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La oposición rechaza el proyecto que suspende la movilidad jubilatoria y el oficialismo ya piensa en un decreto
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LA NACIONLaura Serra
Como era previsible, distintas fuerzas de la oposición anticiparon su rechazo al proyecto de ley que anoche envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para prorrogar, por otros seis meses, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, lo que le permitiría al Gobierno disponer los aumentos de los haberes por decreto y a su total arbitrio.
Ante esta situación el oficialismo, a sabiendas de que difícilmente logre sancionar la ley antes del 20 de este mes -cuando vence la primera prórroga-, no descarta que el Gobierno finalmente apele a un decreto de necesidad y urgencia para hacer efectiva dicha suspensión hasta fin de año.
Los diputados de Juntos por el Cambio no sólo rechazan el proyecto del Gobierno sino que redoblaron la apuesta: en una iniciativa que presentó el diputado radical Luis Petri proponen que de inmediato vuelva a regir la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017, que establecía que los incrementos trimestrales para jubilados y pensiones deben calcularse sobre la base de un 70% en las variaciones del índice de precios al Consumidor y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La aplicación de esta fórmula fue suspendida por seis meses en diciembre pasado, cuando el Congreso aprobó la ley de emergencia económica.
Según advirtieron los diputados opositores, los aumentos jubilatorios que dispuso el Gobierno por decreto durante este primer semestre fueron menores a los que les hubiese correspondido si la fórmula de movilidad jubilatoria de 2017 se hubiese mantenido vigente.
"En marzo pasado el Poder Ejecutivo dispuso el primer incremento trimestral a través de una suba del 2,3% más una suma fija de $1500. Los jubilados, con estos aumentos decretados, perdieron entre $541, en el caso de los haberes mínimos, y $14.032 en los máximos, en comparación con la fórmula jubilatoria suspendida", advirtió Petri. Lo mismo sucedió con el segundo aumento del 6,12% dispuesto por decreto el mes pasado: según el legislador radical, los jubilados perdieron entre $541 y $14.032.
"Mantener y prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es, a la luz de los aumentos otorgados por decreto, consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros jubilados, que nada tiene de redistributivo y solidario. Es un ajuste fiscal, liso y llano, que recae e impacta sobre sus haberes" sostuvo el diputado Petri.
Desde la Coalición Cívica, Alicia Terada también criticó con dureza el proyecto. "Advertimos que los haberes jubilatorios se reducen mientras que la inflación aumenta, al punto que quien percibe la jubilación mínima no alcanza a cubrir siquiera el 30% de la canasta familiar para los adultos mayores. Los jubilados sonla variable de ajuste para este gobierno", advirtió.
No sólo los diputados de Juntos por el Cambio rechazan que se prorrogue, una vez más, la suspensión de la movilidad jubilatoria. Los diputados de Consenso Federal también anticiparon sus reparos.
"Nuestro bloque tuvo una participación activa para que se conforme, junto al Poder Ejecutivo, una comisión bicameral que defina una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El plazo de seis meses que se votó en la ley de emergencia está a punto de vencer. Y el ultimo incremento jubilatorio (dispuesto por decreto) no cubrió las expectativas -enfatizó Eduardo "Bali" Bucca, presidente del Interbloque Federal-. Hay que resolver el tema urgente y establecer una formula de de movilidad sustentable y donde los jubilado no pierdan."
Ante la resistencia de los bloques opositores, el oficialismo admite que será muy difícil aprobar la nueva suspensión que reclama el Poder Ejecutivo antes del 20 de este mes, cuando vence la primera prórroga. Para evitar que vuelva a regir la fórmula de movilidad jubilatoria de 2017, al Gobierno no le quedaría otro remedio, admiten, que apelar a un decreto para hacer efectiva la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta fin de año.
"Si se optó por enviar un proyecto de ley al Congreso fue para cumplir con las formas ante la andanada de juicios que podrían sobrevenir con la nueva suspensión de la fórmula. Pero es muy probable que al final el Gobierno dicte un decreto: si no hay consenso con la oposición va a ser muy difícil sacar la ley en 15 días", admitieron en el oficialismo.
Al enviar el proyecto al Congreso, el Poder Ejecutivo justificó una nueva suspensión de la movilidad jubilatoria en los efectos negativos que la pandemia de coronavirus provoca en la economía.
"En momentos de grandes distorsiones de las variables macroeconómicas que inciden sobre los diversos elementos que podrían constituir los parámetros de una ecuación de movilidad, y en el marco de una volatilidad de la actividad económica que se va acomodando, diariamente, a la realidad impuesta por la pandemia mundial del COVID-19, resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales establecidos por la ley", argumenta el Gobierno en el proyecto de ley.
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