El Congreso sacó mala nota en transparencia

El Congreso argentino reprobó en materia de transparencia. Así lo revela el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que lo ubicó antepenúltimo, con apenas 39 puntos sobre 100 en un ranking de 13 parlamentos de la región, evaluados en su labor de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.

El informe fue elaborado por la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, integrada por organismos no gubernamentales de los 13 países evaluados. En su capítulo sobre la Argentina, si bien se exaltó la reciente sanción de la ley de acceso a la información pública, se advirtió que, por tercera vez consecutiva, el Congreso se ubicó en los últimos lugares, en esta oportunidad detrás de República Dominicana y Venezuela.

El mayor déficit se observó en el acápite “Presupuesto y gestión administrativa”: no se publica información (es parcial o desactualizada) sobre la ejecución presupuestaria de ambas cámaras, como tampoco sobre las dietas de los legisladores, los contratos de personal y los viajes domésticos o al exterior.

La medición de este año arrojó que los países mejor posicionados en materia de transparencia son Costa Rica (72%), Chile (64%), Paraguay (62%) y Guatemala (60%), seguidos por Colombia (53%), México (50%), Perú (49%) y Ecuador (48%), Bolivia (47%), Panamá (43%). En los últimos lugares se encuentran Argentina (39%), Republica Dominicana (37%) y Venezuela (20%).

La evaluación contempló los períodos parlamentarios 2015 y el primer semestre de este año.

A manera de conclusión general, el informe advierte que los Congresos de América latina aún no cumplen con la apertura y transparencia deseables, ya que los resultados arrojaron un promedio del 50% de transparencia legislativa, el mismo resultado obtenido en la medición anterior, efectuada en 2014.

“Este índice permite conocer, con datos precisos y detallados, el estado de situación de los Congresos de la región. La Argentina ocupa por tercera vez consecutiva uno de los lugares más bajos, comparados con los demás de la región, lo que realmente nos preocupa”, enfatizó Maria Baron, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo.

Añadió que “es imperioso que autoridades de ambas cámaras y legisladores de todos los colores políticos se pongan la transparencia y apertura legislativa como prioridad, y avancen rápidamente hacia un Parlamento Abierto”.

La Fundación Directorio Legislativo es una de las cinco ONG que representan a la Argentina de la Red Latinoamericana de Transparencia; también participan la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Poder Ciudadano.

Reacciones

El Índice de Transparencia Legislativa consta de cuatro puntos:

• En “Normatividad”, que evalúa la existencia de normas relativas a la transparencia y acceso a la información, el Congreso argentino cuenta con un 56,61% de cumplimiento.
• En “Labor del Congreso o Asamblea”, que mide el cumplimiento de la normativa y publicidad de información en relación con la producción legislativa y funciones propias del Congreso, se obtiene un 52,78 por ciento.
• En “Presupuesto y Gestión Administrativa”, que se encarga de analizar la publicidad del uso y gestión de los recursos financieros y humanos, se obtiene un 31,07 por ciento.
• En “Mecanismos de Atención, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas”, la Argentina obtuvo un 64,45% siendo ésta la dimensión con mayor puntaje obtenido en 2016, con un incremento del 33,52 por ciento.

Hace diez días, representantes de dichas organizaciones les llevaron los resultados a las autoridades de las cámaras del Congreso. Las noticias no eran buenas y si bien hubo algún reproche sobre la metodología empleada, acordaron trabajar en conjunto para mejorar el acceso a la información y la transparencia.

“El gobierno de Mauricio Macri y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, están decididos a instalar un «gobierno abierto», y el Congreso no será la excepción. Avanzamos mucho este año, pero en 2017 se verán resultados concretos en ese sentido”, enfatizó a LA NACION el director general de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Cincunegui.

La idea de “Parlamento abierto” promueve la apertura y transparencia del Congreso para garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

En el macrismo se desligan de los malos resultados de la medición por considerar que abarcó el último año del kirchnerismo y unos pocos meses de la actual gestión. En el Senado, la directora general de Prensa y Comunicación Institucional, Paula Schuster, destacó que, en su primer año de mandato al frente de la Cámara alta, la vicepresidenta Gabriela Michetti dispuso por decreto la obligación de publicar vía web todos los actos de gestión del Senado, lo que incluye resoluciones conjuntas de ambas cámaras, nombramientos de personal, viajes y los pliegos y licitaciones. “También creamos una dirección general de acceso a la información”, enfatizó.

Aún así, las ONG advierten que hay muchísimo por hacer. Durante años, el Congreso ha sido un verdadero agujero negro en materia de transparencia: las contrataciones de personal, viajes, canje de pasajes por dinero en efectivo y dietas han sido verdaderos tabués que los legisladores prefieren acordar en privado (y en esto no hay diferencias de bloque) para sus componendas políticas.