Para la Justicia, la lentitud obedece a falencias operativas del sistema judicial. El Gobierno disiente. El presidente Néstor Kirchner responsabilizó a la Casación de frenar esas causas por razones ideológicas. Con el apoyo del oficialismo, organismos de derechos humanos promovieron en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra tres miembros de la Cámara. Uno de ellos es el juez Alfredo Bisordi, el único que respondió a Kirchner. Lo acusó de pretender manejar a los jueces por televisión y de querer "la suma del poder público". Entonces, Bisordi era el presidente del tribunal.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, hoy designado como el próximo ministro de Justicia, fue entonces quien le respondió: "Doctor, haga un favor a la Patria: váyase".
La Corte siempre intentó mantenerse al margen del enfrentamiento. Sólo se pronunció cuando la pelea había llegado a su punto álgido para pedir "mesura, equilibrio y respeto a la independencia judicial".
Uno de los motivos de los pedidos de juicio político contra los camaristas es, justamente, el caso Scheller.
Ex oficial de la ESMA, Scheller fue, según la Conadep, uno de los responsables de los crímenes de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. En 2003, presentó su recurso ante la Casación contra la reapertura de la causa ESMA.
Ayer, los jueces Pedro David, Gustavo Mitchell y Juan Fégoli rechazaron ese pedido. Dijeron que no podían apartarse del fallo Simón, de la Corte, porque el máximo tribunal es "intérprete supremo de la Constitución Nacional" y porque Scheller no había aportado "argumentos novedosos" no contemplados en aquel precedente.
"A fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la supresión de las leyes de punto final y obediencia debida resulta impostergable", sostuvieron los camaristas.
Ayer, los organismos de derechos humanos celebraron el fallo de la Casación. "Finalmente no habrá más obstáculos para que la causa ESMA vaya a juicio -dijo a LA NACION Carolina Varsky, abogada del CELS-. Lo que se necesita ahora es avanzar en los juicios y preparar una estrategia para agilizar los procesos."
En estos años, otras partes de esta megacausa ESMA siguieron avanzando en el tribunal del juez federal Sergio Torres. Por ejemplo, la que investiga al ex prefecto Héctor Febres. Torres cerró la instrucción y en este momento el caso está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 5.
Las trabas que sufrió el caso Scheller se debieron a las recusaciones de las partes y las excusaciones de los jueces. Las mayores demoras fueron para resolver las objeciones de los querellantes, que rechazaron la intervención de todos los camaristas. Se designaron abogados para reemplazarlos, pero varios de ellos también fueron cuestionados. Cada uno de estos trámites demoró meses.
El año pasado parecía que la causa estaba encaminada. Había quedado radicada en la Sala IV y los jueces Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Capolupo fijaron la audiencia final -paso previo para llegar a la sentencia- para el 18 de marzo de 2007. Pero, una vez más, el caso se quedó sin jueces.
Llegó a la Cámara la noticia de que los organismos de derechos humanos habían promovido el juicio político de estos tres jueces y de Bisordi. Entonces, fueron los defensores de Scheller os que se opusieron a que los magistrados acusados resolvieran el caso. Alegaron que los juicios políticos eran "presiones" sobre ellos.
Los enredos siguieron. El caso pasó de la Sala IV a la II, que había sido la primera que había recibido el caso. Pero los jueces de la Sala II se excusaron. Intervino el Tribunal Oral Federal Número 2 y se generó un conflicto de competencia entre estos dos tribunales.
Sólo se resolvió con la intervención de la Corte, que devolvió el caso a la Sala II para evitar "una privación de justicia". Fue entonces cuando el máximo tribunal advirtió sobre la "gravedad inusitada" de estas demoras.
Por Por Paz Rodríguez Niell <br/> De la Redacción de LA NACION
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