Dos jueces archivaron una denuncia contra Insfrán por transferir dinero de la provincia al Partido Justicialista

La Cámara Federal de Casación confirmó el archivo de una causa en la que se investigaba al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por el supuesto desvío de $1.600 millones provenientes de fondos públicos de la provincia para el financiamiento del Partido Justicialista.

El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Carlos Mahiques de la Sala III de la Cámara Federal de Casación con la disidencia del juez Juan Carlos Gemigniani. Los jueces de la mayoría dijeron que no existió delito en las millonarias transferencias cuestionadas.

La causa se originó a raíz de una denuncia que apuntaba a la transferencia de más de 1660 millones de pesos desde una cuenta del gobierno de la provincia de Formosa en el Banco de Formosa hacia una cuenta del Partido Justicialista.

Estos movimientos se registraron entre el 2 y el 7 de octubre de 2024.

El querellante, que es el abogado David Ezequiel Gamarra, denunció que esta maniobra era ilegal y vulneraba la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Argumentaron que el gobierno formoseño había dicho que había descontado a 90 funcionarios jerárquicos sumas de dinero hasta conformar esa suma como aporte al partido, cuando, según un organigrama oficial aportado por los denunciantes, solo existían 38 cargos de ese rango, sospechando que se obligaba a empleados de menor jerarquía a financiar al PJ.

Una ley provincial permite financiar al PJ con estos descuentos.

El archivo de la causa, que ya había sido dictado en primera instancia y ratificado por la Cámara Federal, se fundamenta en la “inexistencia de delito”.

La Justicia determinó que “el dinero no era producto de un desvío ilegal de fondos públicos, sino de deducciones lícitas y voluntarias” practicadas a los haberes de los funcionarios públicos con rango jerárquico afiliados al PJ.

La justicia estableció que la operatoria estaba respaldada por normativas vigentes: las leyes nacionales de partidos políticos (23.298 y 26.215) y una ley provincial.

Pero además la Carta Orgánica del PJ de Formosa establece que el patrimonio del partido se forma con el 10% de las retribuciones de los funcionarios políticos del Estado.

Además, estas retenciones estaban amparadas por un “convenio de descuentos de haberes” firmado en 2007. Las transferencias estaban bancarizadas, documentadas y auditadas por la Justicia Electoral.

Insfrán gobierna Formosa desde hace 30 años de manera ininterrumpida. Asumió el 10 de diciembre de 1995, tras ganar las elecciones ese año. Antes fue vicegobernador entre 1987 y 1995.

Fue reelecto en 2023 con el 69,9% de los votos de los formoseños que apoyaron al PJ. Su campaña se basa en la presencia del Estado en todos los aspectos de la vida social, aunque la provincia mantiene altos índices de pobreza. Hay 167 trabajadores estatales por cada 100 privados.

La decisión de Casación se resolvió por mayoría, que declaró inadmisible el recurso de la querella.

El juez Carlos Mahiques fue el primero en votar y propuso rechazar el recurso. Mahiques consideró que los argumentos de la querella eran “insustanciales e inconducentes” y que el fiscal Javier De Luca no logró demostrar que las decisiones de las instancias anteriores fueran arbitrarias o infundadas.

Destacó que las transferencias tenían total “trazabilidad bancaria” y apoyatura legal.

El juez Borinsky adhirió plenamente a la postura de Mahiques. Argumentó que la querella solo se limitó a “reiterar su propia perspectiva sobre el caso” y evidenciar una “disconformidad”, pero sin desarrollar una crítica jurídica sólida que demostrara un defecto grave en las sentencias anteriores.

Subrayó además que no había medidas de prueba pendientes que fueran determinantes para cambiar el rumbo de la causa y que a la parte querellante se le garantizó debidamente el derecho a la “doble instancia judicial”.

El juez Juan Carlos Gemignani, en disidencia, consideró que el recurso de casación interpuesto resultaba “formalmente admisible” y propuso continuar con el trámite procesal fijando una audiencia para analizar el caso en profundidad, aunque aclaró que esto no implicaba abrir juicio sobre el fondo de la cuestión.

Con dos votos contra uno, el máximo tribunal penal del país resolvió declarar la inadmisibilidad de la queja y dar por cerrado el expediente.

Según la investigación, entre los días 2 y 7 de octubre de 2024, se transfirieron 16.000 millones de pesos en concepto de pago de haberes desde una cuenta bancaria del gobierno de la provincia de Formosa, radicada en el Banco de Formosa SA, hacia una cuenta en el Banco de la Nación Argentina.

Esta última cuenta receptora pertenecía al Partido Justicialista, Distrito Formosa, presidido por el propio gobernador Gildo Insfrán.

La parte querellante denunció la operatoria como una maniobra de aparente legalidad pero “absolutamente ilegítima”. La sospecha radicaba en una diferencia de números: el Ministerio de Economía provincial informó que los descuentos aplicados a esos haberes correspondían a 90 funcionarios jerárquicos, pero la querella aportó un organigrama oficial donde figuraba que la dependencia solo contaba con 38 funcionarios con ese rango.

Ante esta discrepancia, los denunciantes aseveraron que se habría obligado a personal que no contaba con rango jerárquico a realizar aportes forzosos al Partido Justicialista local, lo que infringiría la ley.

La Justicia desestimó la denuncia al comprobar que el movimiento de los fondos tenía justificación y origen lícito, pues las sumas transferidas tenían su origen en las deducciones efectuadas voluntariamente sobre los haberes de determinados funcionarios públicos afiliados al partido, y no de un desvío ilegal.

Por Hernán Cappiello

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