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Dramatismo en los últimos discursos de la extenuante sesión
El PJ alertó sobre un daño institucional; la oposición enumeró todas sus críticas
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Un clima casi solemne dominaba el recinto del Senado cuando despuntó la madrugada de aquella sesión tan extensa como memorable. Con el paso de las horas, un clima de creciente expectativa se adueñaba de los legisladores, cuyos discursos se despojaban de cifras y elementos técnicos para adquirir fuertes condimentos políticos: se intuía, ya entonces, que se estaba ante la inminencia de un momento histórico.
La oposición, que comenzaba a acariciar la posibilidad de un triunfo, ya prevenía que el rechazo a la resolución 125 no implicaría un "peligro institucional". El oficialismo, en cambio, avizorando la derrota final a manos del vicepresidente Julio Cobos, lanzaba un último llamado en la voz de Miguel Pichetto: "Está en juego la institucionalidad del país, el destino de la Argentina, la consolidación de un sistema democrático".
El oficialismo defendió, hasta el último instante, la constitucionalidad de la polémica resolución 125. Y rechazó, como la senadora Haydée Giri (Córdoba), que hubiera recibido favores del Gobierno a cambio de su voto. "Es con mucho honor que votaré el proyecto de ley oficial. ¡Me importa tres pepinos que digan que lo vendí, que me mandan a Ginebra!", exclamó.
Palabras cargadas de ironía se colaban en los discursos oficialistas. Como las del senador porteño Daniel Filmus, quien le enrostró al radicalismo "la política redistributiva" de la Alianza cuando estuvo en el poder. "Acá, el mismo partido que hoy se opone a estas retenciones, durante el gobierno del presidente De la Rúa le puso un impuestazo a la clase media. En este recinto se votó la mayor redistribución de riqueza a favor de los sectores más poderosos cuando se votó la flexibilización laboral", acicateó.
Más allá de los golpes bajos, el oficialismo también defendió legalidad de la resolución 125. Marcelo Guinle (Chubut) recordó que las retenciones "fueron usadas por todos los presidentes constitucionales, del 83 para acá", al tiempo que defendió que la modificación de la alícuota se diera por medio de facultades delegadas por parte del Congreso, una práctica "históricamente admitida".
"Esta iniciativa es constitucional y legítima, y no implica ninguna confiscatoriedad. Este proyecto nuclea a 80.000 productores y los compensa con 3000 millones de pesos", sostuvo.
La oposición tenía una visión opuesta y, hasta el último minuto, reclamó cambios en la iniciativa del Poder Ejecutivo. "No soy opositor del actual gobierno -sostuvo el senador Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino)-. Pero debemos proceder a la apertura del proyecto. Nadie niega la validez de las retenciones."
El reparto de los fondos
El problema de la concentración de los recursos en poder de la Nación en detrimento de las provincias también ganó espacio en los discursos. "Este es el debate -sostuvo Carlos Rossi (Partido Nuevo-Córdoba)-. Las retenciones quedarán en las arcas del gobierno central y no irán a las provincias."
El ex presidente y actual senador Carlos Menem (La Rioja), que a duras penas podía hablar por su neumonía, coincidió: "Algunos se olvidaron de expresar que en esa famosa y vituperada década del 90 los fondos de coparticipación federal estaban, para las provincias, en el 46 por ciento. Hoy no superan el 26 por ciento".
También el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) cuestionó el manejo arbitrario de los recursos por parte del Gobierno. "Esa hegemonía de disciplina a través de los fondos nacionales no es buena. Ser un elefante con pies de barro no permite una relación positiva Nación-provincias", planteó
Su par Hilda de Duhalde (PJ-Buenos Aires) enfatizó que si bien el Gobierno consolidó el crecimiento económico, "falta desarrollo". "Lo que hay que hacer, si queremos redistribuir, es poner plata en el bolsillo de la gente; generar trabajo. Pero la crisis paralizó al país. La inflación sube y quedan problemas por resolver: los temas salariales, la inflación, la inseguridad."
La senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital) negó que el rechazo de la resolución 125 implicara un debilitamiento de la Presidenta. "No podemos pensar que el futuro del Gobierno depende de que se apruebe el proyecto -dijo-. Deseo que al Gobierno le vaya bien; no lo voté, pero quiero que vivamos en una Argentina con estabilidad política."
"No existe ningún peligro institucional -enfatizó, por su parte, Adolfo Rodríguez Saá (Frejuli-San Luis)-. El único peligro institucional es que provoquen el enfrentamiento de los argentinos."
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