Diputados: cuáles son los cargos que el oficialismo le hace a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Luego de diez meses de investigación, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados ingresó en la etapa final en el proceso de enjuiciamiento contra los cuatro miembros de la Corte Suprema. El oficialismo, decidido a acusarlos por mal desempeño en sus funciones, trasladó los cargos a los magistrados, que tendrán un plazo de diez días hábiles para realizar su defensa si lo creen conveniente, ya que no es una instancia obligatoria.

El oficialismo fijó para el 7 de noviembre próximo la audiencia para recibir a los magistrados que, no obstante, pueden optar por no concurrir y presentar un escrito. Culminado este trámite –el de la defensa- los legisladores estarán en condiciones de elaborar los dictámenes correspondientes, uno por cada juez acusado: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Los tiempos políticos apremian para el oficialismo, ya que el 17 del mes próximo vence el plazo reglamentario que tienen las comisiones para emitir dictámenes antes de que se produzca la renovación parcial de la Cámara, el 10 de diciembre. Ante el riesgo de perder la mayoría que hoy ostenta en la Comisión de Juicio Político, el kirchnerismo está decidido a acelerar el final de la investigación.

Los cargos contra los cuatro jueces de la Corte se fundamentan en tres de sus fallos: el que benefició a condenados por los crímenes de lesa humanidad (conocido como fallo Muiña o 2x1); el que modificó la integración del Consejo de la Magistratura y aquel por el cual benefició a la ciudad de Buenos Aires con la devolución de recursos coparticipables.

Hay una cuarta causal de acusación, en este caso por supuestas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial. Por ahora el único acusado es el juez Maqueda, pero el oficialismo no descarta incluir a los demás magistrados.

Rechazo de JxC

Juntos por el Cambio rechazó los cargos e insistió en que todo el proceso contra el máximo tribunal fue orquestado para enlodar a los jueces por no ser funcionales a los intereses del Gobierno. Cristina Kirchner, por caso, ha llegado a acusar a la Corte de instigar una persecución judicial en su contra.

“El origen de este embate contra la Corte Suprema es una sentencia que dictó el 21 de diciembre de 2022, una medida cautelar, por la cual suspendió la aplicación del decreto del Gobierno por el cual le quitó a la ciudad de Buenos Aires fondos de coparticipación para derivarlos a la provincia de Buenos Aires”, rememoró el diputado Pablo Tonelli. “Fue entonces cuando el presidente Alberto Fernández y el oficialismo impulsaron el juicio político a la Corte para no cumplir con ese fallo”, añadió.

Tonelli aseveró que, a su juicio, las pruebas reunidas contra los magistrados “de ninguna manera revelan motivos para enjuiciar a la Corte”, sostuvo, a lo que el diputado Alvaro González, también de Juntos por el Cambio, agregó que toda esta investigación “va a dormir el sueño de los justos” porque el oficialismo no reúne los dos tercios de los votos en el recinto para acusar a los jueces.

“El motivo de la apertura de este juicio político era discutir durante todo el año estas acusaciones contra la Corte pese a que todos sabíamos que no iban a poder llevarse al recinto. Esa fue la decisión política del oficialismo”, sostuvo.

Los cargos

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, enumeró los cargos que apuntan contra los cuatro jueces de la Corte.

• Caso Coparticipación. Al juez Rosatti le imputó no haberse excusado causa cuando, a su juicio, era su obligación “a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad en atención a los vínculos de íntima confianza entre el Director General de la Vocalía, Silvio Robles con el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, (Marcelo D’Alessandro)”.

También le imputó, al igual que a los otros tres jueces del tribunal, el haber violado el orden jurídico vigente “desconociendo el sistema federal de gobierno”, como así también el hecho de incurrir en “la vulneración del sistema republicano federal, equiparando el rango de la CABA al de una provincia” y el haber desconocido el costo presupuestario que implicaba este fallo.

• Caso Consejo de la Magistratura. El oficialismo apuntó contra Rosatti por haberse ungido como presidente de la Corte por el “autovoto” y por haber intervenido en un caso cuya sentencia “lo beneficiaba personalmente al colocarlo “ipso iure” en la presidencia del Consejo de la Magistratura”.

Además le atribuyó, al igual que a los demás jueces de la Corte, la decisión de resucitar una ley derogada para modificar la integración del cuerpo “ejerciendo facultades legislativas que la Constitución ha asignado al Congreso de la Nación” y haberle otorgado a ambas cámaras legislativas un plazo “de imposible cumplimiento” para que sancione una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. A juicio de los oficialistas, el propósito de la Corte fue cooptar el control de este cuerpo.

• Caso 2x1. En esta causal sólo aparecen apuntados los jueces Rosatti y Rosenkrantz. Se les atribuye el haber incumplido el orden jurídico, los tratados internacionales vigentes y no convocar a la comisión Inter poderes, creada para seguir las causas sobre lesa humanidad. Les imputan, además, el haber apurado un fallo para garantizar la continuidad de la exjueza Elena Highton de Nolasco en la Corte y, así, alcanzar la mayoría.

Todavía está en etapa de investigación una quinta causal de juicio político, en este caso por abuso de poder. Los oficialistas apuntan contra Rosenkrantz, mientras que la Coalición Cívica señala a Lorenzetti por supuestas irregularidades cometidas mientras ejerció la presidencia de la Corte Suprema.

Los diputados Juan López y Paula Oliveto, ambos de la CC, habían solicitado la comparecencia de cuatro testigos: Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti. Sin embargo, ninguno de ellos asistió.

“No nos sorprende estas ausencias; el ministro de la Corte viene ejerciendo presiones y llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”, fustigó López.