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El caso Greco, una historia de 28 años
El grupo fue confiscado en los 80; en 2006, el Senado frenó el pago de la indemnización
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LA NACIONAdrián Ventura
Hace 28 años, el último gobierno militar confiscó 45 empresas del grupo Greco y, desde entonces, varios presidentes, ministros y también la Justicia dieron pasos concretos para indemnizar a la familia. Pero, hace un año, cuando estaban a punto de pagarse 600 millones de pesos, los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales primero, y el ex senador peronista Jorge Capitanich, después, advirtieron que el resarcimiento estaba encubierto bajo el eufemismo "pago a proveedores", sospecharon irregularidades, y todo se frenó.
Entonces, Felisa Miceli, que en un primer momento había avalado los trámites de pago, cambió de postura.
Los setenta eran tiempos de la bicicleta financiera y el grupo mendocino acumulaba en su haber marcas populares de vino (Furlotti, Resero, Arizu, Agua Villavicencio); tenía participación en el diario Mendoza y había adquirido el Banco de los Andes (BLA). Así, concentraba el 30% del PBI de la provincia, y el 70%, de la producción vitivinícola del país.
Los hermanos Alberto y Héctor Greco y Jorge Basil eran empresarios demasiado emprendedores o pícaros -segun quien cuente la historia-, que participaban de la patria financiera.
Pero su suerte cambió cuando cayó el Banco de Intercambio Regional (BIR), que arrastró consigo al BLA y a otros bancos sobreendeudados.
En un primer momento, el gobierno militar había acordado una línea de asistencia al banco. Sin embargo, cuando en abril de 1980 los hermanos concurrieron al Central a firmarlo, se encontraron con que el entonces presidente Jorge Videla y sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy habían decidido intervenir las empresas. Los Greco no aceptaron ninguna negociación, fueron secuestrados y estuvieron detenidos.
A partir del regreso de la democracia, especialmente con el gobierno de Raúl Alfonsín, los Greco obtuvieron en su favor varios decretos, dictámenes y sentencias, y el Estado cuando tuvo la chance legal de reclamar alguna deuda al grupo no lo hizo.
En 2006, durante la gestión de Roberto Lavagna en Economía, todo se enderezaba al pago. También su sucesora, Miceli, parecía avalarlo y la Cámara de Diputados aprobó la partida, que el Gobierno no había objetado.
Pero a fines de ese año, Sanz y Morales arguyeron irregularidades. Dijeron que el grupo, en realidad, era deudor del Estado, Economía empezó a culpar a Lavagna y a Miceli para frenar el pago y denunció a funcionarios de su cartera.
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