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Diputados: la oposición, dividida, convocó a sesión especial para debatir una nueva fórmula jubilatoria
El debate se realizará el 4 de junio próximo; el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión arrojó cinco dictámenes distintos, pero los bloques de oposición dialoguista y Unión por la Patria buscan un acuerdo
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LA NACIONLaura Serra
Pese a las intensas negociaciones, que se prolongaron hasta último minuto, los diputados de Unión por la Patria y los bloques opositores dialoguistas no lograron esta tarde acordar un dictamen común en torno a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que desplace a la que impuso el gobierno de Javier Milei en el decreto 274/24 de marzo pasado. No obstante, estas bancadas anticiparon que intentarán un último esfuerzo de aquí a la sesión especial a la que convocaron para el 4 de junio.
Por de pronto, el plenario de comisiones de Previsión y de Presupuesto arrojó cinco dictámenes. El bloque de Unión por la Patria se alzó con el de mayoría, seguido por el dictamen que acordaron la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. En tercer lugar se ubicó el dictamen de La Libertad Avanza, que se limita a ratificar el DNU 274/2024 del Ejecutivo. El bloque de Pro, hasta ahora un aliado incondicional del oficialismo, marcó distancia en esta oportunidad con un dictamen propio. El quinto dictamen fue el de la izquierda.
El oficialismo quedó en soledad frente a un escenario de derrota segura en el recinto si los opositores logran cerrar filas de aquí a tres semanas.
“No logramos cerrar un acuerdo, pero podemos llevarnos la convicción de que este plenario de comisiones se manifestó claramente a favor de un proceso de recuperación de los haberes de los jubilados. Aún tenemos la posibilidad concreta de llegar a los acuerdos necesarios de aquí al recinto para alcanzar la mayoría”, confió el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
En rigor, Unión por la Patria y el conglomerado que conforman la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica estuvieron a punto de arribar a un texto consensuado en las horas previas al inicio del plenario de comisiones. Ambos coinciden en que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria debe ir acompañada, en el texto de la ley, de una recomposición total del valor adquisitivo de los haberes jubilatorios tras la pérdida ocasionada por el fogonazo inflacionario de enero pasado, cuando el índice trepó al 20,6%. El Gobierno, en el decreto 274/24 sólo reconoce el 12,5% de ese porcentaje, que ya abonó con el pago de los haberes de abril. Faltan al menos ocho puntos que la oposición insiste en que deben completarse.
Otro punto en común en el que coinciden estos cinco bloques opositores es que la fórmula de movilidad jubilatoria debe ajustarse no solo por el índice de inflación (como propone el DNU del Ejecutivo) sino que debería incorporar la variable salarial (Ripte). Los opositores argumentan que en un escenario eventual de caída de la inflación combinada con subas salariales arrojaría una fórmula a la baja de los haberes, amén que la Corte Suprema ya advirtió, en sucesivos fallos, que la movilidad jubilatoria debe contemplar la variable salarial.
Con esta lógica, los opositores acordaron un esquema de reajustes mensuales de los haberes de acuerdo a la inflación, con un eventual aumento adicional a aplicarse en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte: si este indicador sube por arriba de la inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.
Los opositores también coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. Así estaba planteado en el proyecto de la UCR y Hacemos Coalición Federal, pero Unión por la Patria advirtió que el valor de esa canasta está por debajo de la suma de una jubilación mínima más el bono ($260.141). Finalmente llegaron a un acuerdo.
“Consensuamos que el haber mínimo nunca debe ser inferior al valor de la canasta básica multiplicada por 1,2”, explicó Itaí Hagman (Unión por la Patria).
Las diferencias
Hubo un punto, sin embargo, sobre el que no hubo acuerdo entre estos cinco bloques: cómo financiar las deudas que la Nación tiene con las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación y las 82.000 sentencias judiciales que están pendientes de pago en la Anses. Los diputados por Córdoba insistieron que esos fondos deberían provenir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El bloque de Unión por la Patria, en cambio, sostiene que el FGS debe preservarse y que, en todo caso, los recursos provengan del Tesoro.
“Nosotros no queremos tocar el FGS para pagar los juicios y las deudas por las sentencias firmes que la Anses todavía no pagó. Consideramos que el tesoro las puede pagar sin necesidad de descapitalizar al FGS”, insistieron en Unión por la Patria.
Los intentos por llegar a un acuerdo en este punto se extendieron hasta último minuto, incluso mientras se desarrollaba el debate en el plenario. No hubo caso. El oficialismo respiró tranquilo, aunque el alivio es solo temporario: en el recinto, a la hora de votar, quedará en soledad. Sus aliados de Pro presentaron una propuesta propia e incluso sus socios de interbloque, los legisladores del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), firmaron con disidencias.
“Consideramos que la ley jubilatoria requiere una reforma más profunda y si bien vamos a avalar el DNU 274 del Poder Ejecutivo proponemos incorporar un artículo para completar el refuerzo que se pagó en abril del 12,5% para que llegue al 20,6%”, sostuvo Eduardo Falcone (MID).
El proyecto de Pro, presentado por María Eugenia Vidal, también va en ese sentido, aunque propone que esa diferencia de ocho puntos se pague en una sola cuota. Al igual que el DNU del Ejecutivo, la actualización de los haberes debe ser mensual según el índice IPC. El resto de los bloques opositores rechazaron de plano la oferta, así como también la iniciativa que presentaron los bloques de izquierda que, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto (OPC), tendría un impacto de 21,5 puntos del PBI si es aprobada.
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