El escribano de los Kirchner intentó recuperar escrituras, pero la Justicia lo rechazó porque puede ser evidencia de la sociedad con Lázaro Báez

Bajo los radares y sin llamar la atención, el escribano de confianza de los Kirchner, Leandro Ricardo Albornoz, se presentó ante la Justicia para reclamar que le devuelvan los originales de las escrituras secuestradas en su oficina en 2016, con datos sobre las trámites realizados por Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y Lázaro Báez. Pero la Justicia rechazó hoy sus pretensiones porque dijo que son evidencias en las que se apoya la sospecha de la fiscalía de que existió una sociedad entre Báez y Cristina Kirchner, y que el empresario lavaba dinero que retornaba al matrimonio presidencial.

Albornoz fue al juez de primera instancia con el argumento de que el Tribunal de Superintendencia Notarial de Santa Cruz lo amenazaba con sanciones si no recuperaba las escrituras originales, secuestradas en 2016. El juez de primera instancia a cargo del caso, Sebastián Casanello, lo rechazó y el pedido ahora fue a la Cámara Federal, donde los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens ratificaron el rechazo.

Farah dijo que la utilidad de los documentos es probatoria y que si bien están digitalizados, aun pueden necesitarse los originales, dado que hay un “curso de acción pendiente en la instrucción penal”. Por eso dijo que es “razonable avalar provisoriamente la denegatoria para que se analice nuevamente la cuestión bajo esa óptica”.

Sin embargo el juez Llorens fue mas contundente. Escribió que “la documentación solicitada podría encontrarse íntimamente vinculada a la determinación de la dinámica patrimonial que es la hipótesis de hecho sostenida por el Ministerio Público Fiscal en esta causa para quien la imputada Cristina Fernández de Kirchner y el condenado Lázaro Báez habrían sido socios “y que Lazaro Báez habría actuado como empresario financiero a los fines de constituir estructuras societarias en el país y en el extranjero para lavar parte importante del dinero que debía ser retornado a la familia presidencial”.

El juez Llorens citó asi el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán. Y agregó que el pedido del escribano Albornoz hay que analizarlo en este contexto “como si el secuestro de esa documentación estuviera aislado y disociado del resto de la prueba, incluso de aquella que provoco su secuestro en los allanamientos ordenados”.

“El hecho de que esas escrituras y eventualmente los libros matrices, estuvieran digitalizados su resguardo resulta fundamental pues aunque la información que de ellos emana puede obtenerse de las copias digitales, se trata de instrumentos públicos cuyo análisis scopométrico debe estar garantizado para analizar la conformación misma de los documentos, tanto en su análisis intrínseco como extrínseco”, dijo el camarista Llorens.

Entendió que los documentos pueden “servir como prueba del hecho delictivo (sus modalidades y extensión) y eventualmente, de recaer condena, estarían sujetos a confiscación”.

Agregó que no está demostrado que el Tribunal de Superintendencia Notarial de la Provincia de Santa Cruz le esté reclamando la devolución de las escrituras públicas matrices que menciona, como así tampoco que el secuestro le cause un perjuicio. Es mas dijo, que con solo invocar la intervención judicial sobre esas escrituras “resulta suficiente para despejar cualquier amenaza disciplinaria”.

Escrituras, cesión de derechos y acciones

Los documentos que pretendía recuperar Albornoz son escrituras de compra venta, poderes, documentación en favor de Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Toda la documentación fue decomisada en su escribanía. Además, hay poderes que mencionan a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner, a sus hijos, documentos vinculados con la donación a ellos de propiedades, cesión de derechos, compra venta de acciones, compra venta de inmuebles, entre otros.

Estos documentos están secuestrados en la causa de la ruta del dinero K. La parte principal de la causa ya fue elevada a juicio oral y Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión acusado de lavado de dinero, que provino de la obra pública con sobreprecios y del fraude fiscal por la utilización de facturas truchas.

Una parte residual de la causa quedó en el juzgado de Casanello, donde la Cámara Federal insiste en que debe resolver allí la situación procesal de Cristina Kirchner.

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