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El cuidado colectivo de nuestra democracia
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Una muerte política tiene en vilo al país. El desasosiego de los argentinos por el fallecimiento dudoso del fiscal que tenía a su cargo la causa por el atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, no cesa. Su denuncia involucra a la presidenta de la Nación, al canciller Héctor Timerman y a estrechos colaboradores. Esa pérdida de carácter público es el rasgo que la diferencia de una muerte privada, íntima, y revela una crisis institucional inusitada, al menos, desde 1983. Evidencia la gravedad de lo que acontece en las instituciones y en la sociedad argentinas.
La crisis institucional trastoca no sólo el escenario político de 2015, sino fundamentalmente los cimientos del orden democrático. Uno de los tres poderes del sistema republicano fue atacado para impedir el cumplimiento de su función esencial: impartir justicia. Es un golpe a la división de poderes, al corazón de la democracia.
Sin los mecanismos de representación funcionando con plenitud y eficacia (Poder Ejecutivo, Congreso, partidos) y sin una clara separación de poderes, no se puede sostener una esfera pública democrática. Una vez más, el decisionismo democrático cambia la base del poder público, no respeta el reparto constitucional del poder, impone el dominio del Ejecutivo, atenúa el Estado de Derecho y provoca una erosión de todo poder de contralor.
Las reacciones inmediatas fueron dispares y en algunos casos insuficientes. Lo más valioso (en este hecho tan doloroso) fue la movilización espontánea de importantes segmentos de la ciudadanía. Las redes sociales cubren un vacío de representación, y la desconfianza hacia la política atraviesa al conjunto de la sociedad.
La ciudadanía produjo un vuelco en el escenario político, porque hizo lo que había que hacer en el momento apropiado: cuidar colectivamente la democracia. La clase política (con excepción de muy pocos dirigentes) no supo muy bien dónde pararse, no contribuyó de manera suficiente con su rol de mediación entre Estado y ciudadanía. La falta de una posición común provocó que la sociedad se quedara sin un horizonte de sentido.
Un Parlamento debilitado como órgano de codecisión y de nexo con el electorado ha mostrado sus limitaciones ante la crisis. La palabra de la Presidenta se ha devaluado, ha dejado de resultar creíble para la ciudadanía. No sólo por su condición de denunciada e imputada, sino también por el comportamiento que se espera de su investidura, sin que ello implique ninguna injerencia sobre las investigaciones que se desarrollan en el terreno judicial.
En las actuales circunstancias, la institución del Estado que ha cohesionado a la sociedad es la Justicia, a pesar del desprestigio del Poder Judicial. Todas las miradas están pendientes de su actuación. La continuidad y profundidad de este camino pueden contribuir a moderar el decisionismo democrático en el que nos encontramos inmersos.
El fin de un poder personal se decide con el fortalecimiento de dos componentes del sistema republicano: las instituciones y la conciencia ciudadana.
El miedo al vacío puede conmocionar a una sociedad. Muchas veces, un hecho decepcionante hace aflorar otras decepciones sentidas con anterioridad, pero también puede encaminar soluciones optimistas.
La impunidad traduce lo que es el sistema político argentino. Hoy, como nunca, la democracia necesita de la Justicia, una institución que precisamente no es elegida por el pueblo, para conocer la verdad y terminar, al fin, con el escepticismo hacia los jueces. Hoy, como nunca, la calidad de la democracia depende también de la autorrepresentación ciudadana. Ambos imperativos son imprescindibles para perfeccionar la vida democrática republicana.
El autor es politólogo
