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El DNU de Milei contra los extranjeros despertó críticas de constitucionalistas y rechazo en la oposición
Los abogados consideran que es una medida inconstitucional; dirigentes del PJ y la UCR, entre otros, señalaron las contradicciones del Gobierno en la materia
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Inconstitucional, impracticable y contradictorio. Con estos cuestionamientos, abogados constitucionalistas y legisladores de la oposición recibieron el flamante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026. La medida del gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Migraciones para impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que promuevan “mensajes de odio” o inciten a la violencia contra la Argentina.
La decisión fue una reacción a la “campaña anti-Argentina” que denuncia el oficialismo y que tuvo lugar especialmente tras el Mundial.
Mientras los abogados califican el DNU de “inconstitucional”, la oposición señala contradicciones en la postura del Gobierno: por un lado, frente los insultos que lanza el primer mandatario; por otro, ante el proyecto que busca eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
Los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez y Diego Armesto coincidieron en que se trata de un decreto inconstitucional dado que omite al Congreso sin una justificación válida. También plantearon que no están dadas las condiciones de necesidad y urgencia que tornan imprescindible la herramienta del DNU, y que no están claros los criterios para definir “odio” y ejecutar la normativa.
“Es claramente inconstitucional”, sentenció Sabsay, en diálogo con LA NACION. El abogado, especialista en la materia, argumentó que se trata de un caso de “abuso en el ejercicio de un DNU” y que la decisión se tendría que haber debatido en el Congreso.
A su vez, advirtió que en el texto hay “zonas grises” como, por ejemplo, la definición de “cuánta intensidad de odio habilita a prohibir la entrada”.
En la misma línea, su par Gil Domínguez expresó en redes sociales que este DNU significa un “avasallamiento” al Congreso, “sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución”. En clave política, y con cierta ironía, agregó: “Lo paradojal es que con esta normativa, Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su ‘discurso de odio’”. Así aludió a los insultos que el Presidente propinó en distintas ocasiones a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez.
Por su parte, Armesto explicó a LA NACION que, para justificar un DNU, la necesidad y la urgencia deben ser de tal magnitud que el uso de esta herramienta resulte imprescindible. Algo que no ilustra los tiempos que corren. Al mismo tiempo, sostuvo que “esta práctica de modificar leyes por DNU no respeta el proceso de formación y sanción de leyes”. Asimismo, planteó: “No hay claridad sobre el concepto de odio ni sobre el proceso de expulsión. Hoy hay una argentinidad al palo: lo nacional garpa”, interpretó en términos políticos.
En cambio, el abogado constitucionalista Vicente Sola consideró que, aunque “hubiera preferido que fuera por decreto [y no por DNU] porque contaría con mayor control judicial”, no se trata de una medida inconstitucional. Es que “el presidente tiene la capacidad de establecer políticas migratorias y los Estados tienen plena libertad de establecer qué extranjeros ingresan a sus territorios”, dijo a LA NACION.
El rechazo de la oposición
Prácticamente todo el arco opositor expresó su rechazo a la medida: dirigentes del Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista plantearon sus objeciones en las últimas horas.
La diputada nacional Florencia Carignano calificó de “irónico” al DNU: “Es justo un gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado. Si todos los países hiciesen esto, Milei no podría entrar en varios…”. Su par Carlos Castagnetto opinó que el Presidente y su gabinete son quienes “odian al pueblo argentino”.
En los últimos días, el mandatario protagonizó un conflicto de escala internacional luego de haber atacado a Lula da Silva en suelo brasileño. Lo tildó de “ladrón” y “presidiario” y, ya de regreso, en La Rural, Milei sostuvo –sin mayores precisiones– que el gobierno de Brasil puso “el 25% de los recursos” que financiaron la “campaña anti-Argentina” que se dio en las redes sociales en coincidencia con la participación del seleccionado nacional en el Mundial de fútbol, junto con el gobierno de México y el Partido Demócrata estadounidense.
También desde el bloque Unión por la Patria, Guillermo Michel sostuvo que “el Gobierno está disociado de la realidad”: la medida, argumentó, “no le soluciona la vida a nadie”. Su compañero de bancada Agustín Rossi aseguró que es inconstitucional y que “replica la lógica antiinmigración de [Donald] Trump”, el principal referente de Milei a nivel internacional.
En cambio, los diputados Diego Giuliano –titular del Frente Renovador de Sergio Massa y miembro de la bancada del PJ– y Miguel Ángel Pichetto –del bloque Encuentro Federal– afirmaron que comparten la medida, aunque con ciertos reparos como la “sobreactuación” y la contradicción con los propios insultos de Milei.
Entre tanto, distintas vertientes del radicalismo –aliado del oficialismo en el Legislativo– confluyeron en el rechazo al DNU. El titular del partido, Leonel Chiarella, aseguró que es inconstitucional dado que “no hay ni necesidad ni urgencia”, y llamó a que el Congreso frene la medida.
Pero un senador del espacio advirtió a LA NACION que, como la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo –aquella que cuenta con la competencia para pronunciarse respecto de los DNU– “la manejan ellos”, bajo la presidencia de Belén Monte de Oca (LLA), duda que la convoquen. Y completó: “Los problemas contra Argentina no se resuelven por decreto. Humo y más humo. Hay que esconder los problemas importantes, que es la microeconomía”.
El diputado radical Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, tildó la medida de “patrioterismo de cartón” dada la contradicción con el impulso a la “entrega de nuestras tierras” que implica, a su juicio, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que espera ser tratado el 6 de agosto en el Senado e incluye un capítulo controversial que busca eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
Su par Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) planteó: “Los delitos los regula el código penal, entonces ¿cómo tipificamos los mensajes de odio? Por DNU no se puede”.
El exministro de Educación Esteban Bullrich, quien recientemente renunció a Pro por lo que consideró una “protección brindada a [Manuel] Adorni” en medio del escándalo político y judicial que lo involucró en denuncias de corrupción, opinó que el hecho de que “el presidente libertario, el faro de la libertad de Occidente” firmara este DNU “es la estupidez más grande del 2026”.
La CC también apuntó contra el decreto. El jefe del bloque, Maximiliano Ferraro, argumentó que es “desprolijo e inconstitucional” y marcó la contradicción que esta decisión implica en relación con la búsqueda de modificar Ley de Tierras. “El riesgo para los argentinos son ellos mismos, entregando nuestra soberanía todos los días”, agregó su par Mónica Frade.
Por último, el diputado Esteban Paulón (Partido Socialista) adelantó a LA NACION que presentará un proyecto para rechazar el DNU en el Congreso, dado que lo considera inconstitucional. A su vez, consideró que la medida es “impracticable” y que, por ende, no tendrá efectos concretos.
Y explicó: “El Gobierno quedó fuera de escuadra con la bandera de Malvinas”, aquella que mostraron los jugadores de la selección tras el triunfo ante Inglaterra y que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido que no se podía entrar a la cancha. “Entonces intenta mostrarse hipernacionalista cuando sus medidas van en otros sentidos”, concluyó.
Algunos legisladores también evalúan llevar el tema a la Justicia.
