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Diputados empieza a debatir hoy la baja de la edad de imputabilidad
El oficialismo impulsa la discusión para marcar agenda y exhibir gestión en seguridad; propone que la responsabilidad penal empiece a los 13 años; en total, se debaten 15 iniciativas distintas
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En un intento de reconducir la agenda legislativa, el Gobierno impulsa un tema sensible: la reforma del régimen penal juvenil. Este martes a las 16, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia, y Presupuesto y Hacienda, comenzará el tratamiento conjunto de 15 proyectos que buscan reemplazar la ley vigente.
La cumbre será presidida por la diputada de Pro Laura Rodríguez Machado, una aliada a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad.
La Casa Rosada ve en este debate una oportunidad política. Tras meses de enfrentamientos con la oposición en el Congreso, busca capitalizar el avance de este proyecto como una victoria institucional que exhibir en las dos semanas finales de la campaña porteña, donde La Libertad Avanza se juega una pulseada clave. El oficialismo pretende convertir el nuevo régimen penal juvenil en una bandera electoral para mostrar gestión en materia de seguridad.
El dilema de la edad
Uno de los núcleos más controversiales del debate es la edad mínima de imputabilidad. El proyecto del Gobierno propone bajarla de 16 a 13 años, el umbral más bajo de todas las propuestas.
Un amplio grupo de proyectos -entre ellos los de Pro, Roxana Reyes (UCR), Carla Carrizo (Democracia) y la Coalición Cívica- plantea fijarla en los 14 años, aunque con matices. Carrizo limita esa posibilidad a delitos cuya pena máxima supere los diez años. Reyes, en cambio, permite el juicio penal solo en casos violentos y establece penas diferenciadas por edad. También Diego Giuliano, de Unión por la Patria pero alineado con el massismo, propone la imputabilidad a partir de los 14 y se desmarca del resto de su bloque.
En la vereda opuesta están los proyectos que sostienen la edad vigente. Natalia Zaracho -referente del Frente Patria Grande de Juan Grabois- y el bloque mayoritario de Unión por la Patria, con una iniciativa firmada por Eugenia Alianello, proponen mantener el piso de 16 años y crear un régimen paralelo centrado en medidas socioeducativas y acompañamiento integral.
Penas máximas y proporcionalidad
Las propuestas también divergen en la escala y los topes de las penas. El texto oficialista establece un límite de 20 años de prisión y prohíbe expresamente la reclusión perpetua. En contraste, la exoficialista Lourdes Arrieta plantea penas de hasta 35 años y habilita la cadena perpetua, con revisión judicial a los 20 años. Su proyecto endurece el régimen penal e introduce sanciones civiles y penales para padres o tutores que hayan actuado con negligencia o complicidad.
El proyecto de Reyes establece penas de hasta cinco años para jóvenes de 14 y 15 años, y hasta diez para los de 16 y 17. La Coalición Cívica propone límites aún más acotados: tres y cinco años, respectivamente. Carrizo fija un tope general de diez años y establece que ningún adolescente pueda recibir una pena más severa que la prevista para un adulto.
Los textos de Pro y de Giuliano no definen topes específicos, pero contemplan escalas proporcionales según la edad y la gravedad del delito. En tanto, los proyectos de Alianello y Zaracho reducen las penas respecto del Código Penal vigente, bajo el principio de intervención penal mínima.
Medidas alternativas
Un punto de coincidencia transversal es la incorporación de sanciones alternativas al encierro. Todos los proyectos -salvo el de Arrieta, que adopta un enfoque más punitivo- incluyen esquemas de mediación, conciliación, reparación del daño, libertad asistida, tareas comunitarias o círculos restaurativos.
Los textos presentados por Zaracho y Alianello priorizan un modelo socioeducativo. En esos casos, el juicio penal se evita y se reemplaza por un proceso de acompañamiento integral, con asistencia psicológica, talleres, escolarización y seguimiento comunitario. Además, se plantea que las condenas recién comiencen a cumplirse a partir de la mayoría de edad y puedan extenderse, como máximo, hasta los 21 años.
Pro, Giuliano, Carrizo, Reyes y la Coalición Cívica promueven un régimen penal juvenil especializado, con jueces, fiscales y defensores formados en adolescencia, y garantizan el alojamiento de los jóvenes en centros separados de los adultos. También coinciden en la prohibición de la prisión perpetua y en la necesidad de adoptar un enfoque restaurativo.
Implementación progresiva
Solo tres proyectos prevén una aplicación gradual del nuevo sistema. El texto de Pro y el de Giuliano contemplan una cláusula transitoria que suspende su entrada en vigor durante dos años -con posibilidad de una prórroga- para permitir la capacitación de operadores judiciales y la adecuación de infraestructura. Unión por la Patria también sugiere un modelo escalonado, con participación de organismos nacionales y provinciales.
El resto de las propuestas -incluidas las más severas- no prevén plazos de implementación ni mecanismos de transición entre el sistema actual y el nuevo régimen.
