El error de convertir el impuesto en un frente de la batalla política

El impuesto a la renta creado en la Argentina a comienzos de la década de 1930 pasó a llamarse en 1975 impuesto a las ganancias. Es un impuesto que se cobra en todo el mundo, incluyendo naturalmente a todos los países de América latina. Más aún, este impuesto junto con el impuesto al valor agregado (IVA) son los dos pilares fundamentales de cualquier sistema impositivo. Su peso en la recaudación en los países desarrollados, donde la contribución de las personas explica el 70% de la recaudación, es mayor que el del IVA. Además, es un impuesto progresivo por excelencia. Por eso resulta lamentable, como ha hecho gran parte de la oposición, convertir el impuesto en un campo de batalla política al introducir exenciones de todo tipo. Si correspondiera, la discusión de ayudas especiales debería darse en otro ámbito y sin distorsionar o manosear este instrumento.

Pero vayamos por partes. Después de 16 años de una inflación de 1600% y sin ningún cambio en las escalas y alícuotas del impuesto a las ganancias, que fueron actualizadas por última vez en 1999, el Gobierno envió una propuesta al Congreso que tendía a corregir las distorsiones que se fueron acumulando en esos años. La más notable de esas distorsiones es que el impuesto dejó de ser un gravamen progresivo, o sea, un impuesto que en todos sus tramos grava en mayor proporción los ingresos más elevados. Así llegamos al absurdo de que una persona casada con hijos cuyo ingreso es de $ 35.000 por mes debe pagar una tasa sobre el incremento de su salario del 35%, una tasa impositiva marginal igual a quien tenga un ingreso de 100.000 o 200.000 pesos por mes.

Los cambios son insuficientes, pero, considerando las limitaciones que impone la magnitud del déficit fiscal, pueden verse como el comienzo de modificaciones que van en el sentido correcto.

A menos de un año de asumido el nuevo gobierno, la oposición en el Congreso decidió no tratar el proyecto del Ejecutivo, sino un proyecto alternativo cuyo objetivo principal es reducir la cantidad de personas que pagan el impuesto. Las consecuencias son dos. La primera es que aumenta el déficit fiscal en una magnitud difícil de evaluar dada la maraña de regulaciones, incluyendo la enorme cantidad de exenciones. La segunda es que el aumento del mínimo no imponible coloca a la Argentina entre los países con mínimos no imponibles más elevados respecto de su ingreso por habitante, algo indefendible desde el punto de vista de la equidad y la salud de las cuentas públicas.

La unión de las fuerzas opositoras, que sólo ocasionalmente han coincidido en el Congreso, refleja una postura política cuyos alcances es necesario evaluar. Pero muestra una vez más que el oportunismo se convierte en una regla de ciertos políticos: si se trata de bajar impuestos, todos quieren salir en la foto (o estar de campaña).

Tratar de compensar los costos en términos de recaudación que tiene el nuevo proyecto imaginando nuevos impuestos que no recaudarán ni el 10% de lo que estima la oposición no parece serio. Por ejemplo, con una inflación como la actual no se puede gravar renta financiera en términos nominales, sino que debiera ser en términos reales. Las operaciones de compra de divisas a futuro ya están gravadas y el impuesto al juego puede estar bien, pero no, como define el proyecto, sobre máquinas depreciadas que no generan recaudación. Pero, además, si la oposición consigue una recaudación genuina adicional, ¿por qué no propone destinarla a ampliar la devolución del IVA de ciertos bienes para los sectores más necesitados? Da menos votos, pero es más progresista.

¿Qué hacer de aquí en más? Lo razonable es esperar que, en una señal de madurez política, el Senado introduzca correcciones y el proyecto vuelva a Diputados para una verdadera discusión. En cambio, si las provincias quieren ahorrarse el costo político esperando el veto presidencial, pueden quedar desfinanciadas. Un riesgo no menor.

En cualquier caso, el Gobierno debe proponer una reforma integral del impuesto a las ganancias y en general del sistema impositivo, recordando que el aumento del gasto de 15 puntos del producto en los últimos 15 años es muy difícil de sostener. Como lo es seguir sin mejorar la calidad de ese gasto.

Un último comentario respecto de la estrategia política del Gobierno en relación con este tema. Si bien el comportamiento político de la oposición no puede encuadrarse entre "las mejores prácticas", sin duda el Poder Ejecutivo tiene una clara responsabilidad. En primer lugar, demoró en exceso el envío del proyecto al Congreso y, en segundo lugar, envió un proyecto a sesiones extraordinarias sin evaluar políticamente la posibilidad de aprobarlo. Inexplicable para un gobierno que tiene minorías en ambas cámaras. Un error político con costos mucho mayores que en otras ocasiones.