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Diputados: el Gobierno informó que recortó más de 81.000 puestos estatales y anticipó una nueva ley de semillas
Durante el debate del Presupuesto 2027, funcionarios del Ministerio de Desregulación detallaron que el empleo estatal se redujo en un 16% desde la llegada de Milei al poder; el oficialismo apura el diálogo con aliados para sancionarlo en noviembre en la Cámara baja
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El gobierno de Javier Milei redujo 81.108 puestos de trabajo en el Estado nacional desde diciembre de 2023, una disminución del 16% de la dotación total del sector público. Así lo informó Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco del debate del presupuesto 2027.
El oficialismo mantiene conversaciones con aliados y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con la intención de llegar a un texto en común. Apuntan a sancionarlo en la Cámara baja a mediados de noviembre. “No está cerrado”, admitieron a LA NACION referentes de dos bloques diferentes que suelen votar junto al Gobierno. Se espera que las negociaciones presupuestarias continúen a lo largo de toda la semana: los libertarios buscan dictaminar lo antes posible.
Fariña detalló, además, que más de 6200 empleados públicos aceptaron retiros voluntarios y que el Gobierno eliminó 26 organismos nacionales. También anticipó que el Ejecutivo trabaja en un sistema único de liquidación de salarios para 2027.
A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció que se prepara una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario.
Según precisó Fariña, casi 47.000 de las bajas corresponden al personal civil de la Administración Pública Nacional y otras 22.000 a las empresas públicas. La reducción continuó durante este año, con cerca de 20.000 puestos menos entre enero y septiembre de 2026.
Uno de los mecanismos utilizados fue la implementación de programas de retiros voluntarios en más de 15 organismos y empresas estatales. Hasta el momento, 6254 trabajadores aceptaron desvincularse del Estado mediante este sistema. Entre las dependencias con mayor cantidad de adhesiones figuran ANSES, PAMI y Corredores Viales, con más de 1000 retiros cada una; el INTA, con más de 800, y Vialidad Nacional, con más de 600.
El funcionario también contó el impacto del régimen de disponibilidad, una herramienta que permite reubicar o desvincular empleados cuando se eliminan funciones o se reorganizan organismos. Según indicó, durante 2025 unas 200 personas ingresaron a ese sistema, de las cuales 38 fueron reasignadas a otras dependencias.
La reducción de personal estuvo acompañada por una reorganización de las estructuras estatales. Según Fariña, el Gobierno pasó de 117 organismos nacionales a 91, una disminución del 22%. También redujo de 307 a 192 los cargos de autoridades superiores, entre ministros, secretarios y subsecretarios, y de 2476 a 1994 los puestos de alta dirección. Estas últimas modificaciones, sostuvo, representan un ahorro anual de $50.000 millones en salarios de funcionarios y autoridades.
Como ejemplo de la reorganización, mencionó el caso de Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos pasaron de 1543 a 176. “Nos encontramos con un cargo cada tres personas”, señaló, en referencia a la estructura previa del organismo, que contaba con alrededor de 5300 empleados. También destacó la reducción de 891 a menos de 260 cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Un nuevo sistema para liquidar salarios
En paralelo, Fariña anticipó que el Gobierno trabaja en la implementación de un sistema único de recursos humanos y liquidación de salarios para 2027, con el objetivo de unificar los mecanismos de pago, el control de ausencias y la detección de incompatibilidades.
“Hoy tenemos más de 150 sistemas diferentes o áreas administrativas dentro del Estado nacional. Cada una tiene su propio sistema de liquidación, sus propias reglas y diferentes software”, explicó. Según sostuvo, esa fragmentación dificulta el control y la auditoría del empleo público.
También destacó que el Gobierno eliminó la obligación de comprar combustible exclusivamente a YPF y abrió la contratación a otras petroleras mediante licitaciones competitivas. Según estimó, el nuevo esquema permitirá ahorrar $7000 millones en 2027.
Una nueva ley de semillas y más desregulaciones
A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anticipó que el Gobierno trabaja en una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y promover inversiones en el sector agropecuario.
“Necesitamos avanzar hacia una nueva ley que asegure esa inversión en innovación y cierre completamente las brechas de productividad que tenemos en el agro”, sostuvo. Como primer paso, destacó una resolución que modificó los mecanismos de fiscalización del uso de semillas para garantizar el reconocimiento de la innovación.
La iniciativa se negocia con entidades rurales, productores y empresas semilleras nacionales e internacionales, con la intención de alcanzar un consenso antes de enviarla al Congreso.
Cacace también defendió la política de desregulación del Gobierno y sostuvo que las principales dificultades para el comercio exterior no provienen de los aranceles, sino de las restricciones administrativas.
“El reclamo más fuerte que nos hacen los socios comerciales no es por los aranceles, sino por las barreras no arancelarias, por todas las trabas regulatorias que tenemos que impiden el comercio”, afirmó.
En ese sentido, destacó la eliminación de controles duplicados para facilitar el ingreso de productos autorizados en países con organismos reguladores reconocidos.
Como ejemplo de los resultados de esa política, señaló que, tras la derogación de una resolución de 2012 que restringía el patentamiento químico-farmacéutico, las patentes aprobadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pasaron de un promedio de 60 a 120 mensuales, según las cifras que presentó.
El funcionario vinculó esa reforma con nuevas inversiones, entre ellas la creación de un centro de investigación de Pfizer para ensayos clínicos en la Argentina y un memorándum firmado por una cámara de laboratorios extranjeros con el Ministerio de Salud, que contempla inversiones por US$8000 millones para los próximos años.
Finalmente, anticipó que el Gobierno continuará revisando las regulaciones del Senasa y la Anmat para simplificar los procesos de producción, comercialización e importación.
