Diputados: el plan desregulador de Sturzenegger encuentra resistencias en el bloque libertario
El proyecto “hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación, despierta reparos entre oficialistas y aliados; en cambio, hay consenso para avanzar con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
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El ímpetu desregulador del ministro Federico Sturzenegger empieza a generar incomodidad dentro del propio oficialismo. En el bloque libertario de la Cámara de Diputados surgieron reparos para avanzar con el denominado proyecto “hojarasca”, una iniciativa orientada a derogar unas 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas o contrarias a las libertades individuales.
Aunque forma parte del paquete de reformas que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el proyecto enfrenta resistencias. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado. Sin embargo, aun en este nuevo intento no logra despertar entusiasmo entre oficialistas y aliados.
Según pudo saber LA NACION, el oficialismo evaluó en algún momento llevarlo al recinto junto con la reforma de la ley de glaciares, pero finalmente descartó esa posibilidad. La decisión respondió a dos motivos.
El primero fue estratégico. En el bloque libertario prefirieron evitar una agenda recargada en una misma sesión. La discusión por la ley de glaciares ya era, por sí sola, un tema sensible que obligaba a cuidar los votos en un contexto político y judicial complejo para el Gobierno.
El segundo tiene que ver con diferencias internas que todavía persisten en torno al contenido del proyecto. Uno de los puntos que genera mayor debate es la derogación de la norma que permite a los legisladores obtener una credencial para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos.
En el texto oficial, el Gobierno considera que se trata de un privilegio incompatible con el principio de igualdad ante la ley. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma”, sostiene la iniciativa.
Pero dentro del propio oficialismo el argumento genera resistencias. Algunos diputados prefieren hablar de “utilidad” antes que de privilegio. “Muchos legisladores llegan por tierra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, [Axel] Kicillof te corta las rutas para impedir que llegues a votar una ley?”, argumentó un referente libertario para defender la continuidad de esa credencial.
Los cuestionamientos no terminan allí. Abogados del espacio advierten que, desde el punto de vista jurídico, no es imprescindible derogar leyes consideradas obsoletas. “Una ley nueva deja sin efecto a una anterior”, explican. Aunque reconocen que la iniciativa contribuye a engrosar el número de reformas impulsadas por el Gobierno, varios legisladores creen que abrir esa discusión ahora puede “entorpecer” otras negociaciones más prioritarias en el Congreso.
Entre ellas aparece la reforma electoral que promueve el Poder Ejecutivo, que busca eliminar las primarias, reducir el financiamiento estatal de los partidos y limitar la proliferación de los llamados “sellos de goma”.
Cerca de Sturzenegger reconocen que desde el bloque oficialista se transmitieron estas inquietudes, aunque relativizan su peso. “Se pueden discutir varios temas a la vez. No hay que subestimar la importancia del ordenamiento legislativo”, sostuvo un funcionario del área
El proyecto “hojarasca” también propone eliminar el aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, otros dos puntos que generan incomodidad en distintos sectores de la Cámara.
Aun así, la iniciativa podría comenzar a debatirse la semana próxima en la Comisión de Legislación General, presidida por el libertario Santiago Santurio. En ese ámbito se evalúa convocar a funcionarios del Ministerio de Desregulación para que expliquen los alcances de la propuesta.
Patentes
La discusión se dará en paralelo con otra iniciativa que sí genera mayor consenso dentro del oficialismo: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Se trata de un compromiso asumido por la Argentina en el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que establece como fecha límite el 30 de abril para su aprobación.
Existe incluso un antecedente legislativo: un proyecto con media sanción del Senado desde 1998 que nunca fue tratado por Diputados. El oficialismo planea retomar ese texto, introducir modificaciones y devolverlo a la Cámara alta para su sanción definitiva. Esto es posible porque, a diferencia de los proyectos de ley comunes, los convenios internacionales no pierden estado parlamentario con el paso del tiempo.
La adhesión al tratado busca alinear el sistema argentino con estándares internacionales en materia de patentes, lo que implicaría adaptar la legislación local a las reglas globales de propiedad intelectual. La medida tendría impacto directo en sectores sensibles como la industria farmacéutica y la producción de semillas.
En el sector farmacéutico y agropecuario advierten que este cambio facilitaría a las empresas extranjeras obtener protección de patentes en el país, lo que podría afectar la competitividad de las compañías nacionales. Uno de los puntos que genera mayor preocupación es que la adhesión al PCT permitiría extender hasta 18 meses adicionales la vigencia de las patentes de medicamentos concedidas en la Argentina.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) es una de las entidades que más enfáticamente rechaza la iniciativa.
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