Efecto Griesa: la Anses perdió $ 5135 millones

Las turbulencias en los mercados provocadas por el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa , que obliga a la Argentina a pagar a los holdouts, y por hechos previos como la pesificación de deudas provinciales tienen a maltraer al fondo de garantía del sistema previsional, que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La valuación de los activos sufrió una caída, sólo considerando la porción invertida en títulos públicos, de $ 5135 millones entre el 9 de octubre y el 22 de este mes, según una estimación de los economistas del Banco Ciudad. El monto equivale, aproximadamente, a lo que reciben cada mes 2,7 millones de jubilados con el haber mínimo.

La primera fecha del período seleccionado fue la del anuncio de Chaco, a cargo de Jorge Capitanich, sobre la pesificación de sus obligaciones contraídas en dólares, en medio de las restricciones impuestas por el Gobierno para acceder a esa moneda.

El 22 de este mes, en tanto, fue el día posterior al fallo en el que el Griesa exige al país pagar, antes del 15 de diciembre, a los bonistas que no ingresaron en el canje de la deuda caída en default en 2002. Veinticuatro horas después, algunos bonos reaccionaron con una leve tendencia alcista, pero en el ambiente financiero creen que las valuaciones seguirán sujetas a una alta volatilidad por muchos días. De hecho, el informe de la entidad financiera recuerda que los títulos vienen acumulando caídas por el encadenamiento de varios factores adversos.

Los cálculos del Banco Ciudad parten de la última información oficial publicada por la Anses, con datos al 30 de junio. Teniendo en cuenta la composición de la parte de la cartera invertida en títulos, se llega a la conclusión de que solamente entre el miércoles y el jueves pasados los activos perdieron valor por $ 2050 millones. De los bonos con mayor participación en el fondo, los que sufrieron la caída más fuerte fueron los discount en dólares emitidos bajo legislación argentina: entre los primeros días de octubre y el jueves, la variación negativa fue del 13,4%, con una pérdida en la contabilización estimada en $ 2669 millones.

En total, el Fondo de Garantía tenía un saldo de $ 215.135 millones a junio pasado y el 58,6% está invertido en títulos del Estado nacional. Es el último dato oficial, pese a que pasaron cinco meses. Tras la desaparición del sistema jubilatorio de capitalización, el Gobierno eliminó el sistema de información por el cual el Estado, en su rol de regulador, emitía comunicaciones públicas quincenales con una detallada descripción de los instrumentos financieros que iban comprando las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Por esa falta de informes continuos es que hoy sólo pueden hacerse estimaciones de lo que ocurre con la valuación.

El Fondo de Garantía está integrado con los recursos que se habían acumulado en las cuentas de ahorro individual de quienes habían optado por el régimen previsional de capitalización. Al quedar ese sistema eliminado, a fines de 2008, los recursos que administraban las AFJP pasaron a una cuenta gestionada por el Estado. Una de las principales razones que en ese momento se expusieron desde la Anses –que dirigía el actual vicepresidente Amado Boudou– fue la alta volatilidad del valor del fondo.

Tras la crisis financiera internacional de ese entonces, la valuación repuntó, pero no por un cambio en la gestión, sino por la recuperación de los activos que integran la cartera. En comparación con aquel momento, la alta volatilidad actual del fondo aparece más atada a efectos de decisiones internas –como la falta de acceso a dólares para pagar obligaciones– que a temas externos.

Durante la vigencia del régimen de capitalización, la acumulación de fondos tuvo el objetivo de garantizar individualmente a cada aportante, los recursos con los que en el futuro se le pagaría la jubilación. En el sistema de reparto, con un esquema de financiación intergeneracional, al Fondo de Garantía se le otorgó otro sentido. Más allá de las inversiones financieras para mantener el valor y, a la vez, apuntalar la economía, su uso efectivo está solamente permitido en el caso en que el sistema entre en déficit. Y de tratarse de un desequilibrio por causas estructurales que pongan en riesgo la sustentabilidad del régimen, los fondos deberían usarse para pagar haberes mientras se estudia una reforma de la ley previsional.

Actualmente, con recursos que provienen de aportes y contribuciones y también de los impuestos generales, se considera que el sistema es superavitario. Es una conclusión que cambiaría, según admiten en la propia Anses, si se hiciera frente en forma generalizada al pago de los haberes jubilatorios según los criterios que dispuso la Justicia, en cuanto a aumentos para compensar la inflación por períodos pasados.

Los datos oficiales dan cuenta de una variación del fondo del 12,6% entre los segundos trimestres de 2011 y de este año. Es un rendimiento algo menor a la mitad de la inflación anual estimada por consultoras privadas, lo que indica una pérdida de valor en términos reales.