El caso de los audios: Spagnuolo no acompañó el pedido de nulidad de la causa

El exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, protagonista central del caso de los audios que motivaron la investigación por presuntos sobornos, pidió suspender el trámite del pedido de nulidad de la causa judicial.

Ese planteo lo había hecho el abogado de los Kovalivker, Martín Magram, que, ante un fiscal y un juez que avanzan a toda velocidad (según el defensor, sin sustento y en una “expedición de pesca”), quiere llegar cuanto antes a la Cámara Federal para que ese tribunal ponga un freno.

Magram sostuvo que todo el caso es nulo porque se inició con unos audios que, según él, son ilegítimos. Representa a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y al padre de ellos, Eduardo, que son los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Casanello recibió este planteo y, antes de decidir, les dio intervención para que opinaran a todas las partes del expediente. Spagnuolo argumentó entonces que, como la causa está en secreto desde que empezó, él no está en condiciones de pronunciarse. Con ese argumento, pidió suspender el trámite de este planteo.

En el mismo sentido, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis Daniel María Garbellini, tampoco se pronunció sobre el pedido de los Kovalivker. Esto muestra una grieta entre las diferentes defensas en la causa.

Antes de que Casanello tome una decisión sobre este planteo, podrán pronunciarse también la fiscalía y Poder Ciudadano, que es querellante.

Los Kovalivker hicieron dos planteos en paralelo contra el avance de la causa. Por un lado, pidieron la nulidad absoluta de toda la investigación, con el argumento de que la Justicia inició una “verdadera caza de brujas” basada en unas grabaciones “adulteradas” que, de ser verdaderas, fueron obtenidas “de forma ilícita”, sin el consentimiento de su protagonista.

Después, en otro escrito, alegó que la Justicia ya investigó estos supuestos hechos el año pasado y archivó la causa, y que, a raíz de aquella resolución, esta nueva denuncia no puede prosperar. La regla, no obstante, es que un archivo no es una decisión definitiva (como sí lo es un sobreseimiento).

En su primera presentación, el abogado de los Kovalivker dijo que se violó el derecho de sus defendidos a tener un debido proceso tomando como exclusivo punto de partida esas grabaciones para hacer una denuncia penal “de claro tinte político”.

Según Magram, aunque no se consideren los audios como prueba, ni siquiera podrían tomarse como “notitia criminis” porque ello implica dar inicio a una investigación que es una “expedición de pesca en flagrante violación” a la Constitución, que resguarda el derecho a la intimidad.

El abogado dijo que ni siquiera tenía claro si las grabaciones están en el expediente porque la causa está en secreto y los investigados, por ahora, no tienen acceso a las actuaciones.

La defensa de los Kovalivker recordó en su escrito que el 26 de agosto pasado había pedido que la Justicia se hiciera de los supuestos audios, si es que no estaban presentados, y que los peritara para determinar, entre otros aspectos, si la voz es la de Diego Spagnuolo -el exjefe de la Andis a quien se le adjudican-, si fueron adulterados, si fueron editados y si le faltan tramos. También, que los peritos informen si se puede identificar la locación donde se grabaron los audios, entre otras medidas.

El fiscal no hizo lugar a este pedido de peritaje. Para los investigadores, las grabaciones no son más que el punto de inicio de la causa, y no un elemento de prueba. Todo indica que el rol de los audios y su validez será una discusión central que determinará el destino del expediente.

Quienes defienden lo hecho por el fiscal Franco Picardi sostienen que grabar una conversación privada no es algo en principio ilegal y alegan que nada impide que los audios sean el punto de partida de una investigación que deberá valerse, para poder avanzar, de otros elementos que sirvan como prueba.

LA NACION

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