El carpe diem de Cristina Kirchner

26 de mayo de 2020
01:12
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Actualizado el 23 de octubre de 2024

Carlos Pagni

LA NACIONCarlos Pagni

Editorial Carlos Pagni - El carpe diem de Cristina Kirchner

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A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:

En la Argentina hay más de 4000 villas de emergencia: barrios donde predomina el hacinamiento, con casas hechas de desechos, una carencia de los servicios públicos y una pésima, a veces nula, infraestructura. En la provincia de Buenos Aires son 1800, en el conurbano bonarense son 870. El 50% de estas villas de emergencia son posteriores al año 2001. El 25% de ellas son posteriores al año 2010. Esta es una línea numérica para percibir la historia social de la Argentina reciente. Somos una máquina de fabricar pobreza.
En América Latina hay 90 millones de familias que viven en asentamientos que nosotros llamamos villas, que en Brasil llaman favelas, que en Lima llaman barrios nuevos. Allí es muy difícil que haya medidas de prevención como el aseo de las manos, el uso del alcohol en gel o la posibilidad de aislarse en distintos lugares de la casa.
Desde el comienzo de la pandemia insistimos en este programa que el problema de la Argentina y de toda América latina iban a ser las villas de emergencia. Ahora, el problema está llegando progresivamente a estos barrios y está afectando a los argentinos que viven en esas condiciones, porque no hubo una estrategia enfocada en prevenirlo.
Lo vimos en la ciudad de Buenos Aires donde hay más personas hacinadas porque se desarrollan las villas en altura. Allí la situación es más compleja porque hay más densidad, más gente por cantidad de terreno. En las villas del conurbano bonaerense cada casilla suele tener una entrada. En las villas de la ciudad las familias comparten algunos espacios.
Llegó el problema a una villa de Quilmes y Avellaneda, la Villa Azul.Un barrio ubicado en el acceso sudeste, en una hondonada que permitió el asentamiento de muchas familias, que están, desde hace mucho tiempo, fuera de cualquier asistencia del Estado. En el barrio que está del lado de Quilmes viven alrededor de 3100 personas. El acceso los separa de la Villa Itatí, un asentamiento más grande que tiene aproximadamente 15 mil personas. Estos últimos días, conocimos que en Villa Azul hay un brote de coronavirus, con 84 casos confirmados oficialmente. En los barrios tienen dos tipos de tratamiento urbano: la parte de Avellaneda es más evolucionada que la parte de Quilmes, porque los gobiernos han tenido distinto énfasis en tratar la zona. Y, por supuesto, tampoco se han podido coordinar entre ellos, porque eso es matemática superior.
En Villa Azul se conoció un caso, los vecinos descubrieron que esta persona no había cumplido con la cuarentena y pidieron a las autoridades que les hagan los test. Adentro de la villa se jugó un campeonato de fútbol, sin que nadie lo prohibiera, lo que puede haber dado lugar al contagio. El día sábado cortaron el acceso sudeste exigiendo estos chequeos y así lograron que se los hagan el domingo. Aún así, el gobierno de la provincia aclara que se vienen haciendo chequeos desde el jueves.
Hay un efecto boomerang en la política porque muchos de los políticos que tienen que ver con la Villa Azul le hacían bullying al gobierno porteño por lo que pasaba en la Villa 31, cuando en realidad es una especie de festival macabro e irresponsable. Ningún político que viva en zonas donde hay mucha pobreza va a zafar de este problema, estamos condenados a tenerlo, sobre todo porque llegamos, como siempre, tarde. La pandemia comenzó hace tres meses, pero desde el primer día sabíamos que esto iba a suceder en los barrios más carentes.
Se decidió aislar a la villa, rodearla policialmente, controlar los accesos. ¿Hay más asistencia médica adentro? Pareciera que no. La Provincia aclara que sí. La idea de aislar a uno de estos barrios -con tantas dificultades de distanciamiento social, de infraestructura y de higiene- era una idea tolerable cuando no había ningún contaminado adentro, porque se pensaba en beneficio de los que viven en ella.
Ahora, lo que parece que sucedió es que se la aísla, y si no hay un tratamiento terapéutico sanitario muy intenso y rápido -tampoco sería tan difícil porque son 3000 mil personas las que residen allí- lo que estamos logrando es construir una especie de gueto donde quien tiene la desgracia en este momento de vivir ahí está sobreexpuesto al contagio.
Quiere decir que esto se va a disparar. Lo que asombra es la siguiente paradoja: hubo un escándalo porque se abrieron las cárceles para que estas no se conviertan en recintos de contagio y ahora cerramos la villas y las convertimos en prisiones. Sin hablar e insinuar ninguna connotación ideológica en todo esto, pero es sorprendente que esta medida sea llevada a cabo por gente envuelta en la bandera de la izquierda. Es la discriminación llevada a la enésima potencia. Si las villas son en general gueto por muchísimas razones, hemos institucionalizado el gueto. Sin embargo, ahora hay un problema adicional: ¿cómo se las aísla?
Porque en la Villa Azul hoy hay, dicen, más de 300 efectivos policiales por turno. Es decir, que si se contemplan los tres turnos son 1000. ¿Qué pasaría, entonces, si el problema de la Villa Azul se replica en otros barrios vulnerables del conurbano? Lo que deriva en una serie interrogantes: ¿cuánta gente dispone la policía para producir estos retenes que son parte de la estrategia para contener el problema? ¿cuánto se puede aislar un villa? ¿por cuánto tiempo se le puede pedir a la gente que no salga a hacer compras, si no hay dentro de villa Azul comercios?
Justamente de la entrega de la comida se van a encargar los movimientos sociales porque el Estado no tiene capacidad de hacerlo. Esperemos que, como suele pasar, no se genere esta vez una pelea entre las distintas agrupaciones para ver quién realiza la tarea clientelar. Estamos frente a las miserias del Estado, en un país que fabrica pobres. Todo en el marco de una cuarentena que se extiende indefinidamente y que más castiga al que menos tiene. ¿Por qué? Porque esas personas son quienes están en peores condiciones para quedarse en sus "casas", aunque muchas veces no se las pueda distinguir como tales. Se trata de quienes menos posibilidades tienen de haber ahorrado para prescindir de un salario, aunque en la mayoría de los casos no hablamos de un sueldo, sino más bien de una ganancia del día. Los chicos de esos barrios a gatas tienen una computadora para asistir a las clases online, y por supuesto no hay más de una, como sí pasa en las familias de clase media o alta. La falta de escolaridad castiga más donde más se necesita. El costado más doloroso de la cuarentena es que castiga especialmente a los más vulnerables.
Es importante entonces recordar la ley primera de este Gobierno, en relación a la solidaridad social y el discurso que la envolvía. Es llamativo que en sus presentaciones públicas Alberto Fernández ponga tan poco énfasis en esta cuestión, poniendo esta política sanitaria por sobre lo que aparentemente es un frío problema de la economía. Sin embargo, ahora estamos viendo qué es lo que sucede cuando la economía se derrumba por efecto de una cuarentena que se prolonga de manera muy estricta mucho tiempo.
Esta es la razón del debate que hasta el mismo Axel Kicillof admite, como lo hizo ayer en una entrevista con Luis Majul en LN+, donde señaló que hay que tener un equilibrio entre la política sanitaria que cuida y preserva la salud frente a la pandemia, y la política económica, que puede hundir a la gente más vulnerable en otros dramas. Este es el equilibrio que estaría faltando, el mismo que reclama el propio gobernador bonaerense. La caída económica en la Argentina es pavorosa, los números que se conocieron las semana pasada son muy llamativos. Estamos hablando de que en el trimestre si anualizamos la caída estaríamos hablando de una cifra del 17,8%.
Si tomamos marzo, según el estimador mensual de actividad económica que se conoció la semana pasada, durante ese mes hubo una caída de 9,8% en la actividad económica. Sin embargo, marzo no fue todo cuarentena, ya que el aislamiento empezó el 19 de ese mes. Entonces, si los días en que no hubo aislamiento ya se evidenciaba una caída con la tendencia normal que era aproximadamente del 0.6%, para que todo el mes de marzo registre una caída de 9,8 hay que pensar en que en los doce días de marzo en que hubo cuarentena el derrumbe de la actividad fue del 25%. Es un 2001 completo. De eso estamos hablando.
El mismo Alberto Fernández lo admite por momentos sin darse cuenta. Pero remite el problema habitualmente a los Estados Unidos donde señala que hubo una destrucción de empleo de aproximadamente 20 millones de puestos de trabajo. Si bien es cierto que en Estados Unidos se evidencia una destrucción de empleo, no ocurre lo mismo con los ingresos, porque cada persona que pierde el trabajo recibe inmediatamente por correo una cheque de 1300 dólares. Muchas veces se trata de una compensación superior al salario habitual que cobraba. Es decir que mejora su ingreso con la ayuda del Estado.
En la Argentina, en cambio, el Estado paga el 50% del salario de las empresas que se presentan a reclamar esa ayuda. Y no todas lo reciben. En el caso de los informales, según comentó el mismo Presidente, la ayuda prevista sólo llegó al 55% del total del universo que necesita la asistencia. En otras palabras, hay un 45% de trabajadores informales que no reciben esa ayuda del Ingreso Familiar Complementario (IFE).
Alberto Fernández brindó otros datos también este sábado durante la conferencia de prensa. Mirando a Horacio Rodríguez Larreta dijo: "Abrieron algunos comercios en la ciudad de Buenos Aires, y los que lo hicieron muchos de ellos confiesan haber vendido el 30% de lo que vendían habitualmente fuera de la cuarentena". ¿Por qué? Lo explicó el mismo Presidente. Porque la gente ya no tiene recursos para ir a comprar.
Este panorama requeriría de una estrategia económica, de que alguien explique cuál es la economía en la que se sostiene la cuarentena. No es que el aislamiento sea malo en sí mismo, pero debería tener cierta racionalidad económica porque sino es inviable. ¿Qué quiere decir inviable? Que la gente va a empezar a desobedecer la cuarentena. Si no basta con mirar lo que pasó hoy en Córdoba que tuvo a lo largo del día manifestaciones públicas tumultuosas, por un problema con médicos que fueron sancionados porque se los acusa de haber contagiado a unos ancianos en unos geriátricos. Allí se rompió la cuarentena.
Para usar una palabra que le gusta al ministro Martín Guzmán, el problema es la sustentabilidad, y este es un problema porque la cuarentena no solamente afecta a las finanzas familiares, sino a las finanzas del Estado. Hoy hay una caída brutal de la recaudación que se compensa con una emisión monetaria de 300 mil millones de pesos por mes, que no sabemos cómo se va a reabsorber.
Esa masa de dinero que se inyecta en la economía es la que explica la brecha cambiaria, porque todos vemos que el peso se está destruyendo y empieza a haber la expectativa de una devaluación. El Gobierno reacciona frente a esto con más y más controles. Acaba de poner nuevos controles sobre las operaciones de contado con liquidación. Se ponen controles pero la usina del problema sigue activa. Los controles no sirven para nada. La usina del problema es que el que recibe pesos no sabe qué hacer con ellos, ya que el mismo Gobierno le pide a los bancos que bajen la tasa de interés, es decir, que no remuneren al ahorrista. Y si voy a comprar títulos en pesos, corro el riesgo de que el Gobierno me los reperfile. Por un lado el Gobierno está muy inquieto con la brecha cambiaria, preocupación principal desde siempre de Cristina Kirchner que ya durante su mandato vivió obsesionada por la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo más allá de todo cepo. Esa brecha cambiaria, en el fondo, si uno revisa el túnel que vincula distintos problemas económicos, lleva a la cuarentena. La cuarentena produce una caída en la economía en general, privada y estatal, que demanda un nivel de emisión que deteriora el peso, hace presumir una devaluación e induce a la gente a comprar dólares, con todas las patologías que se encierran en una brecha que prácticamente es del 100%.

Cristina Kirchner — Cristina KirchnerHernán Zenteno - LA NACION

Esto podría agravarse si seguimos en default. El viernes entramos en soft default, pero la Argentina cayó en la novena cesación de pagos de la historia. El Gobierno empezó a negociar el sábado. Hubo conversaciones también el domingo y hoy mismo con los fondos de inversión, que son los grandes tenedores de los títulos que tienen que reestructurarse. Se firmó un acuerdo de confidencialidad. Dentro de ese acuerdo hay una cláusula que impide a esos fondos operar con títulos argentinos durante la negociación. Los fondos hicieron una nueva oferta. Para algo que valía 100, lo que se llama el valor facial, antes ofrecían entre 58 y 68, hoy ofrecen entre 55 y 58. El Gobierno por eso mismo ofrecía pagar 40. Ahora hizo una oferta de 45. Los fondos esperan que la oferta llegue a 48 con algún premio, como el que dio Roberto Lavagna y es tan apreciado por los bonistas hoy, que es el atado al porcentaje de crecimiento de la Argentina. Hoy le piden al Gobierno algo más: que negocie. Hoy a Martín Guzmán, en una discusión importante y caliente con bonistas, le dijeron: "Tenés que sentarte a negociar, esto no puede ser un intercambio de cartas". Guzmán no se sienta a negociar.
Esto es importante para el país, no porque tenga que ver con el crédito del Estado, sino con el crédito general de la economía. Muchos de estos negociadores tienen pocos bonos argentinos, pero son accionistas de grandes empresas argentinas, telefónicas, de generación eléctrica; o son empresarios petroleros, como Miguel Galuccio, que hizo una gestión para que el fondo BlackRock sea más contemplativo con Guzmán.Todas esas empresas dependen del nivel de costo que tenga el dinero en el país para hacer negocios, inversiones, para justificar la plata que pidieron prestada. No es necesariamente el bonista el que está involucrado en esta negociación, no es solamente el Estado, es la economía en su conjunto. Cómo salga esta negociación, es una variable importante, no la única. También están la inflación, la emisión monetaria, la brecha cambiaria, la destrucción de empleos y empresas. Todas esas son variables que van a determinar la capacidad de recuperación que tenga la economía argentina una vez que la pandemia se vaya atenuando. De esa capacidad de recuperación depende la disputa de poder, es decir, qué capacidad tiene Alberto Fernández para ofrecerle al peronismo una victoria el año próximo, en las elecciones legislativas. Que le de un horizonte al oficialismo a través de una recuperación económica, para mantenerse competitivo en las presidenciales de 2023 y para tener un monto aceptable de gobernabilidad.
Esto que conecta la crisis económica, la caída recesiva impresionante, con las elecciones del año que viene es lo que está mirando más que nadie Cristina Kirchner, porque tiene un problema que tiene que ver con el reloj, con el paso del tiempo, y es el problema judicial.
Esta es la razón por la cual la última reunión extensa que tuvo con el Presidente, que duró tres horas, le dijo que "acá sigue avanzando este gobierno, se sigue hablando de 20 temas, pero el pescado sigue sin vender". Esto significa que sus causas siguen abiertas, sus hijos siguen sin poder mover una moneda con las cuentas incautadas. Además, ella advierte que no se ve que algún macrista tenga problemas en la Justicia.
Curiosamente después de esa reunión se activó toda una película institucional en la Argentina, lanzada por el propio Gobierno. Una operación ofensiva y defensiva, que tiene que ver con las causas del kirchnerismo y sobre todo de la familia Kirchner. Esta es una preocupación central de la vicepresidenta porque sabe que el momento es ahora, no vaya a ser que el año que viene pierdan las elecciones. No es que esté haciendo un pronóstico. El argumento es que, si existe esa posibilidad de derrota, para quien tiene un problema judicial dramático, urgente, tiene otro significado que para quien no lo tiene. Esto es la conexión que existe entre corrupción, judicialización de la política y competencia electoral. No es lo mismo la competencia electoral cuando está en juego la libertad del que compite.
Estamos viendo que hay una presión más importante ahora por parte del Gobierno para designar a Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, como jefe de los fiscales. Hay distintas percepciones por parte de la oposición, ya que muchos radicales no lo quieren. Curiosamente gente que es muy severa con la política institucional del kirchnerismo como la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, no tiene un mal concepto de Rafecas. Creen que es una especie de mosca blanca en esa especie de ciénaga que es Comodoro Py. El macrismo tiene una visión más negativa de Rafecas. ¿Se van a poner de acuerdo? Aparentemente la única posibilidad de que Juntos por el Cambio se ponga de acuerdo es decir no. Hasta ahora dicen no. Pero ahí está Eduardo "Wado" De Pedro como una figura central de todo este problema. Es el ministro del Interior, el que habla con los gobernadores de plata. De Pedro, en medio de una crisis fiscal donde la caída de la recaudación de impuestos es en algunos casos del 40%, es crucial para la aprobación de Rafecas en el Congreso. Habrá que ver si lo logra.
Junto con el proyecto de designar a Rafecas aparece un detalle en la agenda del Congreso: se pretende, por parte del kirchnerismo, poner en discusión el DNU de Macri sobre las escuchas judiciales. Todo este problema que está alrededor de la imposibilidad del Estado argentino de llevar adelante control de comunicaciones de delincuentes sin pasar eso a la política para que se convierta en una persecución autoritaria, está en discusión porque el Gobierno quiere sacarlo de la competencia de la Corte y llevarlo presumiblemente de nuevo a la Procuración de la Nación. Es donde estaban las escuchas judiciales radicadas durante la gestión de Alejandra Gils Carbó en el período de Cristina Kirchner, cuando, hay que reconocer, no hubo ningún escándalo de filtraciones. Los radicales van a tener que combinar con el macrismo y con la Coalición Cívica qué hacen con el voto a Rafecas o al Procurador que va a estar sobrecargado, porque va a tener esta herramienta de poder extraordinaria entre sus manos.
El otro tema que tiene que resolver el radicalismo es quién va a ser el representante de ese partido en el Enacom, una llave importantísima de la relación entre el Gobierno y el mundo de las empresas tecnológicas, ya que se resuelve este miércoles cuál va a ser la participación de la oposición en ese ente tan importante. Un sector impulsa a Silvana Giudici, muy cercana a un sector de ese mercado, y otro promueve a Alejandro Pereyra, que también fue director del Enacom y es uno de los más calificados expertos en regulaciones a las telecomunicaciones.
En esta agenda institucional, hay una denuncia a la que el kirchnerismo le pone mucho énfasis sobre lo que se llamó la mesa judicial del macrismo, un grupo de funcionarios que hacía el monitoreo de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Muchos de ellos, gente que seguía por interés técnico las causas judiciales. Otros que no, que eran operadores judiciales del Gobierno, sobre todo Gustavo Arribas desde la AFI y Daniel Angelici, supuestamente desde la presidencia de Boca o desde la dirección de su bingo, porque no tuvo un cargo público. Eran las dos personas a las que verdaderamente Macri confiaba la operación judicial. Los demás eran abogados que asesoraban al expresidente, pero que tenían muy poca influencia sobre los tribunales.
El Gobierno ahora, inspirado en Cristina Kirchner, quiere demostrar que esa mesa era la semilla, el huevo de la serpiente del lawfare, que es esta manipulación sistemática a la que la vicepresidenta quiere echar la culpa de lo que fue la peripecia judicial de todo su grupo con causas de corrupción, muchas veces confesas, como las de Ricardo Jaime. Tendríamos que ver si ahora no está empezando otro lawfare, el contralawfare contra la denuncia del lawfare del gobierno anterior. Y así van pasando los gobiernos.
A esto se suma una denuncia que acaba de formular la AFI por persecuciones, seguimientos clandestinos, de la AFI de Macri, donde se indica que el gobierno de Macri seguía a gente del propio oficialismo como Emilio Monzó o Nicolás Massot. Veremos qué pasa, siempre estas denuncias vienen un poco contaminadas de esa materia pestilente que es la operación política en el submundo de la inteligencia. Pero hemos señalado infinidad de veces que Macri reprodujo, en el manejo de la Inteligencia, los peores vicios del kirchnerismo.
Mientras tanto, se tratan de cerrar causas. Carlos Zannini, que es el Procurador del Tesoro, piensa retirar a la procuración, desactivar una causa civil, con resarcimiento monetario, contra Cristina Kirchner. Zannini, como procurador, no tiene competencia penal. Por eso llama la atención que el kirchnerismo quiera involucrar al antecesor de Zannini, Bernardo Saravia Frías, en operaciones judiciales penales.
Esta es la agenda institucional de un Gobierno que venía a sanear las instituciones y que se envuelve en la bandera de una reforma judicial que todavía no conocemos. En los próximos días, meses, vamos a ver que esta agenda se vuelve muy intensa porque no sabemos qué va a pasar en las elecciones del año que viene. Cristina Kirchner sigue aquel consejo del poeta latino Horacio que decía "carpe diem". "Arrebata el momento, el instante". De manera más vulgar, la vicepresidenta diría: "No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Alberto".

Por Carlos Pagni

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