Hay sesión en Diputados: el Gobierno busca aprobar dos de sus principales apuestas económicas
Pro, la UCR y los bloques provinciales que ayer evitaron la sesión por Adorni vuelven a sostener al oficialismo y habilitan el avance del “Súper RIGI” y el acuerdo con dos holdouts; se esperan más de 12 horas de debate
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El Gobierno buscará hoy avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.
La sesión especial comenzó sobre la hora con 129 diputados con el respaldo de los mismos aliados que ayer le dieron una tregua al oficialismo al impedir el debate para interpelar a Manuel Adorni. Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de Provincias Unidas y distintos bloques provinciales -como los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos cercanos a Marcelo Orrego, los salteños de Gustavo Sáenz, los catamarqueños vinculados a Raúl Jalil- volvieron a acompañar a La Libertad Avanza (LLA) y garantizaron el quórum.
El debate comenzará con la renuncia de Adrián Ravier, el diputado libertario que asumirá como vocero presidencial. Lo reemplazará el bullrichista Martín Matzkin, que se desempeñó hasta hoy como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. Los cambios se someterán a consideración del recinto. Se esperan más de 12 horas de debate entre exposiciones, homenajes y cuestiones de privilegio.
Además de los dos proyectos económicos, la Cámara discutirá una serie de convenios internacionales vinculados con la doble imposición y la evasión fiscal con Francia, la cooperación para desalentar la pesca ilegal y acuerdos de seguridad social con Suiza y San Marino.
El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a convertirlo hoy en ley. El “Súper RIGI”, en cambio, inicia su recorrido legislativo en Diputados y el oficialismo busca otorgarle media sanción para enviarlo a la Cámara alta.
“Súper RIGI”
El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.
El esquema limita, además, la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos.
Durante el debate en comisiones se incorporaron cambios impulsados por los bloques aliados. Entre ellos, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.
También se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en su área de influencia.
Holdouts
El acuerdo con Bainbridge y Attestor contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino.
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