La Cámara de Diputados funciona como el dique que contiene la avanzada legislativa de Cristina Kirchner

Las últimas semanas mostraron de manera descarnada cómo Cristina Kirchner avanza en la conquista del poder en la coalición oficialista, opacando cada día más al presidente Alberto Fernández. Sin embargo, ese avance arrollador parece haber encontrado en la Cámara de Diputados un obstáculo, por ahora insuperable, para la vicepresidenta.

Lo atestiguan la media docena de controvertidos proyectos de ley cuya rápida sanción Cristina Kirchner logró en el Senado, pero que llevan meses empantanados en la Cámara baja.

Si bien nadie en el oficialismo alzará la voz contra la vicepresidenta, lo cierto es que la falta de resultados empieza a hacer mella en el sector más racional del bloque del Frente de Todos. “Si Diputados no garantiza el número, no podemos seguir así, no tiene sentido”, razonaba días atrás una senadora oficialista en diálogo con LA NACION.

El malestar por el uso del Senado para “resolver cuestiones personales” ya fue motivo de varias quejas de la oposición. El radical Martín Lousteau (Capital) criticó a Cristina Kirchner por abocar a la Cámara alta a su propia agenda mientras el país atravesaba los momentos más duros de la pandemia de Covid-19.

Ese reclamo vuelve a cobrar fuerza este año. Varios senadores de Juntos por el Cambio, encabezados por Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), quieren “sacar al Senado de la agenda judicial” y dedicar los esfuerzos y recursos legislativos a reactivar la economía.

Además de los proyectos, deben contarse las horas de debate consumidas por el oficialismo en su intento de escarmentar a Eduardo Casal y Carlos Stornelli en la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público. A pesar de que el kirchnerismo cuenta con mayoría absoluta, los constantes y repetidos embates a lo largo de todo 2020 –que prometen continuar este año– contra el procurador interino y el fiscal siguen sin prosperar, al punto que ambos funcionarios reivindican de manera pública que no piensan renunciar.

A la cabeza de la lista de proyectos demorados está la reforma del Ministerio Público Fiscal. La gran apuesta de la vicepresidenta es aliviar su situación procesal, y qué mejor manera para hacerlo que controlar a los fiscales.

En una jugada a tres bandas, la iniciativa busca desplazar a Casal de la jefatura interina de la Procuración para colocar a un fiscal más acorde con los cánones kirchneristas; darle más poder a la política en el jury de enjuiciamiento, y, de paso, herir de muerte la candidatura del juez Daniel Rafecas como procurador general, propuesta por Alberto Fernández el año pasado y demorada desde entonces en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Además, esperan su debate en la Cámara de Diputados iniciativas como la creación de una comisión bicameral para investigar los préstamos otorgados por el Banco Nación a la cerealera Vicentin y la suspensión de la figura de las sociedades anónimas simplificadas (SAS).

Completa la nómina el intento de licuar el poder de los tribunales de Comodoro Py. Si bien el proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y Cristina Kirchner tomó distancia, negándole la condición de reforma judicial, lo cierto es que la vicepresidenta trabajó junto al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, para “mejorar” el texto elaborado por la entonces ministra Marcela Losardo.

Los dedos acusadores en el oficialismo del Senado suelen apuntar a Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, como responsable del estancamiento de esas iniciativas.

Pero hay un dato insoslayable que el kirchnerismo omite a la hora de hablar del tema, y es que el bloque oficialista de la Cámara baja lo preside Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta. ¿Quién mejor que él para garantizarle a la vicepresidente la sanción de sus proyectos? En el oficialismo del Senado no hay una respuesta unificada a este interrogante.

Algunos creen que la vicepresidenta, así como no acuerda nada con la oposición, tampoco lo hace con su hijo ni con Massa a la hora de impulsar su propia agenda política en el Senado. Otros piden leer entre líneas y aseguran que el empantanamiento de algunos proyectos responde a la interna, feroz, pero silenciosa, entre La Cámpora y el Instituto Patria. Por último, hay quienes aseguran que, más allá del resultado final, las largas horas de debate tienen por finalidad exponer públicamente y presionar a los apuntados por la vicepresidenta.

Según la ley 13.640, que estipuló hace más de 70 años el régimen de caducidad de los proyectos de ley, las iniciativas impulsadas por la vicepresidenta mantendrán su vigencia hasta febrero de 2023.

Este horizonte convierte en claves las elecciones legislativas de medio término de este año, en las que el kirchnerismo tendrá una oportunidad para conseguir la decena de bancas que lo separan del quorum propio y, por lo tanto, del dominio de la Cámara de Diputados.

Cristina Kirchner es consciente de que una buena parte de la paz judicial que viene buscando desde que volvió al poder, en diciembre de 2019, se juega en esos comicios. Con ese objetivo en la mira, ya empezó a mover sus fichas en el tablero peronista con la intención de garantizarse, otra vez, la mayor cantidad de candidatos a diputados nacionales leales en todos los distritos.

Sin embargo, la vicepresidenta sabe que la madre de todas las batallas será en la provincia de Buenos Aires. En ese territorio, en el conurbano, para más datos, es donde puede sacar la diferencia que le permita controlar el último bastión del Congreso que aún resiste a sus “superpoderes”.

Por Gustavo Ybarra

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