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El Congreso lleva doce años sin ocupar un cargo institucional clave
El Congreso sigue sin ponerse de acuerdo para volver a poner en funcionamiento a un organismo creada en la Constitución de 1994; las razones
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LA NACIONGustavo Ybarra
Más de doce años han pasado desde que el peronista cordobés Eduardo Mondino renunció, el 6 de abril de 2009, al cargo de defensor del Pueblo de la Nación. Desde entonces, uno de los cargos institucionales más importantes del país, que tiene rango constitucional desde la reforma de 1994 y es el encargado de velar por la defensa de los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna ante eventuales abusos del poder, permanece vacante.
El principal obstáculo que se interpone para ocupar el cargo es la dura exigencia que establece la Constitución para su nombramiento. A diferencia del procurador general, la letra redactada en la convención de Santa Fe establece que el defensor del Pueblo tiene que reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes en ambas cámaras legislativas. Una relación de fuerzas imposible en épocas de grieta política.
El tema, hoy, no está en la agenda de ninguna de las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso. “No hay candidatos, es un tema que no nos interesa”, dijo a este diario un diputado oficialista. “En un año electoral es imposible avanzar en esa cuestión”, agregó un senador de Juntos por el Cambio.
Sin embargo, el desinterés por nombrar un defensor del Pueblo es también político; excede a las dificultades para encontrar un nombre que alcance el fuerte consenso político que requiere la Constitución.
Cristina Kirchner llevó el instituto casi al borde la extinción. No solo celebró la renuncia de Mondino, con quien se había enfrentado por su oposición a la postura del gobierno en el conflicto con el campo, sino que se preocupó por bloquear cualquier intento de mantener el organismo en funcionamiento.
Así, en 2015 el edificio a punto estuvo de quedar clausurado luego de que venciera el mandato del defensor adjunto Anselmo Sella. La situación llevó a la bicameral a tomar una medida provisoria y darle un poder especial al por entonces secretario general de la Defensoría, el peronista jujeño Carlos Haquim, para que pudiera abrir el coqueto edificio ubicado sobre la avenida Callao, a pocos metros de su cruce con Santa Fe.
Pero Haquim se convirtió a fines de ese año en vicegobernador de Gerardo Morales en Jujuy. Desde esa fecha, la Defensoría quedó a cargo del subsecretario general, Juan José Böckel, que no tiene firma ni representación para accionar en los estrados judiciales.
La situación llevo a que Jorge Maiorano, el primer defensor del Pueblo, publicara una carta reclamando que se cumpla el mandato constitucional.
Detestar el control
“Primero creía que era desinterés de la dirigencia política, que prefiere tener a esa figura constitucional en estado vegetativo, pero ahora entiendo que el Gobierno detesta el control”, sentenció Maiorano luego de que la Corte criticara a Alberto Fernández por el DNU con el que quiso imponer la suspensión de las clases presenciales en la Capital.
“Nombrar un defensor del Pueblo es complejo, porque requiere un consenso muy amplio y siempre hay intereses en pugna”, le dijo a LA NACION la exsenadora Marta Varela (Pro).
La macrista porteña fue la última presidenta de la comisión bicameral que tiene a su cargo llevar adelante el proceso de selección del ombudsman nacional, cargo con independencia funcional y que integra el Poder Legislativo.
Durante la gestión de Varela se hizo el último y único intento, a fines de 2017, de elegir un reemplazante de Mondino. Fue una reacción al fallo de la Corte que bloqueó el aumento del gas dispuesto por el gobierno de Macri y que en sus considerandos le exigió al Congreso que cumpliera con la Constitución y designara un defensor del Pueblo.
La movida fracasó en medio de los tironeos internos que cruzaban por ese entonces a la diáspora en la que se había convertido el peronismo tras la derrota electoral de 2015 y la apatía de Mauricio Macri por involucrarse en una pulseada en la que su fuerza política nada tenía para ganar.
Los tres postulantes para ocupar el cargo fueron los exdiputados Humberto Roggero y Jorge Sarghini, y el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, todos de extracción peronista, quienes llegaron a exponer ante la comisión bicameral en una audiencia pública, que la ley que establece el mecanismo de elección no contempla, pero que fue convocada ante la presión de varias organizaciones no gubernamentales. En realidad, estos organismos oficiaron de brazo ejecutor del kirchnerismo, que se oponía a los candidatos propuestos.
Las críticas principales apuntaban a Roggero. El peronista cordobés era el candidato impulsado por Miguel Pichetto, que ya en ese momento había roto todos los puentes con Cristina Kirchner, a la que consideraba responsable de la derrota electoral del peronismo en 2015.
Sin embargo, Pichetto nunca tuvo el aval de todo el peronismo y su porfía por mantener la candidatura del exdiputado cordobés terminó por hundir en el fracaso el intento de nombrar un defensor del Pueblo.
Desde aquel ya lejano noviembre de 2017, el silencio en torno a la vacancia en la Defensoría del Pueblo es ensordecedor. Tanto que, desde diciembre de ese año, cuando se renovaron ambas cámaras legislativas, la comisión bicameral no pudo volver a integrarse y así permanece hasta el día de hoy.
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